México.- Este mediodía regresaron a México en vuelo comercial, los 18 servidores públicos mexicanos de la embajada en Quito, encabezados por la embajadora Raquel Serur Smeke y el jefe de misión, embajador Roberto Canseco Martínez, quienes fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la canciller, Alicia Bárcena, quien destacó que a la fecha 18 países de América Latina y 10 europeos, además de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, así como el secretario general de la ONU y de la OEA han mostrado su solidaridad con México.
“Esto fue realmente algo inédito, esto es algo que nunca, nunca en la historia de México, y yo diría en la historia reciente de América Latina había sucedido, ni en las peores épocas de las dictaduras, ni el propio dictador Pinochet se atrevió nunca a violar la Embajada de México en Chile.”
Y en este caso, realmente es una situación sin precedentes y por lo tanto creo que nosotros, de acuerdo a la Convención de Viena, nos sentimos francamente ultrajados porque fue violada flagrantemente la inmunidad de la embajada y del personal diplomático”, aseveró en conferencia de prensa.
En tanto, la embajadora Serur, quien el jueves fue declarada “persona non grata” y obligada a salir en 72 horas del país, cuestionó al gobierno del presidente Daniel Noboa por desconocer la esencia de la figura del asilo a nivel diplomático, independientemente si la persona en cuestión es culpable o inocente de un delito que se le imputa.
Es un gobierno que improvisa, desconoce el arte de la política en el buen gobierno, que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y América Latina. No entienden que un Estado pueda proteger, salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si esta persona es inocente o culpable”.
Acompañado, por el resto de funcionarios, entre diplomáticos y empleados administrativos, obligados a regresar ante el cierre de la embajada mexicana, además de un par de mascotas, el jefe de Misión de esta representación oficial respaldó la postura del gobierno nacional de acudir ante la Corte Internacional de Justicia para denunciar, en este caso, la violación a la Convención de Viena de 1961.
