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Gobernadores en fuga – Opinión

by Redacción
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Óscar Sánchez Márquez

Francisco Javier García Cabeza de Vaca se suma a la larga lista de gobernadores mexicanos defenestrados, ya sea por la presunta comisión de delitos o por un abierto enfrentamiento con el presidente de la República en turno.

La “caída” de gobernadores, sin embargo, es vista, sobre todo, como una demostración del poder real que ejerce el Jefe del Ejecutivo. El Presidente de la República premia o castiga, empodera o socava a los mandatarios estatales. En política la sumisión premia, pero la corrupción también cava tumbas políticas.

Más allá del Pacto Federal, la alianza de los Estados  en  la República, el punto de equilibrio en la relación entre el Primer Mandatario y el Ejecutivo estatal radica en los recursos públicos. El dinero federal hacia los estados fluye en la medida en que el gobernante local atiende y entiende al Ejecutivo Federal. Esa es la práctica normalizada, por más que se hable de la soberanía de los Estados.

A ello hay que agregar la pugna por el control político de  la entidad. Senadurías, diputaciones federales y locales  son la eterna manzana de la discordia. Los gobernadores quieres ejercer ese poder absoluto al buscar control nominaciones y carreras políticas, pero la Federación, es decir, el Presidente de la República y sus  operadores políticos, buscan lo mismo, de tal manera que dinero y manejo político son los factores que siempre terminan por reventar una relación Federación-Estados.

Carlos Salinas de Gortari, ávido de legitimar su elección y por tanto su fuerza política como presidente de la Repúblico  ordenó y fraguó la “caída” de 17 Gobernadores. 

Recordamos a algunos de ellos: Sócrates Rizzo en Nuevo León, la tierra adoptiva de Salinas; Salvador Neme García en Tabasco; Luis Martínez Villicaña, y Eduardo Villaseñor, en Michoacán; Víctor Cervera Pacheco, en Yucatán, Fausto Zapata Loredo y Gonzalo Martínez Corbalá en San Luis Potosí; Guillermo Cosío Vidaurri en Jalisco; Patrocinio González Garrido y Elmar Seltzer Marselle, en Chiapas.

Ernesto Zedillo llevó a cabo las maniobras políticas para que dejaran el cargo los Gobernadores  Jorge Carrillo Olea y Jorge Morales Barud, en Morelos; Rubén Figueroa Alcocer, en Guerrero y Eduardo Robledo Rincón, en Chiapas.

En la actualidad la Alianza Federalista de Gobernadores, conformada principalmente por mandatarios estatales de Acción Nacional y algunos del PRI, le declararon la guerra al presidente López Obrador  desde su inicio de sexenio, con la  exigencia de llevar a cabo una nueva Ley Hacendaria que hiciera posible una nueva  redistribución de los recursos hacia los Estados. Argumentan que muchos estados, como Nuevo león o Tamaulipas, generan muchos recursos y reciben pocas participaciones federales a cambio.

La Alianza  opositora de gobernadores incluso habló plantearon una rebelión fiscal-hacendaria, que no prosperó pero que iba en el sentido de dejar de enviar los recursos provenientes de la recaudación y administrarlos localmente. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el hoy defenestrado, era uno de los principales promotores de esta idea.

Los mandatarios de Acción Nacional siempre han tenido claro que sin recursos por parte de la Federación no solo no podrán atender sus necesidades presupuestales inmediatas y básicas, que en algunos casos llega incluso hasta la incapacidad de pagar la nómina quincenal.

Pero la mayor preocupación era y sigue siendo que esa excesiva concentración de los recursos por parte de la hacienda federal no sólo afecta los planes políticos inmediatos, sino los que tienen que ver con la elección presidencial del 2024, en la que se requieren recursos  cuantiosos para soportar  diversas campañas electorales de manera simultánea.

De ahí la presión que han ejercido los mandatarios panistas, aunque se mismo problema lo tienen los gobernadores priistas.

Es prematuro decir que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hoy prófugo de la justicia, aunque con fuero como mandatario estatal (por ilógico que se escuche) sea una víctima en turno del morenísimo. Pero la historia reciente nos recuerda que quizá ningún gobernador  ha podido doblegar al Estado, tenga o no tenga razón.

Hoy como en el pasado reciente, cobra fuerza esa  máxima de que el presidente en turno quita y pone gobernadores cuando quiera, porque tiene el Poder, aunque quizá no la razón.

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