La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este jueves el freno a la Modalidad 40 del IMSS. Aseguró que el instituto decidió topar el esquema tras detectar maniobras fraudulentas para obtener pensiones elevadas, con un impacto que estimó en cientos de miles de millones de pesos.
La explicación no apagó el incendio. Al contrario: senadores de oposición, especialistas en retiro y el Colegio de Contadores Públicos de México cuestionan la legalidad, la forma y el fondo de la medida. Incluso Ricardo Monreal, aliado de la mandataria, pide que el Congreso tome el tema.
Qué cambió en la Modalidad 40
El acuerdo del Consejo Técnico, publicado en el Diario Oficial de la Federación, fija como nuevo límite el último salario base de cotización del trabajador, con un margen máximo de una UMA adicional. Antes, los trabajadores de la Ley 73 podían cotizar hasta por 25 UMAs, más de 61 mil pesos mensuales, sin importar su ingreso real.
El acuerdo también cierra otras puertas. Elimina los pagos retroactivos e impide que quienes cotizan en la Modalidad 10, de trabajadores independientes, pasen a la Modalidad 40.
Quienes ya estaban inscritos conservarán las condiciones actuales hasta que concluya su periodo contratado. Además, el Consejo Técnico ordenó a la Dirección de Finanzas analizar el impacto del esquema en la situación financiera del instituto, en un plazo máximo de seis meses.
El golpe en números
El Colegio de Contadores ofrece un ejemplo. Un trabajador con un último salario de 500 pesos diarios podía elegir antes una cotización de hasta 2,932 pesos; con el nuevo tope, su límite baja a 617.31 pesos diarios, una reducción de 79 por ciento.
La versión de Palacio Nacional
Sheinbaum sostuvo que la decisión surgió de un estudio interno. Explicó que un equipo de trabajo del gobierno concluyó que convenía regular la modalidad para garantizar recursos a las pensiones reales y evitar fraudes.
Sin embargo, la presidenta no presentó casos concretos. Se limitó a adelantar que más adelante explicarán cómo detectaron pensiones vinculadas con esquemas fraudulentos. Esa ausencia de pruebas públicas alimenta las críticas.
Monreal: respaldo, pero con ley de por medio
El coordinador de Morena en San Lázaro marcó distancia en la forma, no en el fondo. Calificó la decisión presidencial como oportuna y correcta, y adelantó que la mayoría parlamentaria ya analiza ajustes para armonizar la ley.
Aun así, Monreal advirtió que un decreto tiene una naturaleza jurídica distinta a la de una ley, y consideró conveniente que el Congreso legisle para dar permanencia a la norma. También pidió deslindar responsabilidades sin culpar a todos los trabajadores.
En el Senado, el senador Cepeda Salas reconoció que la Presidencia tiene facultades para actuar por decreto, pero opinó que una discusión en ambas cámaras daría mayor legitimidad a la medida. El Senado prevé citar al director del IMSS, Zoé Robledo, para que explique los ajustes.
Oposición: “albazo ilegal”
La crítica más dura llegó desde la bancada tricolor. Senadores del PRI calificaron como “albazo ilegal” la decisión del Consejo Técnico y pidieron la comparecencia del secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.
Los priistas negaron que el esquema permitiera fraudes y lo defendieron como una vía de ahorro voluntario para alcanzar una pensión digna. El coordinador Manuel Añorve acusó a Morena de evitar al Legislativo, pese a su mayoría calificada, para ahorrar recursos a costa de derechos laborales.
Movimiento Ciudadano se sumó al rechazo. La senadora Alejandra Barrales consideró el acuerdo un duro golpe para la clase trabajadora y un reflejo de la presión sobre las finanzas públicas y del mal manejo del IMSS. Remató con una frase: “El IMSS está en terapia intensiva”.
Contadores anticipan una ola de amparos
El gremio contable encendió la alerta jurídica. Jorge Ponce Yépez, de la Comisión de Desarrollo de Seguridad Social del Colegio, resumió: “sí hay que estar preocupados”. Para él, el acuerdo envía la señal de que algo anda mal en el instituto y en unas finanzas públicas cada vez más presionadas.
Ponce Yépez prevé que los afectados acudan a tribunales, aunque advierte que la reforma judicial, que renovó parte del Poder Judicial por voto popular, complicaría fallos favorables.
Su colega Juvenal Villaverde Crisantos lo describió como “un golpe a la clase trabajadora”. Especialistas del Colegio sostienen que el acuerdo es ilegal porque un instrumento administrativo no puede situarse por encima de la Ley del Seguro Social.
La voz del exregulador
Carlos Ramírez Fuentes, expresidente de la CONSAR, fue tajante: “A partir de ayer, se acabó”. Señaló que el cambio sorprendió a personas que planearon su jubilación durante años, que la medida requeriría una reforma legal y que difícilmente se quedará en este ajuste.
Las preguntas sin respuesta
El gobierno habla de fraude; la oposición, de despojo. Entre ambos relatos persisten vacíos: ¿cuántos casos irregulares detectó el IMSS?, ¿por qué no modificó la ley?, ¿qué pasará tras el análisis de seis meses?
Mientras tanto, miles de trabajadores de la Ley 73 que apostaron su retiro a la Modalidad 40 enfrentan un panorama incierto y, quizá, una larga batalla en tribunales.
