• Sheinbaum deslinda a Trump, pero mantiene la narrativa de una ofensiva electoral mientras avanzan investigaciones contra exfuncionarios mexicanos en Estados Unidos
Ernesto Madrid
La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una paradoja política poco común: mantiene una aprobación ciudadana de 69 por ciento, según la encuesta de El Financiero, pero simultáneamente crece el deterioro de la percepción pública en temas como corrupción, seguridad y combate al crimen organizado, justo cuando las investigaciones judiciales en Estados Unidos comienzan a acercarse peligrosamente a personajes vinculados al oficialismo.
Los números reflejan esa contradicción. Mientras la aprobación presidencial permanece sólida, apenas 24 por ciento de los encuestados considera positivo el desempeño gubernamental frente al crimen organizado, seis puntos menos que la desaprobación registrada en el mismo rubro, que alcanzó 66 por ciento. En materia de corrupción, las opiniones negativas llegaron a 61 por ciento, contra apenas 30 por ciento de valoraciones favorables.
Paradójicamente, el mismo estudio muestra una mejoría en la percepción de la relación entre Sheinbaum y el presidente estadounidense Donald Trump. La opinión positiva sobre ese vínculo pasó de 24 por ciento en enero a 40 por ciento en mayo, mientras que 45 por ciento considera buena o muy buena la relación bilateral.
Quizá por ello, la presidenta decidió matizar el discurso pronunciado el domingo en el Monumento a la Revolución. Durante su conferencia matutina aseguró que no considera a Donald Trump como el responsable directo de la ofensiva política y judicial que, según su gobierno, se desarrolla desde Estados Unidos contra México.
“Debo confesar que no creo que sea el presidente Trump quien encabeza esta ofensiva en los temas de México”, afirmó.
Sin embargo, apenas unos minutos después introdujo un nuevo elemento de confrontación al cuestionar la cancelación de visas a funcionarios mexicanos y sugerir que dichas decisiones podrían estar relacionadas con intentos de influir en la vida política nacional.
“Puede ser, tenemos derecho a dudar, a cuestionarlo, cuál es la verdadera razón de quitar una visa”, señaló la mandataria. Y remató con un mensaje dirigido directamente a Washington: “Particularmente me corresponde decir que no usen a México, no lo usen en su disputa electoral. Aquí no. Colaboramos, pero ni nos subordinamos ni permitimos, como lo dije ayer, que a México lo usen como piñata”.
Buena aprobación, mala reputación
La contradicción es evidente. Mientras deslinda a Trump de cualquier ofensiva contra su administración, simultáneamente acusa a sectores estadounidenses de utilizar a México como instrumento electoral y deja abierta la posibilidad de que decisiones migratorias o judiciales tengan motivaciones políticas.
Pero el problema para Palacio Nacional no radica únicamente en el discurso. Está en los tribunales.
Ese mismo día, el general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, compareció ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York uno de los primeros nueve exfuncionarios mexicanos acusados por el Departamento de Justicia estadounidense. Durante la audiencia, la jueza federal Katherine Polk Failla afirmó que las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia contra el exfuncionario mexicano son “abundantes” y precisó que existen múltiples acusados involucrados en la investigación.
“La evidencia es abundante”, sostuvo la juzgadora al fijar una nueva audiencia para el próximo 4 de agosto y otorgar a los fiscales un plazo adicional para procesar el volumen de pruebas.
La declaración judicial adquiere especial relevancia porque se produce en medio de la narrativa oficial que atribuye las acciones estadounidenses a intereses políticos o electorales. Hasta ahora, las autoridades de aquel país sostienen que cuentan con evidencia suficiente para sustentar las acusaciones y continuar con los procedimientos judiciales.
Más allá del destino legal de Mérida Sánchez, el caso confirma que la preocupación de Washington sobre la posible infiltración del crimen organizado en estructuras políticas mexicanas ha dejado de ser un tema partidista. Se trata de uno de los pocos asuntos en los que republicanos y demócratas coinciden, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca.
Por ello, mientras Sheinbaum intenta separar a Trump de las decisiones que afectan a políticos mexicanos y al mismo tiempo denuncia una posible intromisión electoral desde Estados Unidos, los expedientes judiciales continúan avanzando. Y conforme esos procesos revelen nuevas evidencias, el principal desafío para la presidenta podría dejar de ser político.
Porque las encuestas siguen respaldando a Claudia Sheinbaum. Lo que parece deteriorarse es algo mucho más difícil de recuperar: la reputación de un movimiento que construyó buena parte de su legitimidad denunciando la corrupción y los presuntos vínculos criminales de sus adversarios, pero que hoy enfrenta cuestionamientos similares desde el ejercicio del poder.
@JErnestoMadrid
jeemadrid@gmail.com
