Ernesto Madrid
La iniciativa preferente, enviada por el ejecutivo federal el 1º de febrero 2021 para modificar la Ley de la Industria Eléctrica, busca concentrar la generación de energía para consumo nacional en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relega la inversión privada y el uso de energías limpias, en detrimento de la calidad de vida de las y los mexicanos.
“El sistema [eléctrico] nacional deberá ser alimentado en el siguiente orden: en primer lugar, subirse a la red de distribución la energía producida en las hidroeléctricas; en segundo, lo generado en otras plantas de la CFE; en tercero, la energía eólica o solar de particulares y al final, la energía de ciclo combinado de empresas privadas.” – Iniciativa preferente del Ejecutivo Federal
Es decir, la iniciativa le otorga una posición monopólica a la CFE, empresa del gobierno, que históricamente no ha invertido en infraestructura pero menos aún en esta administración. Por ejemplo, el gasto en inversión (como proporción del gasto neto total) de CFE en los últimos tres sexenios era 10% en promedio, mientras que en los dos años de AMLO esta proporción ha descendido a 7%.
La iniciativa deteriora el panorama de las familias mexicanas, ya que la inversión es uno de los motores más importantes del crecimiento económico. En 2020, congresistas norteamericanos reclamaron violaciones a los términos del T-MEC en el sector energético, acusando a México de beneficiar a Pemex y CFE indebidamente, noción que resuena en la exposición de motivos de la nueva iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Al eliminar el Mercado Eléctrico mayorista, el gobierno estaría comprando la energía más cara. Ejemplo de ello es que la CFE aumentó el costo del megawatt/ hora en 22% durante el primer semestre 2020 respecto al primer semestre del año previo, cuando dependía menos del carbón para generar energía, según la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Negativa para la economía la reforma del sistema eléctrico
Esto implica necesariamente que el propio gobierno ya está pagando más por energía más cara y por el mantenimiento de los subsidios que las familias mexicanas reciben por su consumo. Es decir, un mayor costo de la energía eléctrica deteriora por partida doble las finanzas públicas del país, en un momento en el que cualquier ejercicio de recursos adicional debiera destinarse a atender los efectos de la pandemia del COVID-19.
Con esta iniciativa el gobierno federal vuelve a atentar contra el Estado de Derecho y la certeza jurídica de la inversión nacional e internacional, tanto en el sector eléctrico y en el país. A octubre 2020, el indicador mensual de la inversión fija bruta en México acumuló 21 meses consecutivos con caídas anuales -situación que precede la crisis económica.
Conscientes de la importancia de la certeza jurídica y el Estado de Derecho para las inversiones en el país, así como de eficientar el gasto público en un momento áspero para la economía nacional, México, ¿cómo vamos? hace un llamado a legisladores de todos los partidos a analizar las implicaciones que esta iniciativa tendrá en el presupuesto federal de 2021 y años subsecuentes, recursos tan necesarios en los rubros de salud, programas sociales, MIPyMES además de la franca erosión a las condiciones para favorecer la inversión en el país.
Como sociedad civil proponemos un plan ambicioso pero consistente con las estrategias internacionales de reactivación económica, que fortalezca la certidumbre jurídica para atraer inversión, detone la creación de empleos y aspire a un desarrollo económico y social más alto.
México es un país en el cual la mitad de la población tiene menos de 29 años, por lo tanto es joven y tiene un potencial de producción importante siempre y cuando exista una mayor inversión en fuentes de energía renovables para garantizar su futuro. Asimismo, para fortalecer nuestra integración con la economía global es necesario respetar los acuerdos comerciales y cumplir con los tratados para mitigar el cambio climático.
De continuar con políticas que favorecen la emisión de gases de efecto invernadero y privilegian la generación eléctrica a partir del carbón, estaremos incumpliendo nuestro compromiso de generar el 35% de nuestra electricidad de fuentes limpias para 2024 y el 43% para 2030 del Acuerdo de París ratificado en 2016.
