La pregunta de fondo trasciende a Julio Iglesias. El caso pone a prueba hasta dónde llega la justicia española cuando un ciudadano con pasaporte español enfrenta acusaciones graves fuera de sus fronteras, contra trabajadoras extranjeras sin recursos para litigar en su país.
La Fiscalía española dio un giro que reactiva el caso más incómodo en la carrera de Julio Iglesias. El fiscal Vicente González Mota, a quien le correspondió por reparto pronunciarse sobre la querella, envió un informe al magistrado Antonio Piña en el que sostiene que la Audiencia Nacional sí tiene competencia para investigar al cantante. Ahora el juez decidirá si abre una investigación contra el artista.
La decisión contradice la postura que el propio Ministerio Público defendió hace apenas nueve meses. Entonces cerró la puerta sin examinar el fondo de las acusaciones. Hoy la abre, y deja en manos de un juez la pregunta que define todo el proceso: ¿puede España juzgar hechos ocurridos en el Caribe?
El informe que cambia el rumbo del caso Julio Iglesias
El nuevo criterio no surge de una decisión aislada. Una superior, la fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado, Beatriz Sánchez Álvarez, supervisó el informe y respaldó la tesis de González Mota sobre la competencia de los tribunales españoles.
El respaldo de una especialista en trata de personas no es un detalle menor. Ese delito figura en el centro de la querella y explica, en parte, por qué la Fiscalía reconsidera ahora la vía de la jurisdicción española.
Un elemento añade tensión institucional. La teniente fiscal Marta Durántez y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, normalmente habrían supervisado el informe, pero ambos se apartaron porque la defensa del cantante los denunció por negarse a entregarle la primera denuncia.
De la denuncia archivada a la querella
La historia judicial arranca en enero. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias reservadas tras una denuncia presentada el 5 de enero, y justificó su silencio en la protección prioritaria de las presuntas víctimas.
La investigación duró poco. Durántez archivó la denuncia diez días después, sin entrar al fondo: concluyó que España carecía de jurisdicción porque los hechos ocurrieron en el extranjero y no existían los vínculos territoriales o personales que exige la ley.
Su razonamiento descansó en dos argumentos. Las extrabajadoras no tienen nacionalidad española ni viajaron con el cantante a España; y, según la fiscal, el artista no reside ni mantiene en el país su centro de vida, aunque tiene nacionalidad española y conserva propiedades aquí.
Las denunciantes no se rindieron. En septiembre de 2026 presentaron ante la Audiencia Nacional una querella por delitos laborales y sexuales, que el reparto asignó al juez Piña. Esta vía cambia las reglas: ahora decide un juez, no la Fiscalía.
Qué delitos señala la querella
Women’s Link, la organización que representa a las mujeres, amplió la acusación. La querella imputa al cantante trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual, delitos contra los derechos de los trabajadores, lesiones y trato vejatorio. Respecto a la denuncia original, añade un delito de trato degradante y aporta abundante jurisprudencia para sostener la competencia española.
Las denunciantes, a quienes la prensa identifica con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, trabajaron en las mansiones del cantante en 2021. Sitúan los hechos en sus residencias de Punta Cana, en República Dominicana, y de Lyford Cay, en Bahamas.
Sus relatos describen un entorno de control. Una de ellas asegura que el personal debía someterse a revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y análisis de enfermedades de transmisión sexual como el VIH. También denuncian tocamientos, humillaciones e interrogatorios íntimos.
Una investigación periodística de tres años
El caso no nació en un juzgado, sino en una redacción. Una investigación de elDiario.es en colaboración con Univision Noticias sacó a la luz los testimonios de una empleada del hogar y una fisioterapeuta. El equipo contactó durante tres años con 15 exempleadas que trabajaron para el cantante entre 1990 y 2023 en sus propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.
No todas las voces coinciden. Una antigua supervisora del artista, mencionada en uno de los relatos, rechazó de plano las acusaciones y defendió el trato respetuoso del cantante hacia las mujeres.
La ofensiva legal de Julio Iglesias
El cantante, de 82 años, niega todo. Desde el primer momento rechazó los hechos y su defensa pidió el archivo poco después de conocer las diligencias.
Su estrategia también apunta hacia fuera del caso penal. Iglesias demandó ante el Tribunal Supremo a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por intromisión ilegítima en su honor, y le reclama 50.000 euros por daño moral. El motivo: los mensajes que la ministra publicó en redes y repitió en televisión tras conocerse las acusaciones. Su equipo legal sostiene que Díaz transmitió prejuicios de culpabilidad desde un alto cargo del Estado.
La batalla documental sigue abierta. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo obligó a la Fiscalía a entregar a la defensa las diligencias y la denuncia anonimizada, aunque el Ministerio Público recurrió esa decisión.
Lo que está en juego
La pregunta de fondo trasciende a Julio Iglesias. El caso pone a prueba hasta dónde llega la justicia española cuando un ciudadano con pasaporte español enfrenta acusaciones graves fuera de sus fronteras, contra trabajadoras extranjeras sin recursos para litigar en su país.
El informe fiscal no prejuzga la culpa del cantante, que conserva intacta su presunción de inocencia. Pero sí elimina el principal argumento que frenó el caso en enero. La última palabra la tiene ahora el juez Antonio Piña.
