Por Karina Aguilar Vega*
Si bien en el denominado Plan A que, en materia electoral, presentó la presidenta Claudia Sheinbaum al Poder Legislativo y no fue aprobado, se incluía una propuesta escueta para evitar que el crimen organizado intervenga en los procesos electorales, la semana pasada -de último momento- la titular del Ejecutivo federal decidió enviar una iniciativa de reforma legal para blindar las candidaturas.
Por más que el Gobierno de México y los integrantes de la llamada Cuarta Transformación intenten minimizar las acusaciones hechas por la Fiscalía de Nueva York en contra de 10 exservidores públicos de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha; el presidente municipal de Culiacán -también con licencia- Juan de Dios Gámez y el senador en funciones, Enrique Inzunza; la mandataria federal y su partido, Morena, han resentido los negativos ocasionados por la defensa de sus correligionarios, mismos que se han visto reflejados en las encuestas.
De acuerdo con la más reciente encuesta de Lorena Becerra, que en marzo de 2025 le daba un 80 por ciento de popularidad a la Presidenta, en mayo de 2026 este porcentaje bajó a 59 por ciento, es decir que ha tenido 21 por ciento de descenso en su aprobación. Mientras que su desaprobación subió de 15 a 39 por ciento, es decir 24 puntos.
En tanto, la opinión positiva de Morena bajó de 71 por ciento que tenía en marzo de 2025 a 57 por ciento en mayo de 2026, lo que representa una disminución de 14 puntos.
La casa encuestadora Mitofsky, reveló que la aprobación de Sheinbaum es de 44.5 por ciento contra 49.8 del mes anterior, es decir que en un mes también bajó su aprobación.
Y refirió que el caso Sinaloa ha incrementado los negativos de la Presidenta y de su partido Morena, que por primera vez acumula 39.1 por ciento de positivos y 39.3 por ciento de negativos; aunque sigue siendo el partido con mejor percepción.
Es en este contexto que la titular del Ejecutivo federal decidió enviar una iniciativa que permitirá a los partidos políticos enviar a una comisión “autónoma” del Instituto Nacional Electoral (INE) el listado de sus aspirantes a una candidatura para que puedan ser investigados por las instituciones de procuración de justicia, bancarias y financieras y, en caso de detectar un “riesgo razonable”, se le informe a la institución que lo piensa postular para que tome su decisión.
No obstante, este ejercicio será voluntario y no tendrá carácter vinculante; es decir, que no derivará en acusaciones porque los resultados obtenidos serán confidenciales y no se darán a conocer ni a los partidos políticos, lo único que se informará será si existe o no “riesgo razonable” para evitar que la persona investigada, no sea candidata.
Con lo que sabemos hasta ahora, ¿esta Comisión habría detectado a Rocha Moya, a Inzunza y a los alcaldes detenidos en la Operación Enjambre?
De qué servirá esta reforma si actualmente existen acusaciones en contra de gobernadores, presidentes municipales, senadores y funcionarios y no se procede en contra. Pareciera que será de chocolate.
Y en Pregunta Sin Ofensa:
La salida de Andy López Beltrán de Morena para competir por una diputación federal en Tabasco, única entidad que le podría dar un triunfo, obedece a que quiere hacer carrera política o bien a que le urge el fuero.
@aguilarkarina
*Reportera de la sección México en el diario 24 HORAS. Periodista y columnista con 25 años de experiencia en la cobertura de temas parlamentarios, partidos políticos, elecciones y salud