En el caso Aranza, el Gobierno de Tamaulipas ya no puede esquivar el dato central: la Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que la bala que mató a la niña de siete años salió de un arma larga calibre 7.62 que viajaba en el helicóptero de la Guardia Estatal. Aun así, nadie está detenido.
El 6 de noviembre, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que la Fiscalía investiga a tres elementos que iban en la aeronave. Y soltó el detalle que encendió las redes: ninguno fue detenido ni suspendido, así que los tres siguen activos en la corporación.
El caso Aranza: lo que pasó el 29 de octubre
Matamoros vivió un jueves de caos. Bloqueos, vehículos incendiados y enfrentamientos estallaron tras la detención de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, a quien las autoridades federales ubican como segundo al mando de la facción Los Ciclones del Cártel del Golfo.
En medio de ese escenario, una familia solo quería llegar a casa. Su destino era el ejido Las Rusias, pero el camino de siempre estaba bloqueado y decidieron buscar otra ruta. Al circular por la avenida Rigo Tovar, a la altura de la colonia Esperanza, un helicóptero empezó a seguir su camioneta.
La madre, Claudia Edith Pardo García, sostiene que llevaban las ventanas abajo y que desde el aire se podía ver que iban menores. Viajaba con sus cinco hijos y su esposo, y asegura que intentaron hacer saber que eran civiles con niños a bordo.
Una bala de arriba hacia abajo
Los niños bajaron de la unidad, mientras Claudia y Aranza se quedaron en el asiento trasero; la madre intentó cubrir a su hija con su cuerpo, pero ambas resultaron heridas. El proyectil atravesó la carrocería y se alojó en el cráneo de la niña.
El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco describió la trayectoria del disparo de arriba hacia abajo. Un adolescente de 13 años también resultó herido, y Claudia, operada de la rodilla, calcula que tardará entre cinco y siete meses en recuperarse.
Aranza cursaba segundo de primaria y su familia la llamaba “La China” por su cabello rizado. Tenía nacionalidad estadounidense por nacimiento, y la familia ya denunció los hechos ante su consulado.
Dos versiones que no cuadran
La versión oficial descansa en una sola idea: legítima defensa. La SSP afirmó que el helicóptero hacía labores de reconocimiento cuando recibió agresiones desde tierra, que sus agentes repelieron. Pero en su comunicado del 5 de noviembre, la dependencia no precisó quién disparó ni explicó cómo la menor resultó alcanzada.
La madre cuenta otra historia. Negó que su familia agrediera a la aeronave y relató que, cuando su esposo bajó de la camioneta para preguntar qué ocurría, los agentes empezaron a disparar. Además, denunció que el helicóptero siguió sobrevolando y disparando mientras sus otros hijos buscaban refugio.
El video que nadie puede ignorar
Un video viral muestra a cuatro menores bajando de una Chevrolet TrailBlazer negra y corriendo hacia una vivienda mientras se escuchan disparos. La grabación no capta el instante exacto del impacto mortal, pero sí retrata el pánico de una familia desarmada bajo fuego aéreo.
“No hubo fallo”: la postura que indigna
Aquí está el punto más crítico del caso. Pancardo Escudero sostuvo que el operativo no falló y evitó responder si los agentes confundieron a la familia al repeler el ataque. Cuando un reportero le recordó que una niña murió, el secretario atribuyó todo al contexto de violencia del crimen organizado.
El funcionario también defendió que los elementos están capacitados y seguirán recibiendo capacitación. Eso sí, prometió entregarlos si la autoridad competente solicita su detención.
La pregunta incómoda flota en el aire: si el operativo no falló, ¿por qué una bala oficial terminó en la cabeza de una niña de siete años? La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza exige proporcionalidad y necesidad absoluta antes de disparar, y abrir fuego desde una aeronave sobre una zona habitada pone ambos principios bajo la lupa.
Quién disparó, la pieza que falta
En el helicóptero viajaban cuatro integrantes de la Guardia Estatal: un piloto y tres policías armados. Los peritajes ya ubicaron el origen del proyectil, pero falta determinar cuál agente accionó el arma; la SSP también abrió una indagatoria interna en Asuntos Internos.
Promesas sin resultados
El gobernador Américo Villarreal Anaya pidió esclarecer los hechos y prometió que no habrá encubrimiento ni impunidad. La muerte de Aranza se suma a la de otros cinco civiles ajenos a los disturbios, tras bloqueos en al menos siete municipios.
Mientras tanto, a una semana del ataque, Claudia Edith Pardo exigió cárcel para quien disparó desde el helicóptero institucional, y denunció que nadie le ha explicado directamente los avances del caso. La familia también pide un protocolo que proteja a civiles en operativos.
Diez días después, el caso Aranza resume una realidad que muchas familias en Tamaulipas conocen bien: el peligro no solo llega del crimen organizado. A veces también cae del cielo, con uniforme oficial. (Con información de agencias de noticias)
