La agrupación México Nuevo llevó este lunes al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sofía Castro Ríos, presidenta de la agrupación en Oaxaca, acudió a las oficinas de la FGR en Dr. Velasco 147, en la Ciudad de México, y entregó una denuncia formal contra el mandatario morenista.
El catálogo de imputaciones resulta amplio. La querella acusa al gobernador de extorsión, delincuencia organizada, secuestro, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público, homicidio, despojo, tráfico de armas, robo de hidrocarburos, usurpación de funciones, peculado y desvío de recursos.
La denuncia contra Salomón Jara alcanza a su círculo político
Castro Ríos no apuntó solo contra el titular del Ejecutivo estatal. La denunciante también señaló a legisladores como el senador morenista Antonino Morales Toledo, además de funcionarios y autoridades municipales.
Según la exlegisladora, el gobernador, su hermano Noé Jara, la exsecretaria de Turismo Saymi Pineda y el exdirector del IEEPO Emilio Montero Pérez mantienen nexos con el presidente municipal de Juchitán, hoy detenido por delincuencia organizada.
La activista sostuvo que su movimiento no persigue un fin partidista. Castro Ríos aseguró que la acción responde a la legalidad y no a un cálculo político. También la presentó como respuesta a la promesa de la fiscal general Ernestina Godoy.
Las pruebas: reportajes periodísticos
Aquí aparece el primer punto débil del expediente. La querellante sustentó su petición en notas periodísticas; adjuntó testimonios y reportajes de televisión, radio, prensa escrita y portales digitales.
Ese material puede orientar una investigación, pero no sustituye la evidencia ministerial. Corresponde ahora a la FGR decidir si abre una carpeta de investigación y si encuentra elementos para judicializar el caso. Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía no informó públicamente sobre el trámite de la querella.
Quién está detrás de México Nuevo
La denuncia tiene un trasfondo político imposible de ignorar. México Nuevo nació del proyecto del exgobernador priista Ulises Ruiz Ortiz. El INE otorgó registro como agrupación política nacional al Movimiento por el Rescate de México, fundado por Ruiz Ortiz, que hoy busca convertirse en partido bajo la marca México Nuevo Paz y Futuro.
Ruiz gobernó Oaxaca de 2004 a 2010, periodo que marcó el conflicto magisterial de 2006. Maestros de la Sección 22 lo acusan de reprimir al gremio ese año, en un movimiento que, según ellos, dejó más de 20 personas asesinadas.
Aspiraciones rumbo a 2027
La propia denunciante tampoco ocultó su ambición. Castro Ríos reconoció que aspira a competir por la gubernatura de Oaxaca en el proceso electoral de 2027. Ante la prensa, resumió su postura con una frase: “No se necesita poder cuando tienes la capacidad”.
Esa doble condición —denunciante y aspirante— obliga a leer la querella con cautela. No invalida las acusaciones, pero sí exige separar el interés público del interés electoral.
Un gobierno bajo presión creciente
La denuncia no surge en el vacío. Llega días después de que la FGR golpeara a la estructura política del Istmo. La Fiscalía detuvo al alcalde de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, por presuntos vínculos con Los Cromos, célula ligada al CJNG y señalada por homicidio, extorsión y secuestro.
El nombre de Noé Jara, hermano del gobernador, también figura en reportes federales. Investigaciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la seguridad federal lo vinculan con la ASAEO, organización a la que relacionan con extorsión, secuestro, homicidios y despojo en Valles Centrales.
El pasado 6 de octubre, Salomón Jara declaró que su administración no encubrirá a nadie y que, si su hermano resulta culpable, las autoridades deben investigarlo. En la misma intervención, defendió que Oaxaca mantiene gobernabilidad y que la delincuencia organizada no ocupa espacio en el estado.
Fuego amigo y antecedentes
Los señalamientos tampoco provienen solo de la oposición. En abril, el petista Benjamín Robles Montoya exigió a la FGR actuar contra Jara por presuntos vínculos con el CJNG, y acusó que el cártel financió su campaña a través de su hermano.
A ello se suma el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva, crítico del gobierno estatal. Jara rechazó pedir licencia tras el crimen y negó cualquier elemento que lo vincule con el homicidio.
