Sofía Calderón tenía 19 años, un bebé recién nacido y toda la vida por delante. Hoy su familia pide respuestas. El caso Sofía explotó esta semana en redes y medios porque sus padres denunciaron que el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 del IMSS en Monterrey les entregó su cuerpo sin varios órganos. El Seguro Social ya respondió: asegura que los órganos siguen resguardados en el hospital y reconoce que falló al informar a la familia.
La historia duele, y deja muchas preguntas abiertas.

Un parto que terminó en tragedia
Sofía era originaria de Guerrero y vivía en Nuevo León. El 19 de julio de 2026 llegó al hospital para dar a luz. Según su familia, los estudios marcaban un embarazo normal; solo les habían advertido que el bebé “venía grande”.
El médico le practicó una cesárea y algo salió mal. Su hijo, Santiago, sobrevivió. Ella no. Hoy Santiago tiene casi cuatro meses y crece sin conocer a su mamá.
Sus padres, Patricia Juárez y Emilio Calderón, querían entender qué pasó. Por eso pidieron una autopsia clínica. Patricia firmó el documento que le presentó el hospital. “Yo leí lo que decía, pero nunca decía que le fueran a quitar algún órgano”, contó después.
La funeraria encendió las alertas
El golpe llegó cuando el personal de la funeraria preparó el cuerpo. Ahí notaron que faltaban piezas: corazón, hígado, páncreas, parte del intestino y córneas, según relató la madre.
Patricia regresó al hospital a exigir explicaciones. Primero le dijeron que nadie sabía nada. Después, según su testimonio, alguien le explicó que habían metido los órganos en bolsas amarillas y los habían desechado tras estudiarlos.
Imagina perder a tu hija y luego enterarte, por terceros, de que su cuerpo no está completo. Esa mezcla de dolor y desconcierto llevó a la familia a denunciar.
Denuncia ante la Fiscalía
En agosto, los padres de Sofía acudieron a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Denunciaron posible mala práctica médica durante la cesárea y un manejo indebido de los restos. También promovieron una demanda contra quien resulte responsable.
El vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez confirmó que recibieron la denuncia. Explicó que la Fiscalía no supo del caso cuando ocurrió la muerte, así que no participó en diligencias sobre el cuerpo ni practicó una autopsia ministerial. Hasta ahora no tiene un dictamen propio.
Como los posibles involucrados trabajan para una institución federal, la Fiscalía estatal analiza declararse incompetente y enviar el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR). Algunos medios ya reportan que la FGR atraerá el caso.
Lo que dice el IMSS
El 18 de noviembre, el IMSS en Nuevo León publicó un comunicado. Su postura tiene tres puntos clave:
- Niega que hayan desechado los órganos o que los hayan usado para trasplantes. Afirma que siguen identificados y resguardados en el Servicio de Patología del hospital.
- Niega que el personal haya intervenido los ojos de Sofía o extraído sus córneas.
- Reconoce que la familia no recibió la información “con la claridad y oportunidad necesaria”, ni sobre el protocolo posterior a la autopsia ni sobre el destino de los tejidos.
El Instituto también se comprometió a asignar personal para acompañar a la familia, a entregarle una copia del expediente clínico y a conservar los órganos hasta que concluyan las investigaciones. Después, la familia decidirá si los recibe. Además, dijo que colaborará con las autoridades.
Fuentes del IMSS señalaron a la prensa que, en una autopsia, los médicos suelen extraer algunos órganos para analizarlos y determinar la causa de muerte.
Las preguntas que siguen en el aire
Aquí está el fondo del asunto. Aunque la versión del IMSS resulte cierta, el caso Sofía expone un problema real: la falta de transparencia con las familias en el peor momento de su vida.
¿Explicó alguien a los padres, en palabras claras, qué implicaba una autopsia clínica? ¿Por qué se enteraron por una funeraria y no por el hospital? ¿Por qué primero les dijeron que habían tirado los órganos y meses después el IMSS afirma que siguen guardados? ¿Y qué pasó realmente en el quirófano?
Ninguna autoridad ha resuelto todavía esas dudas. Las acusaciones de mala práctica siguen siendo eso: señalamientos de una denuncia, no conclusiones judiciales. Pero la exigencia de la familia es clara y muy humana: saber la verdad.
Una exigencia que va más allá de Sofía
Los padres de Sofía piden conocer la causa exacta de la muerte, saber quién autorizó cada procedimiento y qué órganos extrajeron. También quieren que alguien les explique por qué recibieron información contradictoria.
En redes, muchas personas se han sumado a su reclamo. No es para menos. El consentimiento informado no es un trámite: es un derecho. Y cuando una familia firma un papel entre lágrimas, el sistema de salud tiene la obligación de explicar, acompañar y no dejar huecos.
Mientras las fiscalías definen quién lleva el caso, Santiago crece. Y su familia sigue esperando algo que no debería costar tanto: respuestas. (Agencias y Comunicado del IMSS)
