Apuntes sobre la Iniciativa del senador Ricardo Monreal en materia de impartición de justicia digital.
Ciudad de México.- Ricardo Monreal Ávila advierte que el uso de las TIC en el sistema de justicia acarrea diversos beneficios como el ahorro de recursos, la celeridad en la gestión de trámites, así como ventajas en términos de accesibilidad, transparencia, ecología, imparcialidad y seguridad.
“En el Senado de la República seguiremos legislando en beneficio de una pronta y expedita justicia, así como el acceso a la misma para todas y todos, fortaleciendo de esta forma el Estado de Derecho”.
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El objetivo de la propuesta de reforma es adoptar herramientas tecnológicas para no obstaculizar el derecho fundamental de acceso a la justicia.
Busca garantizar el acceso ágil y oportuno a la justicia digital, a través del uso de tecnologías de información y comunicación (TIC).
Presentaré ante la Comisión Permanente una iniciativa para que los tribunales de todo el país, tanto federales como estatales, adopten el modelo de justicia en línea, para que se garantice el acceso ágil y oportuno a la justicia, sin poner en riesgo la salud de las personas. pic.twitter.com/wjDS6AuaXg
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 8, 2020
En su propuesta, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado señala que la pandemia por Covid-19 ha revelado la urgencia de adoptar innovaciones tecnológicas en procesos que requieren de celeridad, transparencia y eficacia, como es el caso de las disputas que se debaten en los tribunales.
En los últimos meses, el uso de TIC se ha vuelto esencial para el día a día, ya que su uso ha suplido con eficiencia y seguridad a las actividades presenciales en tiempos de pandemia.
El artículo 17 de la Constitución indica que el Estado tiene la obligación de impartir y administrar justicia. Sin embargo, denuncia el legislador, “uno de los efectos de la crisis sanitaria, dados los riesgos que conlleva para las personas, ha sido la suspensión de la actividad jurisdiccional”.
Diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas han recomendado a los Estados adoptar herramientas tecnológicas para no obstaculizar el derecho fundamental de acceso a la justicia.
