Por Karina Aguilar Vega*
Aunque intenten minimizar el tema, la solicitud de detención con fines de extradición que hizo la Fiscalía de Nueva York en contra de 10 políticos mexicanos, entre ellos el gobernador -ahora con licencia- de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es un golpe político para los gobiernos de Morena.
El departamento de justicia estadounidense acusa al mandatario local y a los otros nueve funcionarios, “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”, es decir, se les acusa de narcotráfico.
Esta es la primera ocasión en que un gobierno extranjero hace imputaciones y pide la detención de un gobernador en funciones; sin embargo, la reacción del Gobierno mexicano fue mantener la seguridad en torno a Rocha Moya.
Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Rubén Rocha mantiene la seguridad de la Guardia Nacional “dada la condición que estableció el Gabinete de Seguridad”.
¿A qué condición se refiere?
Será que el gobernador teme que agentes extranjeros lo detengan. O bien, que sea traicionado y se le detenga con engaños.
Rubén Rocha no es el único morenista acusado de vínculos con el narcotráfico, también está Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; quien ya solicitó licencia al cargo y Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario de Gobierno de Sinaloa; quien ha preferido mantenerse en funciones y no solicitar licencia al cargo, ¿será que teme perder su fuero?
#PreguntaSinOfensa | @aguilarkarina menciona: Dice @oharfuch que no sabía de los presuntos vínculos de @rochamoya_ y compañía con el crimen organizado. ¿En dónde quedó el trabajo de inteligencia que tanto presumen?https://t.co/k4wb6Qpl3V pic.twitter.com/wkt6WCe2dY
— @diario24horas (@diario24horas) May 5, 2026
Además, están Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa; Damaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y Alberto Jorge Contreras Nuñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
Así como Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa.
Y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, a quien también se le atribuyen cargos por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta en 2023, utilizando recursos de la fuerza pública para ejecutar dichas represalias.
Pese a todo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el Gabinete de Seguridad no tenía indicios sobre los presuntos nexos de Rubén Rocha con el crimen organizado.
Pero queda la duda sobre si tenían indicios de la relación del resto de los acusados, la mayoría de ellos con cargos de seguridad. De ser así porqué no procedieron en contra y en caso de desconocerlo, en dónde queda el trabajo de inteligencia que tanto presumen.
Y en Pregunta Sin Ofensa:
Ante las irregularidades que ha ocasionado la reforma al Poder Judicial en todo el país y particularmente en Chihuahua, donde se han hecho resoluciones a modo, se han operado expedientes desde despachos externos y se han realizado decisiones sesgadas, ¿es necesario aplazar la elección de 2027 y dar tiempo a corregir el mecanismo de selección de juzgadores?
@aguilarkarina
*Reportera de la sección México en el diario 24 HORAS. Periodista y columnista con 25 años de experiencia en la cobertura de temas parlamentarios, partidos políticos, elecciones y salud.
