• La primera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) levantada durante el gobierno de Claudia Sheinbaum muestra un deterioro en la percepción ciudadana sobre corrupción, confianza institucional y calidad de los servicios públicos. En paralelo, la confianza empresarial se debilita, el crédito productivo se estanca y el empleo formal pierde fuerza, configurando un escenario que amenaza la inversión y el crecimiento económico.
Ernesto Madrid
La corrupción volvió a colocarse en el centro de las preocupaciones nacionales. Diez años después de que México iniciara una cruzada política contra las viejas prácticas del poder, la percepción ciudadana refleja una realidad incómoda: la confianza construida durante los primeros años de la llamada Cuarta Transformación parece estar agotándose.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del INEGI dibuja un país donde el 84.1% de la población considera que la corrupción es frecuente, mientras apenas el 5% de quienes fueron víctimas de algún acto corrupto se atrevieron a denunciar. El dato resulta demoledor no sólo por lo que revela sobre la corrupción misma, sino porque exhibe algo más profundo: la pérdida de fe en las instituciones encargadas de combatirla.
La encuesta tiene una relevancia especial. Es la primera medición integral levantada durante la administración de Claudia Sheinbaum y funciona, inevitablemente, como una evaluación temprana del ánimo social heredado tras seis años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La comparación histórica resulta reveladora. En 2017, durante el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, apenas el 28% de los mexicanos confiaba en el gobierno federal. Casos como la “Casa Blanca”, los escándalos de Odebrecht y una creciente percepción de impunidad alimentaron una profunda crisis de credibilidad.
La llegada de López Obrador representó una ruptura política y emocional. El combate a la corrupción se convirtió en la principal bandera de su movimiento y la confianza ciudadana respondió. Para 2023, la confianza en el gobierno federal alcanzó 59%, el nivel más alto registrado por la ENCIG.
Sin embargo, dos años después la tendencia cambió abruptamente. La confianza cayó a 46% en 2025. Sigue siendo superior a los niveles observados en el sexenio priista, pero representa una pérdida de 13 puntos porcentuales respecto al pico alcanzado durante el obradorismo.
La explicación parece sencilla: las expectativas crecieron más rápido que los resultados percibidos por la población. El ciudadano promedio no evalúa discursos ni conferencias matutinas; evalúa la calidad del agua que recibe, la seguridad en su colonia, el estado de las calles, la rapidez de los trámites y el comportamiento de los policías con los que interactúa diariamente. Y precisamente ahí es donde los indicadores muestran deterioro.
La encuesta confirma una constante que ha sobrevivido a gobiernos del PRI, PAN y Morena. El principal foco de corrupción continúa siendo el contacto entre ciudadanos y cuerpos de seguridad pública. El 63.5% de quienes tuvieron interacción con policías reportaron haber experimentado algún acto de corrupción, una cifra superior a la observada en 2023 y cercana al máximo histórico registrado en 2021.
La conclusión es incómoda para cualquier administración: ningún discurso anticorrupción puede considerarse exitoso mientras la experiencia cotidiana de millones de ciudadanos siga estando asociada a la “mordida”.
Servicios públicos: la factura invisible
La corrupción no sólo tiene un costo ético o político. También deteriora la calidad de los servicios públicos. La satisfacción ciudadana retrocedió de 50% en 2023 a 47.2% en 2025. El único servicio que obtiene una evaluación claramente favorable es la recolección de basura. En contraste, las calles, los servicios policiacos, el drenaje y el agua potable se mantienen entre los peores evaluados.
La ecuación es simple: cuando las instituciones funcionan mal, la percepción de corrupción aumenta; cuando la corrupción aumenta, la confianza disminuye; y cuando la confianza desaparece, la legitimidad gubernamental comienza a erosionarse.
Corrupción, desconfianza y crédito congelado: señales de alarma para la economía mexicana
Banamex y la advertencia económica
Pero el deterioro institucional no ocurre en un vacío. Los analistas de Banamex han comenzado a observar señales de enfriamiento económico que podrían estar relacionadas con este entorno de incertidumbre.
El indicador de confianza empresarial volvió a retroceder en mayo. Más preocupante aún es que los empresarios continúan considerando que no es un momento adecuado para invertir. Los números son contundentes.
En manufacturas, comercio, servicios y construcción, el componente “momento adecuado para invertir” permanece por debajo del umbral optimista desde hace años. En algunos sectores, la racha de pesimismo supera ya una década.
La lectura es clara: el sector privado no percibe condiciones suficientemente favorables para arriesgar capital. Y cuando la inversión se detiene, la economía comienza a resentirlo en cascada.
Menos crédito, menos empleo
El crédito bancario destinado a empresas registró una nueva caída en abril. Mientras el financiamiento al consumo sigue creciendo —impulsado por tarjetas de crédito y préstamos automotrices— el crédito productivo muestra debilidad persistente.
Este fenómeno suele ser una señal adelantada de desaceleración. Cuando las empresas no solicitan crédito es porque no están expandiendo operaciones, construyendo nuevas plantas o contratando personal adicional. Y cuando los bancos tampoco muestran apetito por prestar al sector productivo, el círculo se vuelve aún más restrictivo.
La consecuencia ya comienza a observarse en el mercado laboral. Durante el primer trimestre de 2026, el índice de personal ocupado en los sectores formales cayó 1.4%, mientras las remuneraciones también muestran una desaceleración significativa respecto al año anterior. Se trata de un deterioro gradual, todavía lejos de una crisis laboral, pero suficientemente persistente para encender focos amarillos.
Existe una lección que la ENCIG y los indicadores económicos parecen confirmar simultáneamente. La confianza no es únicamente un activo político; también es un activo económico.
Los ciudadanos necesitan confiar en las instituciones para denunciar delitos, cumplir reglas y participar activamente en la vida pública. Los empresarios necesitan confiar en las condiciones del país para invertir. Los bancos necesitan confiar en las perspectivas de crecimiento para prestar. Cuando esa confianza se erosiona, el daño se multiplica.
La ENCIG 2025 muestra que México aún está lejos de los niveles de descrédito que marcaron el final del sexenio de Peña Nieto, pero también revela que la ola de esperanza que acompañó al obradorismo ya no alcanza para sostener por sí sola la legitimidad institucional.
La paradoja es evidente: mientras la digitalización de trámites aparece como una de las pocas noticias alentadoras, la percepción de corrupción, la calidad de los servicios públicos y la confianza ciudadana avanzan en dirección contraria. Y cuando la confianza social cae al mismo tiempo que se enfrían la inversión, el empleo y el crédito, la discusión deja de ser exclusivamente política.
Se convierte, inevitablemente, en un problema económico. Y esos suelen ser mucho más difíciles de revertir que una mala encuesta.
@JErnestoMadrid
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