Clara Luz Flores subió de nivel su pleito con Samuel García este miércoles 4 de noviembre. La coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nuevo León presentó dos denuncias penales ante la FGR: una contra el gobernador y otra contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.
Ninguno de los dos enfrenta hoy una imputación, una vinculación a proceso o una sentencia por estos señalamientos. Ahora la pelota está en la cancha de la Fiscalía.
Flores no llegó sola. El senador Alejandro Murat y el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar la acompañaron a la sede de la FGR en Ciudad de México. Ahí soltó la frase del día: ambos políticos “representan exactamente lo mismo: delincuencia organizada desde el poder público”.
Samuel García, su esposa y su papá, en la mira
La primera denuncia apunta al gobernador, a su esposa, Mariana Rodríguez, a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y a quienes resulten responsables. Flores pide investigar delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La morenista también solicitó que el SAT, la UIF, la CNBV y la ASF ayuden a seguir el dinero: cuentas, transferencias y destinatarios finales.
Sigue el dinero: la ruta de la ASF
El dato más pesado del expediente viene de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El organismo denunció ante la FGR el 16 de octubre, tras rastrear en la Cuenta Pública 2025 cuatro rutas de dinero por unos 7,212 millones de pesos.
Ojo, porque esa cifra se presta para titulares engañosos. Los 7,212 millones marcan el monto inicial de las operaciones bajo revisión, no una cantidad comprobada como robo.
El número clave es otro: 928.13 millones de pesos que presuntamente llegaron a un despacho jurídico ligado al gobernador y a su padre. Una ruta arranca con 5,851 millones que el gobierno estatal pagó a una constructora; esta envió 5,154.6 millones a otra empresa, y esa compañía transfirió 385.3 millones al despacho.
Flores sumó otra red flag: contratos por 110 millones con empresas que, según ella, enfrentan sanciones de la OFAC, la oficina del Tesoro de Estados Unidos. Las notas publicadas hasta ahora no identifican a esas compañías, así que el señalamiento sigue siendo solo su dicho.
Next Energy, el parque solar que nunca brilló
La segunda denuncia señala a De la Garza y a Jovita Morín Flores, excontralora municipal y militante del PAN. Aquí la lista incluye delincuencia organizada, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias.
Todo gira alrededor de Next Energy. En marzo de 2020, Monterrey firmó con ese consorcio un contrato a 30 años por 7,370 millones de pesos para un parque solar en Cerralvo. La promesa sonaba muy verde, pero el parque nunca quedó listo.
Morena sostiene que Morín ocupaba la Contraloría y, al parecer, también participaba como socia del grupo empresarial. Igual que en el caso de la ASF, los 7,370 millones representan el compromiso del contrato, no dinero pagado o desviado.
De la Garza cuenta otra historia. Su gobierno anunció en junio la cancelación definitiva y presumió un saldo a favor: se libró de una deuda de más de 3,150 millones y obligó al proveedor a pagar 239 millones. Además, culpa a la gestión de Luis Donaldo Colosio, que renegoció el acuerdo en 2024.
Qué responden los señalados
Hasta el cierre de esta nota, no localizamos una respuesta de García ni de De la Garza a las denuncias de este miércoles.
Después de la denuncia de la ASF, el gobernador aseguró que acepta cualquier investigación. También tachó de “refritas” las portadas que dieron origen a las acusaciones.
Flores atacó otro argumento que le atribuye: que el dinero deja de ser público cuando el gobierno ya le pagó a un proveedor. Esa sería una de las batallas legales de fondo.
Denuncias con olor a 2027
Flores rechaza un móvil político, pero el contexto pesa. Ella es la virtual candidata de Morena a la gubernatura en 2027, De la Garza también aspira al cargo y García busca impulsar a Mariana Rodríguez, según versiones periodísticas.
Además, este trío trae historia. En 2021 compitieron por Nuevo León, y De la Garza exhibió un video de Flores con Keith Raniere, el líder de NXIVM. Nada de eso invalida las denuncias, aunque sí explica por qué el timing levanta cejas.
¿Hasta dónde llegará el caso de Samuel García?
Morena ya había acudido a la FGR el 26 de mayo y el 3 de junio. En septiembre, también denunció ante la Fiscalía Anticorrupción. La pregunta ya no es cuántos papeles acumula el caso, sino qué hace la autoridad con ellos.
El periodista Joaquín López-Dóriga adelantó que Ramírez Cuéllar presentaría una denuncia penal contra el gobernador, y una columna local aseguró que el diputado planeaba ir por su cuenta. Este miércoles, el diputado acudió con Flores, y hasta ahora no aparece confirmado un escrito aparte.
El propio legislador advierte otro filtro: el Congreso de Nuevo León. Por eso exige reinstalar la Comisión Anticorrupción y reactivar el juicio político.
La FGR tendrá que responder lo importante: si los servicios existieron, quién cobró y si los contratos respetaron la ley. Hasta entonces, todo sigue en el terreno de lo presunto. (Con información de agencias de noticias)
