Ciudad de México.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, derivado de la “Operación Liberación”, implementada el pasado 21 de julio en el Estado de México, se detuvo a 8 integrantes de una célula delictiva dedicada a la extorsión.
En conferencia de prensa, el secretario indicó que esta operación dirigida a desmantelar las redes criminales de extorsión en el estado contó con el despliegue de 63 células operativas con dos mil 866 elementos del Gabinete de Seguridad y dependencias estatales y logró la captura de Antonio “N”, Alicia “N”, Ali “N”, Gonzalo “N”, Jorge “N”, José Fernando “N” y Yareli “N”; además de Bernardo Alejandro “N”, quien fue aprehendido en Quintana Roo.
Las y los detenidos fueron identificados como integrantes de un grupo delictivo originario de Michoacán que acaparaba mercancías y servicios que van desde el abasto de alimentos hasta materiales de construcción mediante amenazas a la comunidad del sur de la entidad.
Por su parte, el fiscal general de Estado de México, José Luis Cervantes, detalló que la “Operación Liberación” “fue concebida específicamente para perseguir la coacción que ejercen los grupos criminales o individuos a través de unidades económicas al fijar cuotas o precios abusivos y obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios en lugares preestablecidos bajo un esquema de violencia moral y extorsivo”.
Explicó que este esquema se caracteriza por el incremento excesivo a los precios sobre productos específicos, lo que imposibilita a la comunidad a recurrir a otros establecimientos “y tienen que ser direccionados concretamente en los mismos”.
Cervantes ejemplificó que este grupo criminal comercializaba insumos para la construcción con sobreprecios de hasta el 122%, como era el caso del Millar Block, que en el municipio de Toluca puede adquirirse por nueve mil pesos y que en Valle de Bravo su precio ascendía hasta los 20 mil pesos.
#EnVivo | Conferencia de Prensa, 23 de julio de 2025.
— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 23, 2025
Este modus operandi también se trasladó a sectores como consumibles, con incrementos excesivos en la carne de res, de cerdo, huevo y pollo, entre otros.
El fiscal general explicó que esta operación se dio en seguimiento a denuncias formales sobre actividades de acaparamiento, sobre precio y extorsión en la región, mismas que dieron como resultado la integración de 63 expedientes de investigación desde hace 6 meses.
El operativo se llevó a cabo en 52 establecimientos comerciales de los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo y Villa Victoria y se aseguraron animales de granja, cárnicos, cemento, grava y varilla, entre otros. Entre estos se accedió a oficinas sindicales y de distribución de paquetería, casas de venta de materiales de construcción, acero, aluminio y vidrio; minas, carnicerías y expendios de huevo, granjas de pollo, porcinas y establecimientos de venta de alimentos para animales y forrajes.
José Luis Cervantes detalló que estos establecimientos “acaparan el producto de manera constante y desde ahí se hace una distribución hormiga o se obliga a comprar. De manera tal que si uno acude a una tlapalería de Malinalco a comprar cemento le van a decir que ahí no le van a vender el cemento, que se lo van a vender en Ixtapan de la Sal o en Tejupilco en determinado local […] con una especie de recibo con una firma de preautorización […] y ahí te van a surtir e incluso no puedes tú transportarlo, lo van a transportar nuestros propios camiones que no son otra cosa que agrupaciones pseudosindicales”.
Sobre las y los detenidos, el fiscal señaló que se identificó que los 8 ejercían “labores gerenciales”, es decir, un trabajo asociado al crimen organizado, pero en la esfera de la contabilidad, finanzas, distribución y logística. Estos “varían por su perfil, pueden ser desde un expendedor de carne hasta un connotado empresario de la zona” y podrían enfrentar penas de hasta 70 u 80 años.
Entre ellos destaca Eli “N”, quien era dueño de una casa de venta de materiales y almacén “JIMEX” y era presuntamente la única persona autorizada por un grupo delictivo de Michoacán para la distribución de cemento y materiales de construcción en dicha región del Estado de México.
Eli “N” cuenta con diversas y extensas propiedades en Amanalco y es investigado por su probable participación en el delito de secuestro con fines de extorsión.
Por otro lado, Cervantes evidenció que este grupo criminal contaba con el apoyo de un sindicato importante de transportistas que participa de manera monopólica en el transporte de bienes y servicios, que estaba a cargo de Gonzalo “N”, quien se encargaba de trasladar la mercancía a favor de Eli “N”.
Finalmente, apuntó que los sindicatos que colaboraban con este grupo delictivo desplazaron a las organizaciones colectivas de taxistas, camiones y transportes debido a que representaba un sector logístico clave en su actividad.
De acuerdo con Harfuch, desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión el pasado 6 de julio, se han detenido a 48 personas relacionadas con este delito.
