La ASF investiga al INE y la presidencia del órgano electoral respondió en la madrugada de este sábado 24 de octubre con una promesa: el INE colaborará con la Auditoría Superior de la Federación en todo lo que requiera, igual que con su Órgano Interno de Control, al que ya entregó los antecedentes del caso.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, aceptó la investigación de oficio y dijo estar “a favor de que se investigue a fondo”. Su respuesta llega tras una semana de revelaciones periodísticas que la colocan en el centro de la polémica.
Qué encontró la Auditoría Superior
El viernes 23 de octubre, la ASF anunció que ya cuenta con elementos e indicios de irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos. No habló de sospechas vagas: habló de indicios ya reunidos.
La indagatoria no se limita al instituto federal. Abarca también a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), así como a empresas, servidores públicos y proveedores relacionados.
La ASF sustenta su intervención en las nuevas facultades de investigación administrativa que recibió, y revisará expedientes de contratación, redes de proveedores y la actuación de funcionarios del INE y de los OPLES.
El foco: material electoral
Según reportes, las pesquisas apuntan a contrataciones vinculadas con la producción de materiales electorales, entre ellos papel seguridad, tintas invisibles y marcas de agua. Se trata de insumos críticos para la integridad de cualquier elección.
La red detrás de los contratos del INE
El caso tiene nombre y apellido. La intervención de la ASF ocurre en medio de la controversia por las contrataciones asignadas a las firmas Corporativo ZEG y Cajas Graf.
Ambas empresas orbitan alrededor del empresario José Alfredo Hernández Casillas. De acuerdo con el diario Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indaga desde 2023 una red de siete empresas de su propiedad que proveen al INE y a institutos electorales locales, por simulación de competencia, triangulación de recursos y operación de factureras.
Las cifras en juego
Las cantidades difieren según la fuente, pero todas resultan millonarias. En 2025, Cajas Graf firmó con el INE un contrato de material para la elección judicial por un monto máximo de 198.7 millones de pesos.
Otros reportes elevan la suma: medios atribuyen a Cajas Graf y empresas vinculadas contratos por alrededor de 245 millones de pesos durante las gestiones de Taddei en Sonora y en el INE.
Los videos que encendieron la alarma
El escándalo escaló con material audiovisual. Latinus difundió una grabación de Taddei durante un festejo por el Grito de Independencia junto a Hernández Casillas, representante legal de Cajas Graf.
Días después, otro video mostró a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de la consejera presidenta, en un hotel de lujo de París acompañado por el mismo empresario.
El vínculo no se reduce a lo social. Jesús Octavio García González pasó de representar legalmente a Cajas Graf y Corporativo Zeg a ocupar el cargo de administrador del INE. Esa puerta giratoria constituye, por sí sola, una alerta de conflicto de interés.
La defensa de Taddei
La presidenta del INE niega cualquier favoritismo. Sostiene que las empresas señaladas ya trabajaban con autoridades electorales antes de su llegada a la presidencia del instituto, en abril de 2023.
En su comunicado, subrayó que ningún proceso de contratación, servidor público ni proveedor está por encima de la ley. También atribuyó las publicaciones en su contra a intereses políticos.
Como gesto de apertura, el INE prepara un micrositio llamado “INE siempre a la vista, contigo en cada paso” para que la ciudadanía consulte información sobre sus contrataciones.
Presión política y la sombra de 2027
La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura antes del anuncio de la ASF. Llamó a practicar auditorías y dejó en manos de Taddei la decisión de permanecer o no en el cargo.
La oposición endureció el tono. Legisladores y dirigentes del PAN advirtieron que los señalamientos afectan la credibilidad de Taddei de cara a las elecciones de 2027, mientras el representante de Somos, Marco Baños, pidió que se separe temporalmente del cargo.
El calendario agrava el problema. El INE se prepara para las elecciones intermedias de 2027, en las que el país renovará la Cámara de Diputados y celebrará diversos comicios locales.
Las preguntas que siguen abiertas
La promesa de colaboración no responde lo esencial. ¿Por qué la UIF investigaba a estos proveedores desde 2023 y el INE siguió adjudicándoles contratos? ¿Quién autorizó la llegada de un exrepresentante del contratista a la administración del instituto?
Tampoco queda claro si el Órgano Interno de Control tiene la distancia suficiente para auditar a su propia presidencia. La ASF tiene ahora la palabra, y su veredicto definirá la confianza ciudadana en el árbitro electoral rumbo a 2027.
Hasta ahora, todos los señalamientos constituyen presuntas irregularidades. Las autoridades competentes deberán acreditarlos o descartarlos.