La UIF congela 70 cuentas de siete empresas encabezadas por los hermanos Hernández Casillas; la investigación alcanza al primer círculo administrativo de Guadalupe Taddei
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a una red de siete proveedores del INE y de organismos electorales locales por simulación de competencia, triangulación de recursos y operación de empresas factureras, revela hoy en su Primera Plana el diario REFORMA.
Según la información que publica el rotativo, la autoridad financiera mantiene 70 cuentas bancarias bloqueadas. La indagatoria sigue abierta y el Gobierno federal aún no revela qué firmas ni qué personas sancionó.
El caso no comienza de cero. Entre 2023 y 2024, la UIF ya había congelado más de 400 cuentas de 13 personas físicas y siete empresas dentro de la misma investigación sobre proveedores de material electoral.
Los hermanos Hernández Casillas, en el centro de la red
De acuerdo con REFORMA, los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco N encabezan el entramado. Ambos aparecen vinculados a Corporativo Zeg y Cajas Graf, dos de las firmas que durante más de una década dominaron la venta de urnas, mamparas y material para comicios.
El reporte de la autoridad identifica siete empresas relacionadas con el grupo:
- Cajas Graf
- Corporativo Zeg
- Formas Finas y Materiales
- Seriplast de México
- Diseño Reconstrucción y Comunicación
- Formas Finas Fernando Fernández
- Comercializadora Grupo Selati
El documento oficial que cita REFORMA señala que el análisis financiero, fiscal y corporativo permitió identificar a una red de empresas presuntamente utilizadas para simular competencia entre proveedores, obtener contratos públicos millonarios y triangular recursos mediante sociedades relacionadas y empresas con características de factureras.
El rastro llega hasta la OFAC
La investigación tiene además una arista internacional. La UIF revisa a empresas mexicanas sancionadas por la OFAC, la oficina de control de activos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que recibieron dinero de alguna de las proveedoras electorales bajo sospecha.
Ese hallazgo eleva la gravedad del caso: no se trataría solo de licitaciones amañadas, sino de un posible circuito por el que recursos públicos de la organización de elecciones terminaron en compañías señaladas por Washington.
De representante de proveedores a director del INE
El foco principal de la indagatoria está en los empresarios, pero la red alcanza a funcionarios de alto nivel. REFORMA documentó que Jesús Octavio García González actuó en diversas contrataciones con el INE y con institutos locales como representante de, al menos, Cajas Graf y Corporativo Zeg.
Con ese historial, la presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, lo nombró en septiembre de 2025 director de Administración, el área que controla las compras y el presupuesto del organismo.
El 3 de febrero, este diario reveló que García González había representado a Corporativo Zeg para obtener un contrato de casi 200 millones de pesos para urnas, mamparas y marcadores destinados a la elección judicial. Pese al evidente conflicto de interés, Taddei lo mantuvo en el cargo.
El 20 de enero de 2026, una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INE lo acusó de conflicto de interés y abuso de funciones. En abril, la presión pública lo obligó a renunciar.
La secretaria ejecutiva, también bajo la lupa
La investigación incluye también a Claudia Espino, quien ocupó la Secretaría Ejecutiva del INE desde finales de 2024 hasta septiembre de 2026, el segundo cargo operativo más importante del Instituto. Las autoridades la investigan por su presunta participación directa en algunas de las contrataciones irregulares.
El antecedente de Sonora
La indagatoria se remonta a la etapa en que Taddei presidió el instituto electoral de Sonora. Ahí, según el reporte, la autoridad acreditó simulación de competencia: empresas vinculadas presentaban propuestas que aparentaban ser independientes, o bien formaban alianzas entre sí, con el objetivo de favorecer al grupo Hernández Casillas.
El esquema, sin embargo, no nació con la actual presidenta. Los hermanos hicieron negocios con autoridades electorales desde 2012, lo que sugiere una red que sobrevivió a varias administraciones.
El chofer que es apoderado de Zeg
Un hallazgo más profundiza las dudas. Desde 2025, el INE tiene en nómina como chofer de la presidenta a Jonathan Navarrete Torres, quien, según el Registro Público de Comercio, es apoderado de Corporativo Zeg.
Navarrete figura adscrito a la oficina de la Presidencia del Instituto, pero dentro del organismo nadie lo conoce. Su presencia coloca a un representante legal de la empresa investigada en el entorno más cercano de Taddei.
Toda la información que publica el diario Reforma, plantea interrogantes que el INE aún no responde: quién autorizó contratar a representantes de un proveedor bajo investigación, por qué la institución siguió adjudicando contratos a firmas con cuentas congeladas y cuántos recursos públicos terminaron en empresas factureras.
Mientras la UIF guarda silencio sobre los nombres de los sancionados, el INE enfrenta el proceso electoral federal 2026-2027 con su credibilidad administrativa en entredicho.
