Washington aprieta el guante y México cuenta a sus caídos. Desde septiembre de 2024, el arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum coincidió, casi en espejo, con el inicio de una purga silenciosa: el Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a cancelar visas a funcionarios y legisladores mexicanos, en su mayoría militantes de Morena. La cifra, confirmada por Reuters en octubre de 2025, ya supera las 50 revocaciones.
No hablamos de rumores políticos. Hablamos de gobernadores en funciones, de un senador que fue secretario de Gobernación, del propio hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de alcaldes fronterizos que fueron esposados frente a sus familias. Investigamos caso por caso quién perdió su visa, qué cargo ocupa dentro de la estructura de Morena y qué le espera jurídicamente.
El origen: una guerra diplomática contra el narco y sus “aliados políticos”
Todo apunta a la misma estrategia. Bajo la segunda administración de Donald Trump, el Departamento de Estado utiliza la revocación de visas como arma de presión contra México. Un alto político mexicano confirmó a Reuters que al menos 50 miembros de Morena ya recibieron la notificación de cancelación, además de decenas de funcionarios de otros partidos. La mayoría de los afectados jamás lo hizo público, por el desgaste reputacional que implica.
Un funcionario del Departamento de Estado lo resumió sin rodeos: las visas, incluidas las de funcionarios extranjeros, pueden revocarse en cualquier momento por “actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”. Washington no está obligado a explicar por qué cancela un permiso migratorio.
Marina del Pilar Ávila: la primera gobernadora morenista sin visa
El 12 de mayo de 2025, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó en conferencia de prensa que Estados Unidos le había revocado la visa dos días antes, junto con la de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, encargado de proyectos especiales en el gobierno estatal.
Cargo: gobernadora constitucional de Baja California (2021-2027).
Posición en Morena: integrante del gabinete de gobernadores del partido en el poder, figura de alto perfil nacional.
Motivo presunto: nunca hubo explicación oficial. Ávila insistió en que se trató de una “decisión administrativa” sin acusación de por medio. Un abogado consultado por El Financiero sugirió otra hipótesis: que la mandataria habría “insultado u ofendido” al gobierno estadounidense.
El expediente escaló en 2026, cuando se filtraron audios atribuidos a la gobernadora sobre gestiones para recuperar el documento, lo que reavivó la controversia y llevó al PAN a exigir su separación del cargo mientras se investigaba.
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Adán Augusto López: el caso que nadie confirma del todo
Aquí está el nombre que ha generado más versiones cruzadas y menos certezas oficiales: Adán Augusto López Hernández.
Cargo: senador de la República y coordinador de la bancada de Morena en el Senado; exsecretario de Gobernación (2021-2023) y exgobernador de Tabasco (2019-2021).
Posición en Morena: una de las figuras más cercanas a Andrés Manuel López Obrador, con peso propio dentro de la estructura legislativa del partido.
La versión estalló en junio de 2026, cuando el periodista Raymundo Riva Palacio publicó en su columna que el Departamento de Estado había confirmado al gobierno mexicano la cancelación de la visa del senador. Las presuntas líneas de investigación en su contra, según esa fuente, incluyen contrabando de combustible y vínculos con el crimen organizado, en un expediente que estaría vinculado con el proceso contra Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad en Tabasco, señalado de fundar el grupo criminal “La Barredora”.
Sin embargo, el propio senador nunca lo ha confirmado. En octubre de 2025 aseguró que no había sido notificado por ningún gobierno. En julio de 2026, tras semanas de ausencia en el Senado, reapareció y evitó de nuevo aclarar el tema. Ignacio Mier, coordinador de la Junta de Coordinación Política, sostuvo que el Senado tampoco recibió notificación oficial alguna.
La clave jurídica aquí es incómoda pero real: Estados Unidos no confirma ni desmiente públicamente el estatus migratorio individual de una persona, por reglas de confidencialidad consular. La ausencia de un comunicado oficial no prueba que la visa siga vigente, como tampoco prueba que fue cancelada
Andy López Beltrán: el hijo del expresidente también quedó fuera
Cargo: exsecretario de Organización de Morena (septiembre 2024 – mayo 2026), hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Posición en Morena: operador interno del partido fundado por su padre, con influencia directa sobre la estructura territorial del movimiento.
López Beltrán confirmó personalmente la cancelación de su visa y respondió con una carta dirigida a Donald Trump. En el documento calificó la medida como una decisión “politiquera y propagandística” y acusó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, de ordenar la revocación sin pruebas de conducta ilícita en su contra.
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Alfonso Durazo y Américo Villarreal: la visa cancelada que “sigue funcionando”
El tercer bloque de la investigación es el más ambiguo, y por eso mismo el más revelador del mecanismo real detrás de estas cancelaciones.
Alfonso Durazo Montaño
- Cargo: gobernador de Sonora.
- Posición en Morena: exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el sexenio de López Obrador.
- Motivo presunto: según Los Angeles Times, investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado. Viaja regularmente a Estados Unidos por tratamiento médico bajo un permiso especial de “libertad condicional por beneficio público significativo”.
nmas.co
Américo Villarreal Anaya
- Cargo: gobernador de Tamaulipas.
- Posición en Morena: mandatario estatal, incluido en el portal “Narcopolíticos” por presuntos nexos con el Cártel del Noreste.
- Motivo presunto: investigación por contrabando de combustible (huachicol), de acuerdo con fuentes citadas por el diario estadounidense. Los Angeles Times.
voxpopulinoticias.com
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Ambos gobiernos estatales negaron rotundamente la información. El vocero de Tamaulipas exigió pruebas documentales; la vocera de Sonora calificó el reportaje de “completamente falso”. Pero el periodista Steve Fisher, autor de la investigación de Los Angeles Times, mantuvo su versión con algo clave: ambos gobernadores conservarían el documento físico de su visa, pero en el sistema del Departamento de Estado aparecería como cancelada. La visa “existe” en la cartera, pero no sirve para cruzar la frontera. Ese mismo patrón, según la directora del semanario Zeta, Adela Navarro Bello, ya se había documentado antes con la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante.
Otros nombres confirmados en la lista de Morena
- Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector general de Investigación Aduanera de la ANAM. Perdió su visa en diciembre de 2024, el primer funcionario del gabinete de Sheinbaum en confirmarlo. Señalamiento: presunto huachicol y enriquecimiento inexplicable.
- Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero. Notificado por correo electrónico el 31 de julio de 2025. Dijo desconocer las razones.
- César Iván Sandoval, alcalde fronterizo detenido y esposado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tras vinculársele con un empresario detenido con cocaína en Brownsville.
- José Luis Dagnino López, entonces alcalde de San Felipe, Baja California, retenido varias horas al intentar cruzar por Calexico.
- Óscar Eduardo Castro Castro, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora, notificado al intentar cruzar por Lukeville, Arizona.
- Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, Sonora, reportó la cancelación en agosto de 2025.
- Una consejera estatal de Morena en Jalisco, cuya visa fue cancelada por orden directa del subsecretario Christopher Landau, tras un mensaje suyo en X sobre protestas migrantes.
El enfoque jurídico: lo que realmente implica perder la visa
Una visa cancelada no es una condena, pero tampoco es un trámite menor. El Departamento de Estado clasifica las causales bajo distintas secciones de la ley migratoria estadounidense:
- Sección 214(b): sospecha de intención de permanecer más tiempo del autorizado.
- Sección 212(a)(2): antecedentes o sospecha de actividad criminal.
- Sección 212(a)(2)(C): vínculo presunto con tráfico de drogas.
- Sección 212(a)(6)(C): fraude migratorio o información falsa.
- Sección 212(a)(7): sospecha de estancia o trabajo no autorizado previo.
La diferencia entre “revocación” y “cancelación” también importa jurídicamente. Una revocación “con perjuicio” implica que hubo una infracción durante el proceso de solicitud. Una cancelación “sin perjuicio” puede ocurrir sin que exista una causa específica comunicada al afectado, algo que ha sido la constante en casi todos los casos mexicanos documentados: ninguno recibió una explicación oficial por escrito.
¿Se puede recuperar la visa? Esto dice el proceso migratorio
La pregunta que más buscan quienes siguen este tema tiene una respuesta incómoda: no existe un plazo fijo, y no hay garantía de recuperación en el corto plazo.
Una vez cancelada, la única vía oficial es solicitar una nueva visa ante un oficial consular estadounidense, quien decide de forma individual si la otorga. No hay automatismo ni trámite exprés, sin importar el cargo político que ostente el solicitante.
El tiempo de resolución varía según el motivo:
- Si la causa fue un error administrativo, en teoría basta con volver a solicitar el trámite.
- Si hubo incumplimiento migratorio, pueden aplicarse restricciones temporales de meses a varios años.
- Si la cancelación se vincula a delitos, fraude o narcotráfico, puede derivar en inadmisibilidad permanente, salvo que se tramite una exención específica.
Los procesos administrativos posteriores a una entrevista consular suelen resolverse en un plazo de referencia de 60 días, aunque el propio gobierno estadounidense advierte que cada expediente se evalúa individualmente, sin tiempos garantizados.
Existe además una figura intermedia que ya utilizan Durazo y Villarreal: el “permiso de libertad condicional por beneficio público significativo” (“parole”), un mecanismo excepcional que no reactiva la visa cancelada, pero permite ingresos puntuales autorizados, reservado habitualmente para personas que colaboran con autoridades estadounidenses.
En resumen: para un funcionario, legislador o exgobernador mexicano, recuperar una visa cancelada por sospechas de vínculos con el crimen organizado no es cuestión de semanas. Es, en el mejor de los casos, un proceso de meses con resultado incierto; en el peor, una puerta cerrada de forma indefinida.
Lo que viene: una lista que Reuters advierte “más amplia de lo publicado”
Reuters fue clara en su reportaje de octubre de 2025: los casos conocidos públicamente son solo la punta del expediente. La cifra real ronda los 50 políticos morenistas, y decenas más de otros partidos, aunque la mayoría prefiere el silencio antes que confirmar la pérdida de un documento que, hasta hace poco, era garantía de movilidad y prestigio político.
