• La visa cancelada a Andy López Beltrán coloca a Morena ante un dilema político: defender la soberanía frente a Washington o despejar las dudas sobre presuntos vínculos con el huachicol fiscal. Mientras Sheinbaum acusa injerencia, Estados Unidos endurece su estrategia contra el narcotráfico y el oficialismo vuelve la mira en contra de Alejandro Moreno.
Ernesto Madrid
Hay una pregunta que Claudia Sheinbaum no termina de responder: ¿por qué la defensa de la soberanía aparece con tanta fuerza cuando la señal de Washington toca a un integrante de Morena?
La presidenta descartó que la Fiscalía General de la República deba investigar a Andrés Manuel López Beltrán simplemente porque Estados Unidos le canceló la visa. Sostuvo que la medida tiene un “sentido político” y constituye una forma de injerencia en México.
El argumento sería impecable si el debate terminara en la visa. Pero no termina ahí. El PAN exige que la FGR y la UIF revisen los señalamientos que vinculan a Andy con una presunta red de huachicol fiscal, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita; incluso sostiene que su nombre aparece en un testimonio incorporado a una investigación de la Fiscalía. Son acusaciones que deberán probarse, no condenas anticipadas.
El problema político para el gobierno es otro: Washington ya no está hablando solamente de visas.
Estados Unidos ha convertido la lucha contra los cárteles en una política hemisférica, con recompensas, designaciones terroristas y una estrategia que contempla incluso operaciones terrestres contra organizaciones criminales en países aliados.
En ese escenario, la reacción mexicana adquiere otra dimensión. Porque mientras Sheinbaum defiende a Andy y acusa a Washington de intervenir en la política nacional, en México siguen abiertas preguntas sobre figuras de Morena y su entorno, desde Rubén Rocha Moya hasta Américo Villarreal y Marina del Pilar, además de otros casos que han colocado al oficialismo bajo escrutinio estadounidense.
Eso no significa que exista responsabilidad penal de esos personajes; significa que el gobierno debería ser el primer interesado en que cualquier señalamiento sea investigado con independencia y transparencia.
Y entonces aparece Alejandro Moreno “Alito”.
Mientras Washington pone el foco sobre figuras vinculadas al poder mexicano, Morena reactiva el proceso contra el dirigente priista, cuya causa por presuntos delitos cometidos durante su gestión en Campeche vuelve al centro de la escena. “Alito”, además, ha utilizado sus visitas a Estados Unidos para denunciar presuntos vínculos entre Morena y el crimen organizado.
La coincidencia resulta políticamente demasiado conveniente: cuando Estados Unidos mira hacia Morena, el oficialismo mira hacia la oposición.
Y ahí está la verdadera paradoja. Si el principio es que ninguna autoridad mexicana debe investigar a alguien sólo porque Estados Unidos le retiró una visa, correcto.
Pero el mismo principio debería aplicarse al revés: ningún personaje políticamente poderoso debe quedar fuera del escrutinio cuando existen señalamientos que pueden investigarse dentro de México.
La soberanía no puede convertirse en escudo partidista. Y la justicia, mucho menos, en una linterna que sólo ilumina al adversario.