• El cambio a perspectiva negativa en la calificación soberana refleja un problema estructural: bajo crecimiento, déficits elevados y el peso fiscal de Pemex y CFE que complica la consolidación de las finanzas públicas.
Ernesto Madrid
El reciente cambio de perspectiva de la deuda soberana de México por parte de S&P Global Ratings —de estable a negativa— encendió una señal de alerta sobre la trayectoria fiscal del país. Aunque la calificación se mantiene en BBB, todavía dentro del grado de inversión, la advertencia apunta a un deterioro gradual de las finanzas públicas en un contexto de crecimiento económico débil.
La decisión alinea a S&P con la postura que ya había tomado Moody’s Investors Service en 2024, cuando también colocó la perspectiva en negativa, mientras Fitch Ratings mantiene a México en BBB-, el último escalón del grado de inversión. En términos prácticos, el país se acerca cada vez más al límite que separa la deuda considerada segura de la especulativa.
Detrás del ajuste hay tres factores centrales, de acuerdo con las calificadoras: bajo crecimiento (México creció apenas 0.6% en 2025 y las previsiones para 2026 rondan entre 1% y 1.3%. Este ritmo es insuficiente para fortalecer la recaudación, impulsar la inversión y estabilizar la deuda pública en proporción al PIB); déficits fiscales elevados y mayor presión de la deuda pública (el déficit del gobierno general alcanzó 4.9% del PIB, muy por encima del promedio de 2.7% registrado entre 2019 y 2023. Además, se estima que permanezca cercano a 4.8% en 2026, lo que implica una consolidación fiscal lenta); y una deuda pública que ya supera 52% del PIB, su nivel más alto en cuatro décadas. Las proyecciones apuntan a que podría acercarse a 54% en 2029, o incluso más si no se corrigen los desequilibrios fiscales.
Este contexto genera una dinámica peligrosa: crecimiento bajo y déficit alto hacen más difícil estabilizar la deuda, lo que a su vez presiona la calificación crediticia. Un elemento adicional es el peso fiscal de las empresas del Estado. Las calificadoras advierten que el apoyo financiero constante a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad aumenta la rigidez del gasto público, ya que el gobierno debe destinar recursos para cubrir deuda y necesidades operativas de estas compañías.
México ante el filo del grado de inversión
Tras casi cuatro años de estabilidad, S&P también revisó a negativa la perspectiva crediticia de ambas empresas, reflejando el deterioro de la perspectiva soberana. El problema radica en que el gobierno federal mantiene un apoyo financiero constante a estas compañías. Para las calificadoras, esto crea pasivos contingentes: obligaciones que, aunque no siempre aparecen directamente en el presupuesto, terminan trasladándose a las finanzas públicas.
Este deterioro en la percepción de riesgo también se refleja en el sistema financiero. Aunque la banca mexicana mantiene fortaleza operativa y adecuados niveles de capitalización, no es completamente ajena al entorno macroeconómico. Cuando aumenta la presión fiscal y se debilita el crecimiento, también se eleva la percepción de riesgo país. En ese contexto, el ajuste en la perspectiva soberana se trasladó a 12 instituciones financieras, entre ellas BBVA México, Banorte y Banamex, cuyas perspectivas también fueron revisadas a negativa.
El análisis de Banamex señala que el cambio de perspectiva era previsible ante el deterioro fiscal observado desde 2024 y el crecimiento económico inferior al 2%. En ese contexto, el escenario más probable es que Moody’s recorte la calificación a Baa3, el nivel más bajo dentro del grado de inversión, lo que colocaría al país en la zona de mayor vulnerabilidad dentro de esta categoría.
Un país pierde el grado de inversión cuando al menos dos de las tres grandes calificadoras colocan su deuda en categoría especulativa. Las consecuencias podrían ser relevantes: mayores tasas de interés para financiar la deuda, salida de capitales de fondos que solo invierten en activos con grado de inversión y mayor volatilidad en el tipo de cambio y los mercados financieros. Sin embargo, el riesgo inmediato no es tanto una degradación abrupta, sino un desgaste progresivo de la credibilidad fiscal.
Mientras no se fortalezca el crecimiento —a través de mayor inversión, certidumbre regulatoria y productividad— la consolidación fiscal dependerá principalmente de recortes de gasto o mayores ingresos tributarios, decisiones políticamente costosas.
El país aún conserva su grado de inversión, pero el margen se estrecha. Las advertencias de las calificadoras no representan un colapso inminente, sino una señal sobre la trayectoria económica. Y en economía, muchas veces la dirección es más importante que el punto en el que se está hoy.
@JErnestoMadrid
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