Columnas martes 18 de agosto de 2026 –
Por Viviana Erika Solorio, activista de derechos humanos. Mtra. Administración y Políticas Públicas y mtrda. Criminología.
Los terremotos que se suscitan en diversos países son amplificadores de desigualdades, los decesos y la desesperanza se presentan en muchas familias que viven los movimientos telúricos; las autoridades tienen que aminorar los estragos.
En lo que va de este año lamentablemente se han suscitado 11 terremotos de magnitud 7 o mayor registrados en Malasia, Tonga, Vanuatu, Indonesia (2), Japón, Filipinas, Venezuela (2), México, Colombia. Miles de pérdidas humanas se han registrado, dejando en la indefensión a las familias.
Los desastres naturales dejan huellas irreparables, son situaciones que las y los gobernantes no pueden controlar, la ayuda humanitaria es fundamental por parte de los gobiernos de diversos países para apoyar a quienes más lo necesitan. Las políticas públicas de prevención son imprescindibles para continuar trabajando.
Alimento, agua, higiene, vivienda, infraestructura, servicio médico, salud física y mental son algunos de los servicios prioritarios que necesitan las personas que son afectadas por los terremotos o desastres naturales. Los impactos no acaban al término de los movimientos telúricos, es sólo el comienzo de una larga y tortuosa travesía.
Los gobiernos tienen que proteger los derechos humanos de las personas, la incapacidad de muchos empleados dentro de la administración pública puede provocar que se continúe lacerando el bienestar de las familias. Las ideologías partidistas y la corrupción obstaculizan la reconstrucción y el desarrollo de los pueblos y naciones.
Los programas y políticas púbicas que se implementen desde los gobiernos para trabajar para llegar al bien común es un deber constante, en tiempo de crisis los recursos humanos y económicos que se destinan son fundamentales para brindar ayuda a las personas y familias afectadas.
“La creación de alianzas estratégicas entre comunidades y autoridades locales que garanticen la participación y la inclusión de grupos vulnerables, marginados y discriminados. La concienciación de los derechos humanos y el fortalecimiento de las capacidades para que las comunidades locales reclamen sus derechos mientras se construyen las capacidades de las autoridades para responder de forma adecuada a esos reclamos”, (ONU-HABITAT).
La gobernanza y el buen gobierno tienen que ser prioridad en los gobernantes hacia sus gobernados, se ha normalizado la violación a los derechos humanos por acción u omisión dentro de la administración pública, la falta de conocimiento o ignorancia provoca violencia hacia las personas y hace más difícil trabajar para alcanzar el bien común.
Las alianzas estratégicas entre países, gobiernos, iniciativa privada y organismos internacionales son de gran apoyo, el trabajo coordinado es imprescindible, porque ninguna autoridad puede sola ante los desastres naturales.