• Mientras México y Canadá buscan extender por 16 años el tratado comercial más importante de Norteamérica, Washington eleva la presión con amenazas arancelarias, investigaciones contra gobernadores de Morena y una narrativa que vincula comercio, seguridad y narcotráfico en una misma negociación.
Ernesto Madrid
La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha dejado de ser una negociación estrictamente comercial. Lo que durante años fue presentado como un mecanismo para garantizar certidumbre económica en Norteamérica hoy se encuentra atrapado en una compleja red de presiones políticas, acusaciones sobre narcotráfico, disputas diplomáticas y amenazas arancelarias provenientes de Washington.
La advertencia más reciente llegó desde la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que propuso imponer aranceles de 10% a México y Canadá tras concluir que ambos países no han aplicado plenamente las restricciones para impedir la entrada de productos elaborados mediante trabajo forzoso. Aunque la medida todavía deberá pasar por procesos de consulta pública y revisión, el mensaje político resulta difícil de ignorar.
La investigación fue realizada bajo el Artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite a la Casa Blanca adoptar represalias comerciales cuando considera que existen prácticas que afectan los intereses estadounidenses. En el caso mexicano, Washington reconoce que existe una legislación vigente desde 2023 para prohibir este tipo de importaciones, pero sostiene que su aplicación es insuficiente. La amenaza aparece en un momento particularmente delicado.
México y Canadá formalizaron esta semana su intención de extender por otros 16 años la vigencia del T-MEC. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que el gobierno mexicano ya comunicó oficialmente su postura a sus socios comerciales, mientras que Ottawa incluso pidió acelerar la renovación antes del próximo 1 de julio, fecha límite para definir si el acuerdo se amplía o entra en una etapa de revisión más profunda. Sin embargo, detrás de la mesa comercial se desarrolla una negociación paralela mucho más sensible.
La administración de Donald Trump ha endurecido su discurso contra México desde que declaró a los cárteles mexicanos como organizaciones narcoterroristas. Bajo esa lógica, la cooperación bilateral dejó de concentrarse únicamente en el combate al tráfico de drogas para extenderse hacia la investigación de posibles redes de protección política.
T-MEC bajo presión
Las versiones publicadas por el Los Ángeles Times sobre presuntas investigaciones federales contra los gobernadores morenistas Alfonso Durazo y Américo Villarreal, así como la supuesta cancelación de visas y su eventual participación como testigos bajo programas especiales del sistema judicial estadounidense, elevaron aún más la tensión.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó cuestionando la filtración de la información y sugiriendo que existen intereses políticos en Estados Unidos orientados a desacreditar a la Cuarta Transformación. Su postura se suma a las declaraciones emitidas días antes, cuando denunció intentos de sectores conservadores estadounidenses por influir en la política mexicana rumbo a los comicios intermedios. Pero el problema para Palacio Nacional no es únicamente mediático.
Diversos especialistas en relaciones internacionales consideran que la confrontación verbal con Washington ocurre en el peor momento posible. La internacionalista Arlene Ramírez Uresti advierte para El Universal, que la relación bilateral atraviesa una etapa particularmente tensa y que el principal riesgo consiste en contaminar la negociación del T-MEC con asuntos políticos y de seguridad.
Norma Soto coincide en que el endurecimiento del discurso presidencial podría tener consecuencias económicas relevantes al generar incertidumbre en un proceso del que depende buena parte del crecimiento mexicano. Pía Taracena, por su parte, interpreta la postura de Sheinbaum como un mensaje dirigido principalmente al consumo político interno, aunque reconoce que inevitablemente repercute en la percepción que existe en Washington. La preocupación no es menor.
Más del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos. El T-MEC representa la principal ancla de inversión extranjera para México y constituye el soporte de sectores estratégicos como el automotriz, manufacturero, agroindustrial y tecnológico. Por ello, la verdadera interrogante ya no es si habrá o no un arancel de 10 por ciento.
La pregunta es si la Casa Blanca pretende convertir la revisión del T-MEC en un mecanismo de presión para obtener mayores concesiones de México en materia de seguridad, combate al fentanilo y persecución de funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
La experiencia indica que Donald Trump suele negociar bajo esquemas de presión simultánea. Lo hizo con los aranceles migratorios durante su primer mandato y parece repetir la fórmula ahora: amenazas comerciales, presión diplomática y exigencias en materia de seguridad.
Bajo ese escenario, la revisión del T-MEC podría convertirse en mucho más que una discusión sobre reglas de origen, inversiones o cadenas de suministro.
Podría transformarse en el escenario donde Washington busque medir hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno mexicano en la depuración de posibles nexos entre política y crimen organizado. Y esa es precisamente la razón por la que cada nueva investigación, cada visa revocada, cada declaración sobre narcoterrorismo y cada amenaza arancelaria adquieren un peso mucho mayor al que aparentan.
Porque detrás de la negociación comercial más importante para México ya no sólo se discute el futuro económico del país. También se está poniendo a prueba la credibilidad política de quienes gobiernan.
@JErnestoMadrid
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