Reporteros Sin Fronteras (RSF) contabiliza 18 periodistas asesinados durante los dos primeros años de gobierno de Claudia Sheinbaum, y advierte que casi ninguno de esos crímenes tiene responsables castigados. La organización presentó este jueves en la Ciudad de México un balance en materia de libertad de prensa.
El informe, titulado “México. Dos años de mandato de Claudia Sheinbaum: ¿Qué avances para la libertad de prensa?”, concluye que solo seis de los 22 compromisos que la mandataria firmó con RSF en 2024 muestran algún grado de avance. Eso equivale apenas al 27%, y la organización califica cinco de esos seis avances como insuficientes.
Thibaut Bruttin, director general de RSF, no matizó su diagnóstico. Con 169 periodistas asesinados en los últimos 20 años, afirmó que lo que ocurre en México representa “una de las más grandes tragedias del siglo XXI para el periodismo”.
Un balance de compromisos que no despega
RSF desglosó la evaluación de los 22 compromisos con un rigor que expone la distancia entre la firma y la acción. Solo uno obtuvo una valoración positiva: la capacitación de funcionarios estatales encargados de proteger a periodistas.
El resto dibuja un panorama de estancamiento. Diez compromisos carecen de avances verificables, dos registran retrocesos institucionales y, en cuatro casos, la organización no obtuvo información suficiente para evaluarlos. Esa opacidad, por sí misma, dice mucho.
Bia Barbosa, directora de Incidencia de RSF para América Latina, expresó la preocupación de la ONG por llegar a un tercio del sexenio sin que siquiera un tercio de los mecanismos prometidos funcione. Aunque los compromisos abarcan seis años, RSF consideró necesario hacer un corte de caja a mitad de camino.
Prioridades invertidas
La organización detectó un problema de fondo en el orden de las prioridades. Los 22 compromisos se agrupan en cinco ejes, y RSF considera urgentes dos de ellos: la protección de periodistas y el combate a la impunidad.
El gobierno, sin embargo, optó por empezar por el eje de reformas legislativas. Mientras tanto, los asesinatos continúan. La paradoja resulta evidente: el Estado legisla, pero no protege ni investiga.
Impunidad: el corazón del problema
El eje de impunidad concentra los peores resultados. Balbina Flores, representante de RSF en México, señaló que uno de los compromisos sin avance se refiere a los 29 periodistas desaparecidos en el país.
La Fiscalía General de la República (FGR) ni siquiera reconoce esos casos como desapariciones; los clasifica como privación ilegal de la libertad. Ninguno de esos comunicadores ha aparecido, y RSF calcula una impunidad del 100% en esos expedientes.
Los datos judiciales confirman el patrón. Una revisión periodística de los informes de la propia fiscalía documentó apenas nueve condenas federales por homicidios de periodistas en 15 años, frente a más de un centenar de asesinatos registrados por organizaciones civiles en ese periodo.
Reuniones al más alto nivel
Un día antes de presentar el informe, la delegación de RSF —encabezada por Bruttin, Barbosa y Flores— se reunió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy.
Ante ambas funcionarias, la organización insistió en que los compromisos firmados al inicio del sexenio deben convertirse en acciones concretas. La pregunta que queda abierta es si esas reuniones producirán resultados medibles o se sumarán a la larga lista de encuentros sin consecuencias.
Una escalada documentada
La cifra de 18 asesinatos no surgió de la nada. RSF siguió el deterioro casi en tiempo real: al cumplirse el primer año de gobierno, en octubre de 2025, la organización ya contaba diez periodistas asesinados, nueve de ellos en solo siete meses.
En enero de 2026, RSF documentó el asesinato de Carlos Castro en Poza Rica, Veracruz, el undécimo del sexenio. Castro formaba parte de un mecanismo local de protección desde 2024, tras denunciar amenazas de policías municipales. La protección oficial no le salvó la vida.
En agosto de 2026, medios nacionales y locales publicaron de manera simultánea una alerta conjunta con RSF que exigía a la presidenta frenar la violencia. Para entonces, la cuenta llegaba a 17 víctimas.
Las cifras varían según la fuente
El conteo depende de la metodología. Un cruce de registros de Artículo 19, RSF y otras organizaciones, publicado en julio de 2026, ya contabilizaba 19 periodistas y comunicadores asesinados. RSF aplica criterios más estrictos para vincular cada crimen con el ejercicio periodístico, lo que explica la diferencia.
México, el país más letal del continente
RSF sostiene que México sigue como el país más peligroso de América para ejercer el periodismo y uno de los más letales del mundo fuera de zonas de guerra. En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026, la organización ubicó al país en el lugar 122 de 180.
El discurso oficial choca con esa realidad. En su primer informe de gobierno, Sheinbaum aseguró que en México se practica “la mayor libertad de expresión de la historia”. Organizaciones como RSF, en cambio, documentan un patrón persistente de negación y estigmatización hacia la prensa desde hace varios sexenios.
Un contexto global hostil
Bruttin enmarcó la crisis mexicana en un escenario internacional adverso. Describió un clima de voces hostiles contra la prensa que proviene de muchos gobiernos en distintos países, y advirtió que el entorno digital se convirtió en un espacio para el discurso de odio contra periodistas, sumado a una banalización de la violencia.
El director de RSF cerró con un llamado a valorar el periodismo por su función social: garantizar el derecho a la información y aportar al desarrollo de la sociedad y de todos los ciudadanos. Con 18 colegas asesinados en dos años, la exigencia ya no admite más aplazamientos.