México ya suma 92 capos a EU, y la cifra no basta para despejar la desconfianza. Esta semana, el exembajador Ken Salazar recordó que, entre los enviados, figuran Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Treviño Morales, pero advirtió que la confianza entre ambos gobiernos sigue sin consolidarse.
La declaración obliga a revisar el episodio que cerró esa cuenta: el envío de 37 operadores criminales del 20 de enero de 2026. Más allá de los nombres, la operación revela cómo negocia México con Washington y cuánto le cuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum sostener su discurso soberanista.
Una relación que se paga en capos
Las tres entregas masivas comparten un patrón: México las ejecutó en momentos de máxima presión estadounidense. La primera, de 29 reos en febrero de 2025, llegó a horas de la entrada en vigor de aranceles. Entonces, el académico Andrés Sumano, de El Colegio de la Frontera Norte, describió el envío como un “tanque de oxígeno” para frenar las tarifas.
La tercera repitió la lógica, pero con un riesgo mayor. Ya no estaban en juego aranceles, sino la posibilidad de una incursión militar.
La relación bilateral opera, así, en clave transaccional. México entrega capos y obtiene tiempo; Washington recibe trofeos políticos y mantiene la presión. Estados Unidos, por su parte, presume la devolución de más de 370 fugitivos a México desde el inicio del segundo mandato de Trump, una cifra que el gobierno mexicano usa para exigir reciprocidad.
¿Por qué ahora? La cronología de enero
El calendario explica el momento mejor que cualquier comunicado:
- 3 de enero: Estados Unidos captura a Nicolás Maduro en una operación militar en Venezuela. Trump se declara alentado por el resultado y voltea hacia México.
- 8 de enero: En Fox News, Trump anuncia que atacará a los cárteles por tierra y repite que estos controlan México.
- 9 de enero: Sheinbaum instruye a la SRE para estrechar la comunicación con Washington y, de ser necesario, con el propio Trump.
- 12 de enero: Tras una llamada con Trump, la presidenta descarta cualquier intervención militar.
- 13 de enero: The New York Times revela que Washington presiona para que comandos especiales o agentes de la CIA acompañen operativos contra laboratorios de fentanilo, con drones incluidos.
- 14 de enero: La FGR captura a Daniel Alfredo Blanco Joo, “El Cubano”. Seis días después, ya viaja rumbo a Estados Unidos.
- 20 de enero: México envía a los 37, justo en el primer aniversario del regreso de Trump a la Casa Blanca.
La secuencia sugiere una respuesta táctica: ofrecer resultados tangibles para desactivar la presión por tropas. Sin embargo, la estrategia no cerró el tema. El 24 de enero, Trump insistió en que los ataques podrían ocurrir en cualquier lugar, México incluido.
El contexto añade dos presiones más. La revisión del T-MEC, en la que se juega el destino de la mayor parte de las exportaciones mexicanas, y las elecciones intermedias de Estados Unidos, que podrían incentivar acciones espectaculares para la base trumpista.
Sheinbaum y la paradoja soberanista
Sheinbaum defendió la medida con el vocabulario que define su gobierno. Insistió en que se pone a México primero, aunque Washington pida lo que tenga que pedir, y calificó la entrega como una decisión soberana.
Además, negó que Trump planteara el tema en la llamada. Atribuyó la petición al Departamento de Justicia, canalizada por los grupos de entendimiento bilateral y evaluada por el Consejo Nacional de Seguridad.
Aquí aparece la paradoja. La presidenta redefine la soberanía: la línea roja ya no abarca todo, sino lo territorial. No admite tropas extranjeras, pero sí cede en el terreno judicial, que en sentido estricto también le pertenece al Estado mexicano.
La propia mandataria abrió otra pregunta incómoda. Reconoció que muchos de los enviados podían extraditarse. Entonces, ¿por qué el gobierno eligió la vía rápida del traslado en lugar del procedimiento formal?
La respuesta llegó antes, de boca de Omar García Harfuch. En agosto de 2025, el secretario admitió que algunos capos seguían operando desde prisión y que corrían el riesgo de quedar libres por resoluciones judiciales. El Estado mexicano, en otras palabras, confesó que no confiaba en sus propias cárceles ni en sus propios jueces.
El mensaje hacia dentro
La medida habla en varias direcciones.
A los cárteles, les comunica que la prisión mexicana dejó de ser refugio. Harfuch lo dijo sin rodeos: los 92 enviados ya no podrán generar violencia en el país. El amparo y la cárcel cómoda pierden valor frente a un juez federal en Texas o Nueva York.
A la oposición, le arrebata un argumento. Mientras Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI, respaldó que Trump intervenga contra los cárteles, el gobierno muestra resultados sin soldados extranjeros en suelo nacional.
A su base, le ofrece un relato de firmeza: cooperación sin subordinación. El problema es que la narrativa depende de que el electorado no lea la cronología. Cada entrega coincide con una amenaza, y esa coincidencia erosiona la idea de una decisión tomada sin presión.
Al Poder Judicial, le envía un recado implícito. El Ejecutivo decide cuándo un preso representa una amenaza para la seguridad nacional, y actúa en consecuencia antes de que un juez lo libere.
Quiénes viajaron al norte
El envío incluyó perfiles de peso. Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, líder de “Los Deltas”, ligado al CJNG, ya enfrentaba una acusación formal en EU como alto mando de esa organización. Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla”, es padre del segundo al mando de los Beltrán Leyva.
También destacan “El Cubano”, objetivo prioritario del FBI, y María del Rosario Navarro Sánchez, “La Chayo”, la primera mujer incluida en un envío masivo. El Departamento de Justicia les imputa narcoterrorismo, apoyo a organizaciones terroristas, tráfico de armas y personas, y lavado de dinero.
Washington celebró a su manera. La fiscal general Pam Bondi habló de un logro histórico para la administración Trump. México, a cambio, obtuvo el compromiso de que la justicia estadounidense no buscará la pena de muerte.
El saldo: cooperación sin confianza
Nueve meses después, el balance resulta ambiguo. México evitó, hasta ahora, la presencia de tropas estadounidenses. Pero en febrero Trump volvió a sostener que los cárteles gobiernan México, y Sheinbaum tuvo que desmentirlo públicamente.
El dilema de fondo persiste. Cada envío de capos a EU compra tiempo, pero también fija un precio. Si Washington aprende que la presión produce resultados, ¿cuántas entregas más necesitará México para demostrar que la soberanía no se negocia?