Rubén Rocha Moya retomó este viernes el cargo de gobernador de Sinaloa, 112 días después de haberse apartado del puesto para ser investigado por señalamientos de vínculos con el narcotráfico formulados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El mandatario sinaloense difundió un mensaje dirigido “a las y los sinaloenses” y “a las y los mexicanos”, en el que confirmó su reincorporación inmediata al Poder Ejecutivo estatal, cargo que ejercerá, según recordó, hasta el 31 de octubre de 2027.
Sin pruebas, dice
Rocha Moya sostuvo que, tras 112 días de indagatoria, la Fiscalía General de la República no halló elementos que sustenten su participación en algún delito. El propio gobernador calificó la acusación estadounidense de “falsa” y con motivaciones políticas.
La FGR, en efecto, había reconocido públicamente en distintas conferencias de prensa —la primera de ellas el pasado 8 de julio— que la investigación contra el gobernador con licencia y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses no reunía el estándar probatorio mínimo que exige la ley mexicana para proceder legalmente en su contra.
Los 112 días
La crisis política estalló el 29 de abril, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación de 34 páginas contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios, a quienes atribuyó delitos de narcotráfico y posesión ilícita de armas, señalándolos de recibir presuntos sobornos de la facción de Los Chapitos.
Dos días después, el 1 de mayo, el gobernador solicitó licencia temporal ante el Congreso de Sinaloa. La solicitud fue aprobada el 2 de mayo, y la entonces secretaria de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, asumió como gobernadora interina.
El 23 de mayo, la FGR citó a declarar como testigos a Rocha Moya y a los otros nueve señalados. Tres días después, el gobernador con licencia compareció personalmente ante la fiscalía en Culiacán, donde respondió el interrogatorio del Ministerio Público Federal.
Washington, sin pruebas
A lo largo del proceso, tanto la FGR como la Presidencia de la República insistieron en que el gobierno estadounidense no había remitido las pruebas necesarias para sustentar una eventual detención con fines de extradición.
El 11 de agosto, apenas diez días antes del regreso de Rocha Moya al cargo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró en su conferencia matutina que Estados Unidos seguía sin enviar la información solicitada, y remarcó que la decisión de volver o no a la gubernatura correspondía exclusivamente al propio mandatario sinaloense.
Respaldo a Sheinbaum
En su mensaje de reincorporación, Rocha Moya reivindicó su participación en el proyecto de la Cuarta Transformación y refrendó su respaldo a la presidenta Sheinbaum, a quien atribuyó la defensa “vigorosa” de la soberanía nacional frente a lo que calificó como injerencia extranjera y ataques de la oposición.
El gobernador insistió en que actuó sin ampararse en el fuero constitucional que le otorga su cargo y que se sometió de forma voluntaria a las instituciones mexicanas durante todo el proceso.
Voces críticas
No todas las lecturas del caso coinciden con la versión oficial. Desde julio, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, ha sostenido que la reaparición pública de Rocha Moya —y ahora su regreso al cargo— no ocurre porque exista una resolución judicial que lo exonere, sino como resultado de una decisión política del Gobierno federal.
Columnistas y legisladores de oposición han señalado además que, durante los más de cien días de licencia formal, el gobernador mantuvo de facto el control de las secretarías estatales, lo que cuestiona el carácter real de su separación del cargo. La ausencia de una resolución judicial firme —y no solo la falta de pruebas suficientes hasta ahora— es el punto que la oposición pondrá en el centro del debate en los próximos días.
En EU sigue indagatoria
La Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas de la FGR mantiene abierta la carpeta de investigación, de acuerdo con lo informado por la fiscal general Ernestina Godoy Ramos. Es decir, el regreso de Rocha Moya al cargo no representa un cierre definitivo del expediente, sino la continuación de las funciones de gobierno mientras la indagatoria avanza.
Sinaloa, mientras tanto, atraviesa un contexto de tensión: la calificadora S&P colocó al estado en revisión negativa tras el estallido del caso, en medio de un clima de violencia asociado a la disputa entre facciones del crimen organizado que ha marcado buena parte de la gestión estatal. Mientras, en Estados Unidos siguen las indagatorias sobre las acusaciones que le imputaron.