• La militarización del país no ha servido para generar mejores condiciones de seguridad dice el Observatorio Ciudadano y México Evalúa
Ernesto Madrid
Mientras Sinaloa entró en su décimo día de violencia con nuevos reportes de balaceras, el presidente Andrés Manuel López Obrador está más preocupado por responder a Genaro García Luna a quién pidió presentar pruebas sobre sus dichos, pero en medio de estas diferencias, las declaraciones del general Jesús Leana Ojeda y de su jefe el General Luis Cresencio Sandoval terminaron por desnudar la fallida y negligente estrategia de seguridad de este gobierno y la complicidad con el crimen organizado.
Lo anterior porque el jefe del Ejército mexicano también ratificó que no saben cuánto durará la violencia en Sinaloa y cuánto tardará en regresar la paz porque eso depende de que los grupos del narcotráfico detengan sus confrontaciones porque como ha dicho López Orador, “dependen de que los narcos quieran parar sus guerras y se porten bien” donde queda viva la pregunta.
¿Por instrucciones del presidente no deben enfrentar ni mucho menos detener a los narcos sinaloenses y solo deben permanecer como observadores mientras las dos facciones de ese cártel se matan entre ellos y siembran el pánico en Culiacán y en otros municipios?, como lo han confirmado lugareños de Sinaloa en las redes sociales.
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Lo cierto es que López Obrador, como era de esperarse, salió de inmediato a deslindarse y criticar al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón quién escribió una carta desde la cárcel en Estados Unidos en la que vinculó al titular del Ejecutivo con grupos del narcotráfico diciendo que “las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico”.
Entre sus palabras, también exigió “que presente las pruebas, que hable con Anabel (Hernández, periodista). Si él no las tiene, la periodista; pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados. Y para que no falle, que vaya al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos”, asumiendo así, sus vínculos con el narcotráfico que ha exhibido la periodista mexicana en su libro “La Historia Secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa”, Tim Golden y el diario The New York Times.
Lo cierto es que la carta de García Luna dice en su primer párrafo de la tercera hoja que “en los registros oficiales de México y Estados Unidos” existen los contactos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestión entre López Obrador y sus operadores del narcotráfico, uno de los cuales, que había testificado contra él, imputó al Presidente y a sus operadores de estar vinculados con ellos.
“García Luna no lo identificó, pero se trata de Jesús Reynaldo el Rey Zambada, que hizo esas acusaciones durante el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán, y que De Castro intentó, sin éxito, incorporar en su defensa. El Rey es hermano del Mayo, y era el encargado de cuidar la plaza de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de Gobierno, revela Raymundo Riva Palacio.
Lo cierto es que, los militares como ha quedado evidenciado no sirven para garantizar la seguridad de los mexicanos y dependen de que los narcos quieran parar sus guerras como refiere Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad quien agrega que la ola de violencia que se vive en Sinaloa “exhibe que la militarización del país no ha servido para generar mejores condiciones de seguridad”.
A lo anterior se suma la postura de México Evalúa que afirma que avanza la militarización sin frenar la violencia ya que hay más violencia homicida en entidades con militares al frente de la seguridad pública llegando en 2022, a un promedio anual de 80 homicidios de hombres por cada 100 mil habitantes, 50 homicidios más que en las entidades con mandos civiles o policiales.
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