• La reunión entre Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos evidenció la creciente presión internacional sobre un país donde policías y partidos políticos son percibidos como las instituciones más corruptas.
Ernesto Madrid
La reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, dejó algo más que un mensaje diplomático sobre cooperación bilateral: exhibió la creciente preocupación de Washington frente a la capacidad real del Estado mexicano para enfrentar al crimen organizado en medio de una profunda crisis de corrupción institucional.
Mullin confirmó que durante el encuentro se abordó el fortalecimiento de los esfuerzos de México contra los llamados “narcoterroristas”, además del combate al tráfico de drogas, personas y la migración ilegal. El mensaje no fue menor. Refleja cómo la seguridad mexicana dejó de ser vista únicamente como un problema interno para convertirse en un asunto prioritario para la agenda estadounidense.
La presión llega en un momento particularmente delicado para México.
Mientras el gobierno federal insiste en sostener el discurso de combate a la corrupción y transformación institucional, los datos oficiales muestran un panorama completamente distinto. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 del Inegi reveló que los actos de corrupción costaron a los mexicanos 17 mil 707 millones de pesos en un solo año, cerca de mil millones de dólares.
La cifra representa mucho más que pérdidas económicas. Refleja el desgaste cotidiano de una ciudadanía que sigue enfrentando sobornos, extorsiones y abusos en trámites, servicios públicos y contacto con autoridades.
EU aprieta a México por seguridad… mientras la corrupción sigue intacta
El dato más devastador es institucional: casi nueve de cada diez mexicanos consideran corruptas a las corporaciones policiacas, colocándolas incluso por encima de los partidos políticos en percepción negativa.
La contradicción resulta brutal. Mientras Estados Unidos exige a México endurecer su combate contra organizaciones criminales y reforzar la seguridad fronteriza, dentro del país las instituciones encargadas precisamente de garantizar seguridad y justicia son las que generan mayor desconfianza social.
El Inegi también documentó que apenas el 34 por ciento de la población confía en ministerios públicos y fiscalías estatales, un dato que ayuda a explicar por qué amplios sectores ciudadanos percibe impunidad estructural frente al crimen y la corrupción. En los hechos, Washington parece haber entendido algo que el discurso oficial intenta minimizar: no se puede combatir eficazmente al crimen organizado cuando amplios sectores de la población desconfían de policías, fiscalías y partidos políticos.
La presión estadounidense ocurre además en un contexto donde México enfrenta cuestionamientos internacionales sobre el avance territorial del crimen organizado, la infiltración política y la debilidad institucional en distintas regiones del país.
Por eso la reunión entre Sheinbaum y Mullin terminó teniendo un significado mucho más profundo que una simple agenda bilateral. Estados Unidos no solo está pidiendo mayor coordinación fronteriza; está enviando un mensaje sobre la fragilidad institucional mexicana y sobre los riesgos que implica para la seguridad regional un país donde corrupción e impunidad siguen formando parte de la vida cotidiana.
Porque el problema ya no es únicamente cuánto cuesta la corrupción en dinero. El verdadero costo comienza a medirse en credibilidad, gobernabilidad y confianza internacional.
@JErnestoMadrid
jeemadrid@gmail.com
