• Cuando las acusaciones avanzan, López Obrador reaparece: no para gobernar, sino para proteger el legado de Morena.
Ernesto Madrid
Andrés Manuel López Obrador prometió retirarse de la política. Prometió silencio. Prometió desaparecer de la vida pública. Sin embargo, cada vez que el movimiento que construyó enfrenta una crisis de legitimidad, vuelve a aparecer.
No ha regresado para hablar de pobreza, salud o crecimiento económico. Tampoco para defender a los millones de mexicanos que padecen la violencia cotidiana. Sus cuatro reapariciones desde que dejó la Presidencia han tenido un denominador común: proteger causas, gobiernos y personajes vinculados a su proyecto político.
La más reciente no pudo llegar en un momento más significativo.
Mientras autoridades estadounidenses elevan la presión sobre funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales; mientras cortes federales en Nueva York y Washington hablan de investigaciones, evidencias y nuevas acusaciones; mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta el mayor desafío internacional desde el inicio de su administración, López Obrador decidió romper nuevamente su retiro.
Lo hizo para denunciar una supuesta conspiración contra Morena.
Según el expresidente, funcionarios estadounidenses buscan debilitar al partido gobernante y fortalecer a la oposición. No habló de investigar. No pidió transparencia. No exigió que los señalados aclararan los hechos. Optó por el reflejo político de la defensa anticipada.
La reacción resulta particularmente llamativa porque contradice buena parte del discurso que sostuvo durante años.
Cuando Genaro García Luna fue declarado culpable por una corte estadounidense, López Obrador convirtió aquel episodio en la prueba definitiva de que México había sido gobernado por un “narcoestado”. Desde Palacio Nacional construyó una narrativa donde la responsabilidad política alcanzaba no sólo al exsecretario de Seguridad, sino a todo el aparato de gobierno encabezado por Felipe Calderón.
La lógica era simple: si el principal responsable de la seguridad estaba vinculado con el crimen organizado, el gobierno completo quedaba bajo sospecha. Era una conclusión políticamente conveniente. Hoy, sin embargo, la vara parece distinta.
Las acusaciones que comienzan a rodear a personajes identificados con Morena ya no son presentadas como evidencia de una posible penetración criminal en las estructuras de poder. Ahora son descritas como parte de una ofensiva extranjera. Lo que antes era responsabilidad política hoy es persecución política.
Lo que antes justificaba condenas anticipadas ahora merece cautela y respaldo. La contradicción es imposible de ignorar.
El regreso del protector
Si la sentencia contra García Luna permitía hablar de un narcogobierno, ¿por qué las acusaciones contra funcionarios cercanos al oficialismo no ameritan el mismo estándar de exigencia? La respuesta parece encontrarse menos en la búsqueda de la verdad y más en la necesidad de preservar un legado.
La fotografía difundida recientemente por Andrés Manuel López Beltrán junto a su padre tampoco parece casual. En medio de las tensiones externas, de las investigaciones estadounidenses y de los movimientos internos dentro de Morena, la imagen funciona como una señal de continuidad política. El fundador reaparece para recordar quién sigue siendo el referente real del movimiento. La preocupación no es menor.
En el contexto y de acuerdo con Banamex, el Congreso aprobó recientemente una serie de reformas electorales con escasa deliberación pública. Algunas incorporan conceptos ambiguos como la “intervención extranjera” en procesos electorales; otras fortalecen mecanismos de control político bajo el argumento de combatir la infiltración criminal.
Sin embargo, el propio análisis de la institución financiera advierte que muchas de estas disposiciones ya existen en la legislación mexicana. El problema no es la ausencia de leyes, sino la falta de instituciones capaces e independientes para aplicarlas. Es una observación relevante porque ocurre justamente cuando las presuntas conexiones entre política y crimen organizado se han convertido en el principal foco de tensión entre México y Estados Unidos.
La impresión que comienza a consolidarse es incómoda para el oficialismo: mientras Washington habla de investigaciones, Morena responde con reformas; mientras se anuncian posibles nuevas acusaciones, el obradorismo cierra filas; mientras surgen cuestionamientos sobre funcionarios públicos, el fundador reaparece para blindar políticamente al movimiento.
No para esclarecer. No para exigir rendición de cuentas. No para reclamar investigaciones exhaustivas. Sino para defender. Por eso sus recientes intervenciones tienen un significado que trasciende la coyuntura. López Obrador parece haber entendido que la mayor amenaza para su legado no proviene de la oposición, sino de la posibilidad de que las acusaciones sobre vínculos entre poder político y crimen organizado alcancen a personajes centrales de la llamada Cuarta Transformación. Y ahí radica la mayor ironía de esta historia.
El hombre que construyó buena parte de su capital político denunciando la complicidad entre gobiernos y delincuencia organizada, hoy reaparece para proteger a un movimiento que enfrenta precisamente ese tipo de señalamientos.
La diferencia es que cuando las acusaciones apuntaban a sus adversarios eran prueba irrefutable de corrupción estructural. Cuando apuntan hacia los suyos, son una conspiración. Y esa no es una contradicción menor. Es, quizá, la contradicción que terminará definiendo su legado.
@JErnestoMadrid
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