La vivienda no es un negocio ni una mercancía, ¡es un derecho fundamental!, afirma la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, detalló este jueves 22 de octubre los siete ejes de su iniciativa de rentas justas, con la que busca impedir que los alquileres suban por encima de la inflación y frenar los abusos que enfrentan miles de inquilinos en la capital.
La propuesta, que lleva el nombre de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, ya descansa en el Congreso capitalino. El Ejecutivo local la envió el 14 de octubre, en el marco de su Segundo Informe de Gobierno.
“La vivienda no es un negocio ni una mercancía, ¡es un derecho fundamental!”, sostuvo la mandataria al defender un proyecto que, desde su anuncio en 2025, acumula retrasos, tensiones dentro del propio oficialismo y críticas de la oposición.
Una ciudad que vive de alquiler
El diagnóstico oficial explica la urgencia. Según Brugada, casi 30% de las familias capitalinas paga renta cada mes, y ese grupo creció 54% en los últimos 15 años.
La presión llegó tras las protestas contra la gentrificación en colonias como Roma, Condesa e Hipódromo. En respuesta, el gobierno lanzó primero el Bando 1 y luego, en abril de 2026, una reforma constitucional que preparó el terreno para la ley secundaria que hoy discuten los diputados.
Los 7 ejes de la ley de rentas justas
1. Tope al aumento según la inflación
El eje central establece que la renta anual no podrá subir más que la inflación del año previo reportada por el INEGI, incluso si cambia el inquilino. Quien rebase ese límite enfrentaría multas de entre $11,731 y $46,924 pesos.
Brugada reconoció que el Código Civil capitalino ya contempla ese tope. La diferencia, argumentó, radica en que ahora el gobierno contará con mecanismos para hacerlo cumplir.
2. Fin del exceso de garantías
La iniciativa permite a los propietarios exigir una sola garantía para firmar un contrato. Además, prohíbe trasladar al inquilino los costos de intermediación, como pólizas jurídicas e investigaciones.
El texto también impide discriminar a personas con hijos o mascotas, una práctica frecuente en anuncios de renta.
3. Defensoría inquilinaria
La ley crea la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social (Prosoc). El organismo brindará orientación, mediación, conciliación y patrocinio jurídico gratuito tanto a inquilinos como a arrendadores.
4. Contratos estables por año
La propuesta fija una duración mínima de un año para los contratos y obliga a inscribirlos en un registro digital a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).
5. Más vivienda pública asequible
El gobierno plantea impulsar vivienda pública en renta, con participación de la iniciativa privada, para ampliar una oferta que hoy no alcanza a cubrir la demanda.
6. Protección social ante desalojos
Un Gabinete de Acompañamiento Social, encabezado por la Secretaría de Gobierno, atenderá a familias vulnerables que enfrenten desalojos ordenados por un juez.
7. Observatorio público del suelo
Finalmente, un Observatorio Público de Vivienda estudiará precios, costos del suelo y dinámicas inmobiliarias para orientar decisiones contra la gentrificación.
“No hay congelación de rentas”
La jefa de Gobierno salió al paso de las versiones que circularon en redes y en algunos medios. “No hay congelación de rentas en esta iniciativa de ley”, insistió, y negó que el proyecto atente contra la propiedad privada.
Según su explicación, la ley no fija un precio único ni congela alquileres: establece reglas claras y crea instituciones para vigilar que se cumplan.
Las dudas que deja la iniciativa
El proyecto no convence a todos. La oposición advierte que los controles podrían desincentivar la construcción y reducir la oferta de vivienda en renta, un argumento que el PAN repite desde el anuncio del Bando 1.
Analistas citados por la prensa financiera alertan, además, sobre un efecto paradójico: algunos propietarios podrían adelantar aumentos antes de que la ley entre en vigor, precisamente para blindarse del futuro tope.
Dentro del oficialismo tampoco existe unanimidad. El Partido Verde, aliado de Morena, rechazó la reforma constitucional previa, y las diferencias internas explican por qué una ley prometida para agosto de 2025 llegó al Congreso más de un año después.
Queda otra pregunta de fondo: si el tope ya existía en el Código Civil y nadie lo respetaba, ¿bastarán una defensoría y un registro digital para cambiar la realidad? La respuesta dependerá del presupuesto, las facultades sancionadoras y la capacidad de la Prosoc para operar a escala de toda la ciudad.
Lo que sigue en el Congreso
Las comisiones del Congreso de la Ciudad de México deberán analizar la propuesta y elaborar un dictamen. Los diputados pueden aprobarla íntegra, modificarla o desecharla antes de llevarla al pleno.
Mientras tanto, la ley de rentas justas aún no está vigente. Los inquilinos que enfrenten aumentos abusivos pueden invocar el límite que ya marca el Código Civil, aunque, como reconoce el propio gobierno, ese candado hoy carece de dientes.