Washington, Estados Unidos.- Según un informe de Brookings Institution publicado este 18 de mayo, más de 145 mil niños de Estados Unidos (EE.UU.) han sufrido la detención de uno de sus padres a manos de elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025.
El estudio mostró que 146 mil 635 menores han sido afectados por las políticas migratorias del mandatario republicano y que, de dicha cifra, el 36.5% son menores de 6 años, mientras que el 36.1% tienen entre 6 y 12 años y el resto, entre 13 y 17.
Respecto a la nacionalidad de los padres detenidos, el documento reveló que la nacionalidad más afectada es la mexicana, con hasta un 53.7% del total, seguida de Guatemala y Honduras, con un 15% y 10.7%, respectivamente.
El reporte también se centró en el lugar donde se han presentado las detenciones, siendo Washington D.C. y Texas los estados que cuentan con la mayor cantidad de niños ciudadanos estadounidenses con un progenitor afectado, con más de 5 por cada mil.
Pese a que el análisis indicó que no existen datos fiables sobre cuántos detenidos tienen hijos en territorio estadounidense, ni sobre qué sucede con ellos una vez que su progenitor es arrestado, recoge recomendaciones de asociaciones que animan a los padres a elaborar un plan de preparación familiar, asignado a un amigo o familiar cercano que se hará cargo del menor en caso de que sus padres no puedan hacerlo.
Más de 145 mil niños de EU han sido separados de sus padres por ICE
“En muchos de estos casos, el Gobierno desconoce la existencia de niños que se quedan atrás, y la mayoría de los padres prefieren evitar el contacto con el sistema de bienestar infantil, incluso si solo cuentan con opciones de cuidado deficientes”, señaló el informe.
Además, el estudio apuntó a que el número de infantes estadounidenses que enfrentan la amenaza de separación familiar es mucho mayor que los 145 mil que se estima que la han sufrido durante la segunda gestión de Donald Trump.
Por lo anterior, Brookings afirmó que, a medida que se intensifica la aplicación de leyes migratorias, garantizar que las y los niños afectados tengan acceso a apoyos y protecciones básicas debería ser una responsabilidad gubernamental necesaria.
“La nación tiene la clara obligación de reconocer, tener en cuenta y salvaguardar el bienestar del menor”, aseguró.
