• Falta de recursos y sobrecarga de trabajo debilitan las instituciones de justicia por lo que es necesario fortalecer el estado de derecho y el control de la corrupción
Ernesto Madrid
Con la sorpresa de que la presidenta, público muy de madrugada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma llamada “supremacía constitucional”, para blindar su “reforma judicial”, luego de que 27 congresos estatales aprobaron, sin un análisis previo el dictamen, queda con antecedente la alarmante cifra del 96.3% de los delitos denunciados e investigados que quedan impunes a nivel nacional.
¿Qué pasará ahora?
De entrada y por paradójico que parezca, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado diversas carpetas de investigación contra jueces y magistrados, por el probable delito de abuso de autoridad, después de las suspensiones que otorgaron contra la reforma judicial con la suspicacia de que el Comité de Evaluación y Selección del Poder Ejecutivo para evaluar a las personas juzgadoras que participarán en la elección del 2025, tendrá como integrante ‘maravilla’ al exministro Arturo Zaldívar.
Sin duda, en el fondo se percibe como una burla más porque el Señor Zaldívar goza de un haber de retiro que tanto crítica de 192 mil 584 pesos al mes, más su salario como titular de la Coordinación de Política y Gobierno de Presidencia, de al menos 127 mil 500 pesos el mismo que le volteó la espalda a la Suprema Corte que él mismo presidió.
Entre las dudas, está el detalle de que en el comité anunciado por la Presidencia de la República también lo integran Javier Quijano, quien fuera abogado de AMLO, Isabel Inés Romero, quien como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz prácticamente se puso a las órdenes del gobernador morenista Cuitláhuac García acusado de crear 227 empresas fantasma para desvira 5 mil millones de pesos en el estado que aún gobierna y cuya señora, practico el nepotismo típico de este gobierno que impulso a su hijo para ser juez.
¿De quién es la culpa en la impartición de justicia?
Dicen que las acciones pesan más que las palabras y lo que se percibe es que el segundo piso de la cuarta transformación tendrá un poder judicial a modo.
Lo que en realidad sucede y sin duda seguirá sucediendo, es que se sigue ignoraron las causas y las condiciones del sistema de justica en México ya que actualmente, sólo 3.6% de las carpetas de investigación llegan ante un juez. Uno de los factores de este bajo porcentaje es la falta de capacidades de investigación criminal, la cual es responsabilidad de las fiscalías, que, en su mayoría, están en manos de gobierno morenistas, de acuerdo con Susana Camacho, Coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa.
A lo anterior se suma, la falta de presupuesto, de personal y la sobrecarga de trabajo en las instituciones que impiden disminuir la impunidad y afectan la protección de los derechos de las víctimas y acusados, y como dato queda lo que el documento “Hallazgos 2023” de México Evalúa que señala que los delitos con mayor impunidad fueron desaparición forzada (99.5%), extorsión (98.4%), fraude (97.2%) y homicidio doloso (96.8%). En comparación con el año anterior, aumentó la impunidad en secuestro (+4.2%), desaparición (+3%) y homicidio (+1.1%); mientras que disminuyó el narcomenudeo (-2.2%), feminicidio (-1.9%) y violencia familiar (-1.8%).
Y la sociedad sigue clamando justicia en estados como Oaxaca en donde la impunidad es del 99.93%, Jalisco con 99.12% y Colima (97.57%) que presentaron los mayores niveles; mientras que, en estados como Michoacán, donde la realidad de impunidad sigue siendo del 76.26%, Querétaro con 78.74% y Guanajuato en niveles de 79.82%, reportaron los menores índices, pero la cifra sigue siendo alta. Para el fuero federal, este indicador fue de 95.53% en 2022, último año con datos disponibles
Desde el exterior y en el marco de su reunión anual, el Foro Monetario Internacional (FMI) advirtió que la violencia en México afecta su desarrollo económico. En su reporte final dijo que la primera prioridad para México debe de ser, en reformas que fortalezcan el estado de derecho y el control de la corrupción que alivien los cuellos de botella en infraestructura que impiden que las inversiones lleguen, cuyas opiniones son siempre importantes para inversionistas extranjeros en nuestro país.
Lo delicado del caso es que, la advertencia o recomendación no sorprende a nadie, como tampoco lo fue la descalificación del gobierno mexicano a la postura del FMI olvidándose de que los promotores de la reforma judicial, es decir, los funcionarios del segundo piso de la cuarta transformación aseguraron que ésta contribuirá a la reducción de la impunidad.
¿Será?
Twitter: JErnestoMadrid
