La magistrada deja el tribunal dos años antes de que venciera su nuevo mandato, con la sombra de la sobrerrepresentación legislativa, el caso Pío López Obrador y una gestión marcada por acusaciones de cercanía con el oficialismo.
Mónica Soto se va, pero no se va limpia. La magistrada anunció este lunes su renuncia a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y con ella se lleva una hoja de servicio que la oposición, académicos y organizaciones civiles leen como una lista de favores al oficialismo.
Treinta años en instituciones electorales terminan así: entre aplausos en un auditorio y críticas en las redes. Soto salió del cargo con dos años de anticipación respecto al plazo que la reforma judicial le había fijado hasta 2028, y apenas uno después de lo que debía haber sido el cierre natural de su encargo previo a esa misma reforma.
Un anuncio sin explicaciones, en medio de la polémica
La magistrada no ofreció motivos concretos. Lo hizo frente a la comunidad jurídica electoral, durante el Encuentro Nacional de Magistraturas Electorales 2026, en un mensaje cargado de emotividad pero vacío de autocrítica.
“Quiero compartir con ustedes —y he escogido este espacio que es mi espacio y es donde me siento segura, abrazada y una más— que hoy he decidido hacer un alto en mi vida profesional y jurisdiccional”, dijo ante los asistentes, que la recibieron con aplausos.
Su carta de renuncia, dirigida a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, tampoco aclaró nada. Solo confirmó que su último día en funciones será el 31 de agosto.
La resolución que le pesa: la sobrerrepresentación de Morena
Nada marcó tanto la presidencia de Soto como la resolución que blindó la sobrerrepresentación legislativa de Morena y sus aliados tras la elección de 2024. Bajo su liderazgo, la Sala Superior avaló que el 54% de los votos obtenidos por la coalición oficialista se tradujera en cerca del 74% de las curules en la Cámara de Diputados.
Especialistas consultados por medios nacionales calificaron esa decisión como la más grave de su gestión. La consideran el punto de partida de la reforma judicial y de la elección de jueces por voto popular del 1 de junio de 2025, procesos que críticos describen como parte de una concentración de poder sin precedente reciente.
Solo una magistrada, Janine Otálora, votó en contra y advirtió públicamente que la Sala Superior estaba avalando lo que calificó como un fraude a la Constitución.
“Los tres votos”: el bloque que gobernó el tribunal
Durante su gestión, Soto encabezó junto con Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Fuentes Barrera un bloque de tres votos que, según reportes periodísticos, funcionó como aliado constante de las iniciativas del oficialismo dentro del tribunal. Ese bloque fue señalado de imponer criterios favorables al gobierno en turno, especialmente durante la organización de la elección judicial de 2025.
La propia composición de ese grupo generó tensiones internas. Trascendió que, en los últimos meses, existieron fracturas profundas en el pleno de la Sala Superior y diferencias permanentes que llegaron a paralizar sesiones presenciales del órgano.
El caso Pío López Obrador, otro expediente que la señala
Uno de los asuntos más cuestionados de su gestión fue el cierre definitivo del caso conocido como “los sobres amarillos”, que involucra al hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En marzo de 2026, la Sala Superior confirmó, con un proyecto elaborado por la propia Soto, el archivo de la investigación sobre presunto financiamiento ilícito a Morena.
La resolución se aprobó sin discusión entre los magistrados. Según reportes, el secretario que expuso el proyecto ni siquiera mencionó los nombres de los involucrados ni al partido señalado. El tribunal concluyó que los videos difundidos en 2020 carecían de valor probatorio suficiente para sancionar.
Cercanía con el oficialismo y audiencias canceladas
Soto también enfrentó señalamientos por su cercanía con integrantes de Morena, algo que rechazó públicamente durante su gestión. Se documentó que sostuvo reuniones con actores políticos mientras presidía el tribunal, aunque defendió que el diálogo con representantes partidistas no comprometía la autonomía del órgano jurisdiccional.
A esto se suma un episodio de 2024: la magistrada canceló, de último minuto y sin reprogramación anunciada, una audiencia ya confirmada entre los cinco integrantes de la Sala Superior y el Observatorio Ciudadano, que buscaba exponer un análisis sobre los límites constitucionales a la sobrerrepresentación antes de que el INE resolviera el reparto de curules.
Se ha señalado también, a nivel de trascendido y sin confirmación oficial, un vínculo familiar entre la magistrada y el entorno cercano a la ministra Yasmín Esquivel, versión que circuló en medios pero que no ha sido documentada de manera oficial por el tribunal ni por la propia Soto.
Una defensa sin matices
Lejos de reconocer errores, Soto respondió con firmeza a sus críticos. Llegó a calificar de “mentira” y “falso debate” las denuncias sobre la sobrerrepresentación, e incluso habló de un intento de “golpe de Estado técnico” en su contra.
“Decir que el Tribunal Electoral distribuyó mal es una mentira, esa es una falacia”, afirmó en un mensaje público, donde insistió en que la fórmula aplicada respetaba la Constitución vigente.
El tribunal se queda con cinco magistrados
Con la salida de Soto, la Sala Superior del TEPJF opera con cinco de sus siete integrantes hasta 2028, cuando los cargos podrán renovarse por voto popular. El tribunal arranca así un nuevo periodo electoral con una integración reducida y con el expediente de su expresidenta bajo escrutinio público.
Soto, quien llegó al cargo en 2016 y presidió la Sala Superior entre enero de 2024 y octubre de 2025, deja pendientes 19 juicios electorales en su ponencia antes de su salida definitiva.
