- Impunidad se impone en la capital de la República… y el país
Miguel A. Rocha Valencia
La autoridad en la Ciudad de México renunció a su responsabilidad de hacer cumplir la Ley en la capital de la República y con ello dejó, una vez más, de proteger a los ciudadanos y sus bienes. Si alguien debiera renunciar, no sería el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, sino quien le ordena no actuar ante la comisión de delitos flagrantes.
Una vez más, un puñado de sujetos (as) salió a las calles no a reclamar la acción de la justicia por un exceso de la autoridad, sino a vandalizar, causar daño a la propiedad pública y privada, así como atentar contra las personas que se encontraban en bancos, negocios o en la calle.
La Ley es clara y, sin embargo, en aras de una falsa idea de la justicia, la autoridad incumple con su responsabilidad y permite el quebrantamiento de la norma, propiciando un desorden que escala en violencia.
El riesgo es que ante la impunidad que lo permite, las acciones se generalicen y cuando quieran detenerlo, será muy difícil. No se trata de ejercer represión sino simplemente aplicar la Ley, esa que quien es hoy autoridad, protestó salvaguardar y cumplir.
Sucede lo mismo que con el crimen organizado, donde por inacción de las fuerzas de seguridad pública, se ha desatado una ola criminal que día a día cobra vidas a nivel de epidemia.
Criminales que se han adueñado de pueblos y regiones dada la política de amor y paz decretada a nivel federal por el presidente López.
Las acciones de agresión y burla hacia los cuerpos de seguridad, son humillantes, recurrentes y ofenden la dignidad de quien, por Ley, está autorizado y obligado por la norma a aplicar la fuerza para garantizar la paz, el orden, los bienes y la integridad física de los mexicanos.
Represión es actuar violentamente contra quien pacíficamente se manifiesta, pero frenar excesos y violaciones a la Ley, es imponer orden.
Ni siquiera hay detenidos; se habla de investigaciones, se identifica a culpables, orígenes de las movilizaciones violentas, pero no se procede legalmente contra nadie.
Los ciudadanos que se ven agredidos, están a su merced, no pueden recurrir a ninguna autoridad para que los salvaguarde de la violencia y destrucción que por consigna realizan grupos perfectamente organizados para crear caos y propiciar miedo. Se sabe quién está detrás de esas acciones ilegales, pero no hay ningún tipo de sanción.
El riesgo adicional es que tarde o temprano la sociedad harta, tome la justicia por su propia mano, actúe y cometa, entonces sí ¿Un delito? Se podrá alegar ¿Legítima defensa?
Y los policías o militares humillados, escupidos, agredidos y hasta incendiados ¿Serán siempre los culpables por aplicar la fuerza y con ella la Ley?
Claro, no se trata de excesos, pero si estos sujetos violentos atacan con fuego, palos, piedras y golpes ¿Cómo quieren que la policía los contenga? Será con ¿besos y abrazos o amenazas de acusarlos con su mamá?
Estamos a la espera de esos nuevos protocolos que anunció la autoridad en la Ciudad de México, pero lo cierto es que la impunidad volvió a cobrar una fuerte factura de destrozos, agresiones y miedo entre los ciudadanos y sus bienes. Por cierto, también los daños al patrimonio público los paga el pueblo, no los funcionarios irresponsables.
La libre manifestación es un derecho, pero no es una patente de impunidad en la comisión de delitos.
