Ismael “El Mayo” Zambada morirá en una cárcel estadounidense, pero Sinaloa sigue pagando la factura de su caída. A casi tres meses de la sentencia, el capo espera que una oficina federal decida su celda, mientras su estado natal acumula muertos, desaparecidos, negocios quebrados y un gobernador acusado de narcotráfico.
La situación jurídica de Mayo Zambada: el caso está cerrado
La justicia estadounidense ya resolvió el expediente. El juez Brian Cogan, de la corte federal de Brooklyn, dictó la sentencia tras una audiencia celebrada la mañana del 20 de julio. El Departamento de Justicia precisó que la pena es cadena perpetua sin libertad condicional, por su papel como líder principal de una empresa criminal continua y por delitos de crimen organizado.
La condena no sorprendió a nadie. El capo se declaró culpable el 25 de agosto de 2025, dos semanas después de que los fiscales renunciaran a pedir la pena de muerte. Además, las autoridades ordenaron el decomiso de 15 mil millones de dólares vinculados a las ganancias de sus actividades criminales.
Ante el juez, el sinaloense adoptó un tono de rendición. “Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión”, declaró.
Una pelea pendiente: la prisión
Queda abierta una sola disputa: el lugar donde pasará sus últimos años. Desde septiembre de 2024 el Buró Federal de Prisiones lo registra con el número 27102-511 en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Su defensa pidió un hospital penitenciario; la Fiscalía rechazó esa opción y prefería la prisión de aislamiento extremo de Colorado donde vive Joaquín “El Chapo” Guzmán, porque, a su juicio, el capo aún conserva leales fuera de la cárcel. Cogan no recomendó ningún penal en particular, pero pidió considerar su estado de salud.
La traición que desató la guerra
Todo comenzó el 25 de julio de 2024. Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, citó a Zambada en las afueras de Culiacán con el pretexto de una reunión política. Según la carta que el propio capo difundió semanas después, sus captores lo encapucharon, lo subieron a una avioneta y lo entregaron en Texas. Ese mismo día, un comando asesinó al exrector Héctor Melesio Cuén.
La justicia estadounidense ya documentó el golpe. Guzmán López firmó un acuerdo de culpabilidad en diciembre de 2025 en el que reconoce el secuestro, aunque el documento aclara que Washington nunca solicitó, autorizó ni aprobó esa operación.
En México, en cambio, nadie ha respondido por esos crímenes. Dos años después, ningún funcionario enfrenta un proceso; el asesinato de Cuén y el secuestro siguen impunes, igual que más del 94% de los cerca de tres mil homicidios registrados desde entonces.
La alianza rota con el Chapo y su familia
La entrega dinamitó una sociedad de más de tres décadas. En la madrugada del 9 de septiembre de 2024, el Mayito Flaco presuntamente autorizó ataques coordinados contra Los Chapitos y abrió las hostilidades. Desde entonces, cada bando buscó aliados externos: “El Chapo Isidro” pactó con La Mayiza a inicios de mayo de 2025, y Los Chapitos se aliaron con el CJNG ese mismo mes.
El clan Guzmán también paga su parte. Ovidio Guzmán admitió el 11 de julio de 2025 cuatro cargos por crimen organizado y narcotráfico, pero la corte reprogramó su audiencia de sentencia para el 14 de abril de 2027. Su hermano Joaquín corre la misma suerte: el tribunal movió su audiencia del 31 de agosto de 2026 al 1 de marzo de 2027.
Ambos colaboran con Washington, y la familia se desperdigó. Unos 17 familiares del Chapo huyeron a Estados Unidos, mientras Iván Archivaldo y Jesús Alfredo siguen prófugos.
¿Quién heredó el imperio del Mayo Zambada?
El trono quedó en manos de Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”. El Departamento del Tesoro lo describió como el “líder indiscutible” de Los Mayos. El 29 de septiembre de 2026, Washington lo sancionó junto con su círculo cercano, y al día siguiente la DEA difundió una ficha actualizada que ubica su último paradero conocido en la Ciudad de México.
Nacido en 1982, su padre lo entrenó desde joven para supervisar rutas internacionales, lavado de dinero y seguridad. Su bajo perfil lo mantuvo libre mientras caían sus hermanos.
La familia Zambada: cárcel, cooperación y regresos
El propio capo reveló la dimensión de su linaje. Su defensa confirmó ante el juez que tiene 16 hijos, el doble de los nombres conocidos públicamente.
El círculo familiar se estrecha. Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”, yerno del Mayo y operador clave de la Mayiza, se declaró culpable en San Diego de narcotráfico y lavado de dinero; su sentencia quedó programada para marzo de 2027. México lo había expulsado a Estados Unidos en agosto de 2025.
Otros episodios alimentan la incertidumbre. La Marina detuvo y después liberó a Mónica del Rosario Zambada en marzo de 2026, y versiones apuntan a que el Mayito Gordo habría regresado a México para sumarse a los combates. A ellos se suman el Vicentillo, testigo contra el Chapo, y Serafín, quien cooperó con la justicia estadounidense.
El saldo en Sinaloa: una guerra sin final
Las cifras retratan una tragedia. A dos años del conflicto, el seguimiento más amplio contabiliza 3,821 homicidios dolosos, 4,406 desapariciones y 12,445 vehículos robados en Sinaloa. Las cifras oficiales resultan menores, pero igual de graves: 3,181 homicidios, 166 feminicidios y 2,811 desapariciones.
Las madres buscadoras van más lejos. El colectivo Sabuesos Unidas calcula al menos 5,800 personas desaparecidas desde septiembre de 2024.
El Gobierno federal presume una mejoría. Según sus datos, los asesinatos bajaron de un máximo de 6.9 diarios en junio de 2025 a 3.3 en julio de 2026. Aun así, Sinaloa concentró el 7% de los homicidios del país entre enero y julio y se ubicó como la cuarta entidad más violenta. El despliegue militar ronda los 20,000 elementos, y las autoridades suman más de 2,500 detenidos.
La huida de miles de familias
El desplazamiento forzado vacía la sierra. La Secretaría de Bienestar contabilizó 3,619 familias desplazadas acumuladas en los meses posteriores a febrero de 2026. En Escuinapa, los habitantes denunciaron una salida masiva de familias hacia otras entidades, incluida Tepic.
El propio gobierno admite que perdió la cuenta. El 17 de octubre, la gobernadora Graciela Domínguez Nava reconoció que el padrón voluntario registra poco más de 3 mil familias, aunque la cifra real debe ser mucho mayor, y anunció un nuevo estudio con la Universidad Autónoma de Occidente.
Crisis económica: cortinas abajo
La violencia golpea el bolsillo de los sinaloenses. Desde el secuestro del Mayo, los empresarios reportan el cierre de unos 2,500 establecimientos. Culiacán perdió 934 empleadores formales al cierre del primer trimestre de 2026, la mayor caída de todo el estado, según Codesin. En dos años, Sinaloa perdió más de 20,000 empleos formales.
El sector privado exige rescate. Coparmex Culiacán pidió exenciones fiscales y créditos blandos para que los empresarios sobrevivan a una crisis que, advierte, el gobierno no reconoce.
La crisis inmobiliaria: casas vacías y letreros de “Se vende”
El ladrillo también se desplomó. La venta de casas nuevas en Culiacán cayó 70% en el año posterior a la entrega del Mayo, y los bancos comenzaron a restringir los créditos hipotecarios. En Altata, la caída alcanzó el 100%, y en Mazatlán, el 20%.
La sobreoferta derrumba el valor del patrimonio familiar. Hacia finales de 2025, Culiacán registraba bajas de hasta 40% en el valor de los inmuebles. Los desarrolladores, sin embargo, matizan: Canadevi Sinaloa sostiene que las ofertas buscan colocar inventario acumulado y evitar pérdidas, no reflejan una baja real de precios. El segmento de lujo, con propiedades de más de cinco millones de pesos, enfrenta la mayor dificultad para concretar ventas.
Rubén Rocha Moya: del poder a la licencia indefinida
La crisis alcanzó la cúpula política. En abril de 2026, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, por presuntos nexos con Los Chapitos.
La FGR frenó a Washington. La fiscalía determinó que la solicitud de detención provisional carecía de datos de prueba y no acreditaba urgencia. Además, aclaró que su investigación no incluye delitos financieros.
Un regreso de 34 horas
Rocha protagonizó un vaivén insólito. El 21 de agosto anunció su regreso “con la frente limpia y en alto”, pero al día siguiente pidió licencia indefinida, horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara con dureza su decisión. El Congreso local designó como gobernadora interina a Graciela Domínguez Nava con 31 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones. Ella gobernará hasta el 31 de octubre de 2027.
El caso sigue abierto. El PRI presentó una denuncia de juicio político en el Congreso de Sinaloa para destituirlo e inhabilitarlo. Y el 14 de octubre, el canciller Roberto Velasco negó ante el Senado que la decisión mexicana de no ejecutar la detención provisional de Rocha e Inzunza afectara la revisión del T-MEC.
Un estado herido
El Mayo Zambada cerró su historia judicial con una frase ante el juez. Sinaloa, en cambio, no encuentra todavía el último capítulo. Los principales líderes de ambas facciones siguen prófugos, y el conflicto que nació con una reunión traicionada no muestra un desenlace a la vista. (Con información de agencias de información locales e internacionales)