• Reclamaciones a bancos crecen 10% de casos en México. El aumento de quejas por fraudes y operaciones no reconocidas exhibe un sistema financiero donde los contratos favorecen a los bancos, las autoridades reaccionan tarde y las víctimas enfrentan procesos desiguales frente a instituciones que diseñan las reglas del juego.
Ernesto Madrid
En el sistema financiero mexicano, los bancos parecen haber perfeccionado un modelo donde las reglas están diseñadas desde el origen para proteger a las instituciones y no necesariamente a los usuarios. Las cifras más recientes lo confirman: las reclamaciones contra la banca crecieron 10.1% en 2025, alcanzando 7 millones 235 mil 597 casos, según datos del Buró de Entidades Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
El dato es revelador por sí mismo, pero más aún cuando se observa que el 72% de las quejas están relacionadas con posibles fraudes, es decir, 5 millones 213 mil 358 reclamaciones por cargos no reconocidos, transferencias indebidas, retiros sospechosos o consumos que los clientes aseguran no haber realizado.
Detrás de estos números se encuentra un sistema contractual profundamente asimétrico. En México, los contratos bancarios se elaboran bajo la figura de contratos de adhesión, lo que significa que las instituciones financieras redactan unilateralmente las condiciones y los clientes solo pueden aceptarlas o rechazarlas, sin posibilidad real de negociación.
En teoría, estos contratos deben ser supervisados por la Condusef para evitar abusos o cláusulas desproporcionadas. En la práctica, sin embargo, la relación sigue siendo desigual. Los bancos fijan comisiones, tasas, condiciones de uso y procedimientos de reclamación bajo esquemas que, casi siempre, terminan beneficiando a la institución.
El resultado es una paradoja: mientras los bancos tienen mecanismos legales para garantizar el cobro de intereses y comisiones, los usuarios enfrentan procesos complejos y largos cuando intentan recuperar su dinero tras un fraude.
El fenómeno del fraude bancario no es nuevo, pero sí cada vez más sofisticado. El estudio Tendencias de fraude bancario digital en Latinoamérica 2026, de la firma BioCatch, señala que los intentos de fraude mediante ingeniería social crecieron 155% en 2025 en la región.
En México, el problema es aún más visible: entre finales de 2024 y principios de 2026, los intentos de toma de control de cuentas bancarias aumentaron 324%.
Uno de los esquemas más frecuentes es la llamada “estafa de voz”, donde delincuentes se hacen pasar por personal bancario o funcionarios públicos para convencer a los usuarios de realizar transferencias o proporcionar claves de seguridad.
La banca que siempre gana: fraudes y más de 7 millones de reclamaciones
Paradójicamente, mientras estas prácticas se multiplican, el sistema bancario mantiene una estructura que muchas veces termina responsabilizando al propio cliente por haber sido víctima del engaño.
En este contexto, algunas instituciones destacan por la cantidad de reclamaciones acumuladas. Banamex, por ejemplo, figura entre las entidades con mayor número de quejas. El problema no se limita a operaciones individuales. Existen señalamientos de que algunas cuentas bancarias utilizadas para transferencias vinculadas a fraudes continúan activas durante largos periodos sin que se bloqueen oportunamente.
El fenómeno adquiere una dimensión aún más delicada cuando se considera que recursos federales destinados a infraestructura pueden transitar por el sistema bancario antes de llegar a municipios, donde en algunos casos terminan desviados hacia estructuras criminales que posteriormente realizan fraudes financieros a gran escala. La banca, en estos casos, se convierte en una infraestructura involuntaria —o insuficientemente vigilada— para la circulación de recursos ilícitos.
Otro ejemplo de la desigualdad contractual aparece en los conflictos entre usuarios y bancos como Invex, donde los clientes suelen enfrentarse a interpretaciones contractuales que privilegian las cláusulas redactadas por la institución. Cuando surgen disputas por cargos indebidos o condiciones de crédito, el usuario debe probar su inocencia dentro de un sistema diseñado por la propia entidad financiera. En otras palabras, el banco actúa simultáneamente como juez, parte y diseñador del contrato.
El problema no se limita a los bancos. Existen esquemas de fraude que utilizan al sistema financiero como plataforma. Uno de ellos es el caso de Inmovent Soluciones Patrimoniales, empresa fundada por Leonardo Daniel Ángeles Romero y representada legalmente por Fabio López Gómez, señalada por operar un presunto esquema fraudulento de inversiones inmobiliarias.
El modelo, según denuncias presentadas por víctimas, consistía en captar recursos de inversionistas con promesas de altos rendimientos que se pagaban con dinero de nuevos participantes, una estructura similar a un esquema Ponzi. Las denuncias suman alrededor de 60 casos y un monto estimado de 150 millones de pesos, con víctimas en distintas partes del país.
Lo más preocupante, según los denunciantes, es que las cuentas bancarias utilizadas para mover estos recursos habrían continuado operando durante largos periodos, mientras las investigaciones enfrentaban retrasos. Incluso se han señalado presuntos actos de corrupción dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que habrían frenado diligencias, lo que impediría que autoridades financieras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores bloqueen las cuentas relacionadas con los presuntos responsables.
Mientras tanto, el sector financiero presume avances tecnológicos para combatir el fraude. Empresas especializadas como Incode han impulsado sistemas de biometría y “prueba de vida”, capaces de detectar si una solicitud de crédito o una operación proviene realmente de una persona y no de una imagen manipulada o un video falso generado con inteligencia artificial.
Sin embargo, estas herramientas suelen implementarse principalmente para proteger al banco de riesgos operativos y no necesariamente para agilizar la devolución de recursos a los clientes afectados. Las cifras finales reflejan una contradicción evidente. Aunque el número de reclamaciones aumentó, el monto total reclamado disminuyó 35.6% en 2025, ubicándose en 31 mil 419 millones de pesos.
En términos simples, cada vez más usuarios se quejan, pero el dinero que logran reclamar es menor. Es un síntoma de un sistema financiero donde las instituciones conservan ventajas estructurales: contratos redactados por ellas mismas, procesos de reclamación complejos y un marco legal que suele favorecer la estabilidad bancaria por encima de la reparación inmediata a los usuarios.
En ese escenario, la pregunta no es si el sistema funciona. La pregunta es para quién funciona realmente.
@JErnestoMadrid
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