El partido en el poder asegura que expulsó a Roldán Álvarez Ayala desde noviembre de 2025
Fue expulsado de MORENA el mismo mes en que fue asesinado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
El comunicado
La noche del sábado 1 de agosto, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena publicó en su cuenta de X un posicionamiento en el que confirmó dos cosas hasta entonces sin aclarar públicamente: que Roldán Álvarez Ayala, hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala —alias “El R1”, señalado como presunto autor intelectual del homicidio del entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo—, sí perteneció a las filas del partido, y que fue expulsado en noviembre de 2025, el mismo mes del crimen.
El texto es enfático en un punto: quien hoy está detenido, “El R1”, “no ha pertenecido ni ocupado ningún cargo dentro de nuestro movimiento”. Morena “se distancia categóricamente” de él y sostiene que en sus filas “no se incuba a nadie, no se tolera ninguna relación con el crimen organizado y no se solapan complicidades”.
Lo que el comunicado no explica —y ahí empieza el problema— es el procedimiento que llevó a la expulsión de Roldán, ni los motivos concretos que la originaron, ni por qué esa decisión, tomada supuestamente hace nueve meses, se hace pública recién ahora, cuando la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ya tienen entre rejas a su hermano.
Para reforzar su narrativa, el partido recuperó unas declaraciones de 2022 del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó públicamente la liberación judicial de Ramón Ángel Álvarez Ayala años antes de que fuera señalado como autor intelectual del crimen contra Manzo. El comunicado cierra reiterando el respaldo de Morena al gobierno de Claudia Sheinbaum y pidiendo que “todos los responsables” del homicidio enfrenten a la justicia.
La detención que lo desató todo
El operativo que sacó a la luz este entramado familiar ocurrió el jueves 30 de julio en Atotonilco, Jalisco. Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la SSPC, con apoyo de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia, capturaron a Ramón Ángel Álvarez Ayala tras meses de seguimiento. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo identificó como el principal líder de “Los Rs”, una de las células más violentas ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Apatzingán, Uruapan y Morelia, Michoacán, además de Jalisco.
Según la reconstrucción oficial de los hechos, “El R1” ordenó y financió el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la Pérgola Municipal de Uruapan, cuando el edil se tomaba fotografías con un grupo de niños durante el Festival de las Velas, celebración local del Día de Muertos. El crimen, capturado en video y transmitido en vivo por redes sociales, conmocionó al país y colocó a Manzo —un alcalde independiente que había denunciado reiteradamente la inseguridad en su municipio y pedido más apoyo federal— como símbolo de la violencia política que golpea a México.
Con la aprehensión de “El R1” suman ya 31 personas detenidas por su presunta relación con el homicidio, entre autores materiales e intelectuales, reclutadores, operadores logísticos y personas del entorno cercano del propio alcalde que, según las autoridades, actuaban al servicio del grupo criminal.
No es la primera vez que el nombre de Álvarez Ayala aparece en expedientes de seguridad: fue detenido junto a otros presuntos integrantes del CJNG en 2012, aunque después salió de prisión, un episodio que el propio López Obrador denunció en su momento como muestra de impunidad judicial.
Lo que no cuadra
El comunicado de Morena busca cerrar el flanco político abierto por la detención, pero su cronología resulta difícil de sostener. Que un partido expulse a un militante y guarde silencio sobre ello durante nueve meses —hasta que su hermano es señalado como el cerebro de un magnicidio que sacudió al país— es, cuando menos, una decisión de comunicación que invita a la sospecha antes que a la tranquilidad.
Hay un punto más incómodo, y que el propio texto de Morena no aborda: resulta poco verosímil que el líder de una de las células más violentas del CJNG en Michoacán y Jalisco desconociera que su propio hermano militaba en el partido gobernante en la región donde su organización opera extorsión, tráfico de droga y control territorial. Si Roldán fue expulsado justamente en noviembre de 2025, la pregunta que el comunicado elude es si esa expulsión respondió a una alerta interna vinculada al asesinato de Manzo o si fue, simplemente, una decisión administrativa sin relación aparente con los hechos que hoy se le atribuyen a su hermano. Morena no lo aclara, y esa omisión es, en sí misma, información.
Un patrón que ya no es aislado
El caso Álvarez Ayala no ocurre en el vacío. Se suma a una lista creciente de episodios que han puesto a Morena bajo escrutinio por la presencia de perfiles con presuntos vínculos al crimen organizado dentro de sus estructuras locales y estatales:
- En Tabasco, el exsecretario de Seguridad Pública Hernán Bermúdez Requena —quien sirvió durante el gobierno de Adán Augusto López, hoy senador y coordinador de la bancada morenista en el Senado— fue detenido en 2025 señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”, presuntamente ligado al CJNG.
- En Morelos, autoridades detuvieron a Arisbel Rubí Vázquez Amaro, exconsejera estatal de Morena y candidata a alcaldesa de Atlatlahuacan, investigada por un atentado contra un expresidente municipal y por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. En el mismo estado cayeron el presidente municipal de Atlatlahuacan y el expresidente municipal de Yecapixtla, dentro del operativo federal “Enjambre”.
- En Jalisco, el entonces alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, fue detenido en febrero de 2026 por la Marina, señalado por presuntos vínculos con el CJNG.
- En Sinaloa, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya enfrenta señalamientos —incluidos por autoridades estadounidenses— sobre presuntas conexiones entre su elección y el Cártel de Sinaloa, acusación que el propio partido no ha logrado despejar del todo.
Estos casos han obligado al gobierno federal y a la propia dirigencia de Morena a anunciar mecanismos de “filtro” para las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, incluida una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas impulsada por la presidenta Sheinbaum. La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, ha dicho que se pedirá apoyo a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar los perfiles de aspirantes y evitar “personajes indeseables” en las filas del partido.
Pese a ello, la oposición —PAN, PRI y Movimiento Ciudadano— ha insistido en que Morena se ha negado reiteradamente a respaldar reformas que permitan anular una elección cuando se acredite intervención del crimen organizado, o que un partido pierda su registro por postular candidatos con vínculos criminales comprobados. Legisladores opositores sostienen que esa negativa perpetúa, en los hechos, la permeabilidad del partido frente a estas redes.
El trasfondo: Manzo y la violencia contra alcaldes
El asesinato de Carlos Manzo se inscribe en una ola de violencia política que ha golpeado particularmente a las autoridades municipales de Michoacán y Jalisco, entidades donde el CJNG disputa territorio a otros grupos criminales mediante el control de mercados de aguacate, limón y otros productos agrícolas, además de rutas de trasiego de droga. Manzo había pedido reiteradamente mayor apoyo federal para su municipio antes de ser asesinado a tiros frente a decenas de testigos, incluidos niños, durante un evento público.
La investigación oficial ha ido revelando una cadena de mando que va de los ejecutores materiales hasta, según las autoridades, el propio “El R1” como financiador y ordenante del crimen. La Fiscalía General de la República ha señalado que las pesquisas continúan para esclarecer la red completa de colaboradores, lo que abre la puerta a que aparezcan más nombres —y, eventualmente, más vínculos políticos— en las próximas semanas.
¿Desde cuando lo sabía MORENA? esa es la pregunta.
Por ahora, Morena ha optado por la estrategia del deslinde inmediato: expulsar (o confirmar una expulsión ya hecha) y remitirse a declaraciones históricas de López Obrador para desvincularse del caso. Pero el patrón de casos similares en Tabasco, Morelos, Jalisco y Sinaloa sugiere que el problema no se resuelve con comunicados reactivos, sino que exige explicar con transparencia cómo perfiles con lazos familiares o directos al crimen organizado lograron insertarse en las estructuras partidistas locales, y qué controles —más allá de los anunciados de cara a 2027— existían o no existían hasta ahora.
La pregunta de fondo, la que ni el comunicado del sábado ni las explicaciones posteriores han resuelto, sigue abierta: ¿cuánto sabía el partido, y cuándo lo supo?
Se le señala como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo
