• Mientras Sheinbaum defiende soberanía y rechaza cualquier intervención militar, Trump y JD Vance endurecen el discurso contra México en una ofensiva que parece apuntar no sólo a los cárteles, sino a la red política que durante años les habría dado protección institucional.
Ernesto Madrid
La relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una nueva fase de tensión que ya no gira únicamente en torno al tráfico de fentanilo, la migración o la cooperación fronteriza. El mensaje que llega desde Washington empieza a tomar una dirección mucho más delicada: la presunta complicidad política que durante años habría permitido a los cárteles expandir su poder dentro del Estado mexicano.
La advertencia más reciente vino de JD Vance, vicepresidente estadounidense, quien dejó abierta la posibilidad de que el gobierno norteamericano emprenda acciones militares contra organizaciones criminales en territorio mexicano si considera que representan una amenaza directa para la seguridad nacional de su país.
Aunque evitó confrontar directamente la postura de Claudia Sheinbaum —quien ha dejado claro que cualquier intervención militar estadounidense representa una línea roja—, Vance estableció un principio que sintetiza la nueva doctrina de Washington: si México no contiene a los cárteles, Estados Unidos podría hacerlo por cuenta propia. El planteamiento no surge aislado.
Horas antes, desde la cumbre del Group of Seven en Francia, Donald Trump volvió a insistir en que “los cárteles gobiernan México”, asegurando incluso que el país ha perdido control territorial frente al crimen organizado, mientras describió a Sheinbaum como “una mujer buena, pero asustada”.
La presidenta mexicana respondió sin entrar en confrontación directa. Durante su conferencia matutina sostuvo que Trump “no está bien informado”, defendió que el Estado mexicano mantiene control institucional y aseguró que su administración trabaja todos los días en el combate a la delincuencia. Sin embargo, detrás del intercambio verbal comienza a construirse algo más profundo.
¿Va Washington por los narcopolíticos de la 4T?
Trump lleva meses desarrollando una narrativa cuidadosamente calculada: mantiene elogios personales hacia Sheinbaum para preservar los canales diplomáticos, pero al mismo tiempo convierte a México en pieza central de su discurso de seguridad nacional, justificando un endurecimiento progresivo en materia de inteligencia, cooperación militar, vigilancia fronteriza y eventualmente operaciones más agresivas y dejando como pieza de negociación el T-MEC.
Pero el verdadero foco parece no estar únicamente en los cárteles. La presión estadounidense empieza a concentrarse en lo que Washington considera una red de protección política que habría permitido la consolidación criminal dentro de estructuras gubernamentales ligadas al movimiento obradorista. El caso más visible es el del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, cuya defensa política desde el gobierno federal ha comenzado a levantar interrogantes dentro y fuera del país.
En círculos diplomáticos y judiciales estadounidenses existe una hipótesis cada vez más visible: cualquier acción contra figuras como Rocha Moya podría abrir expedientes mayores que alcanzarían a funcionarios de alto nivel del actual proyecto político conocido como el segundo piso de la Cuarta Transformación e incluso tocarían decisiones tomadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La señal más delicada llegó con el fortalecimiento del aparato de inteligencia estadounidense y el seguimiento judicial desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde investigaciones vinculadas al United States Department of Justice avanzan sobre presuntas conexiones entre actores políticos mexicanos y estructuras del Cartel de Sinaloa.
Por eso las declaraciones de Trump y Vance parecen tener una doble lectura. Hacia afuera, el discurso apunta al combate frontal contra el narcotráfico y al freno del fentanilo que inunda ciudades estadounidenses. Pero hacia adentro, la advertencia parece ir dirigida a quienes desde la política mexicana habrían construido durante años un blindaje institucional para garantizar impunidad.
Sheinbaum insiste en defender soberanía y asegura que la cooperación debe darse bajo responsabilidad compartida: “ellos allá, nosotros acá”. El problema es que Washington parece haber dejado de creer que el problema mexicano se limita únicamente a los cárteles. La pregunta que comienza a tomar fuerza en ambos lados de la frontera ya no es si Estados Unidos intervendrá contra el narcotráfico.
La verdadera pregunta es si la ofensiva de Trump terminó convirtiendo a los narcopolíticos protegidos por el poder en el objetivo central de la nueva relación bilateral. Porque esta vez, el mensaje de Washington parece ser otro: el problema ya no está solamente en la sierra… sino dentro del propio aparato político mexicano.
@JErnestoMadrid
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