Washington, Estados Unidos.- Tras la firma de la orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump para eliminar la financiación federal a NPR y PBS, los directivos de ambas organizaciones y de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB) respondieron con firmeza, calificando la medida como “flagrantemente ilegal” y anunciaron que promoverán acciones legales para impugnarla.
Por su parte, Paula Kerger, presidenta y directora ejecutiva de PBS, calificó la orden como “abiertamente ilegal” y expresó su preocupación por el impacto que tendría en los servicios esenciales que PBS y sus estaciones locales afiliadas brindan al público estadounidense. Asimismo, destacó que la medida podría perturbar la programación educativa y cultural que ha sido una parte integral del servicio público durante décadas.

“Flagrantemente ilegal” la orden ejecutiva de Trump contra medios públicos
Por otro lado, NPR emitió un comunicado en el que defendió su independencia editorial y su misión de servicio público; en el texto, señaló que la decisión no se trata de equilibrar el presupuesto federal, como argumentó el presidente estadounidense, sino de un intento de “silenciar voces críticas”.
Por su parte, Patricia Harrison, presidenta y directora ejecutiva de la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), argumentó que la corporación es una entidad privada sin fines de lucro establecida por el Congreso y, por lo tanto, no está sujeta a la autoridad directa del presidente. La CPB ya había presentado una demanda contra la administración Trump por intentar destituir a tres de los cinco miembros de su junta directiva, lo que consideró una extralimitación de poder que podría paralizar sus operaciones.