Por Viviana Erika Solorio, activista de derechos humanos. Mtra. Administración y Políticas Públicas y mtrda. Criminología.
Hace 26 años -el 20 de octubre de 2000- ocurrió una de las tragedias más recordadas de la vida nocturna de la Ciudad de México (en aquella época, Distrito Federal): el incendio de la discoteca Lobohombo. El siniestro dejó un saldo reportado de 22 personas fallecidas y alrededor de 40 lesionadas.
Los gobiernos son los responsables de gobernar con capacidad para las y los gobernados. Dolores Padierna Luna, era la jefa delegacional de Cuauhtémoc cuando ocurrió la tragedia en la discoteca Lobohombo.
Los hechos tan lamentables dejaron en evidencia graves problemas relacionados con la seguridad del establecimiento y el funcionamiento, así como la necesidad de investigar posibles incumplimientos de los responsables de la discoteca y de las autoridades encargadas de verificar las condiciones de seguridad.
Veintiséis años después se deja en claro que los derechos humanos de las personas que se encontraban en el lugar de los hechos fueron violados. Aunque transcurran décadas “las autoridades” están obligadas sí o sí a proteger la vida y la integridad personal, así como de investigar los hechos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.
Ningún interés económico debe estar por encima de la vida humana. La prevención exige inspecciones efectivas, salidas de emergencia funcionales, control del aforo y cumplimiento de las normas de protección civil.
El Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar los abusos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que las y los gobernantes y las y los funcionarios públicos deben respetar estos principios y no pueden exculpase ni justificar los abusos de poder, la discriminación ni la violencia institucional.
“B.-Las víctimas del abuso de poder. Los Estados considerarán la posibilidad de incorporar a la legislación nacional normas que proscriban los abusos de poder y proporcionen remedios a las víctimas de esos abusos. En particular, esos remedios incluirán el resarcimiento y la indemnización, así como la asistencia y el apoyo materiales, médicos, psicológicos y sociales necesarios”, se establece en la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.
En muchas ocasiones las autoridades ignoran las denuncias, realizan investigaciones deficientes, protegen a los responsables, incumplen sus obligaciones de protección y garantía de derechos humanos, así como se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte. Nadie por encima de la ley. Por Viviana Erika Solorio
