La presidenta Claudia Sheinbaum puso este miércoles el tema de los narcocandidatos en el centro de la “Mañanera del Pueblo”. Desde Palacio Nacional, la mandataria insistió en que los partidos deben blindar sus candidaturas contra cualquier vínculo con la delincuencia organizada, en medio del escándalo por los vuelos privados de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
El filtro contra los narcocandidatos avanza
Sheinbaum confirmó que su gobierno ya trabaja en mecanismos legales para evitar que personas con presuntos nexos criminales lleguen a una candidatura de elección popular. La propuesta, elaborada por la Secretaría de Gobernación, busca cruzar información entre las agencias de seguridad, la Fiscalía y el INE antes del registro de aspirantes.
La mandataria remarcó que la decisión final sobre cada candidatura corresponde a los partidos políticos, no al árbitro electoral. Con ello respondió a las voces que exigen que el INE tenga capacidad de veto directo sobre perfiles señalados.
El antecedente que presiona la agenda
El planteamiento no surge en el vacío. El caso del exgobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, mantiene bajo presión al oficialismo. Sheinbaum sostuvo que la Fiscalía General de la República debe concluir su investigación antes de emitir cualquier señalamiento y recordó que las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas formales.
La presidenta defendió que, si existen elementos comprobados contra cualquier funcionario, debe procederse conforme a derecho, sin importar el partido de origen.
El caso Mara Lezama vuelve a la mesa
El segundo bloque de la conferencia giró hacia una investigación periodística que sacudió a Quintana Roo. De acuerdo con reportes de Reforma, POPLab y CONNECTAS, Mara Lezama y su círculo familiar —esposo, hijos y hermano— acumulan más de 283 entradas y salidas del país en aeronaves privadas desde su etapa como alcaldesa de Cancún.
Los registros documentan 97 traslados en aviones ejecutivos tipo Gulfstream, Learjet y Hawker, con destinos recurrentes hacia Orlando y Vail, Colorado. El costo estimado de una parte de esos vuelos ronda los 20 millones de pesos, según el cálculo periodístico basado en tarifas de renta de aeronaves.
Sheinbaum exige aclaración pública
La presidenta fue directa: le corresponde a la gobernadora explicar si usó esas aeronaves, bajo qué condiciones y con qué recursos. “La gobernadora tendrá que aclarar. Es lo primero, porque igual sale en un medio y no sabemos si es cierto”, planteó Sheinbaum, quien subrayó que la transparencia es una obligación de todo servidor público.
Horas antes de la conferencia, Lezama respondió a través de redes sociales. La gobernadora negó haber usado dinero público en esos traslados y calificó como “no real” el número de vuelos difundido. Afirmó que los viajes correspondieron a motivos familiares y que, de ser ciertas las cifras, “significaría estar de vacaciones un año completo”.
El dato que complica la defensa
La investigación añade un elemento sensible: parte de las aeronaves utilizadas por Lezama son operadas por PABE-TAX, empresa vinculada corporativamente a Grupo Seguritech, proveedor que mantiene contratos de seguridad con el gobierno de Quintana Roo. Hasta ahora no existe evidencia de que Seguritech haya cubierto los vuelos, pero la coincidencia entre proveedor y transporte privado alimenta las dudas sobre el origen de los recursos.
Legisladores del PAN ya pidieron una investigación formal sobre el caso, mientras crece la presión para que la gobernadora entregue facturas y comprobantes de pago.
Dos frentes, un mismo reclamo: transparencia
El hilo conductor de la mañanera de este miércoles fue la exigencia de rendición de cuentas, tanto en el terreno electoral como en el ejercicio del poder estatal. Sheinbaum evitó calificar de antemano la conducta de Rocha Moya o de Lezama, pero dejó claro que ambos casos deben resolverse con pruebas, no con señalamientos.
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La presidenta Claudia Sheinbaum puso este miércoles el tema de los narcocandidatos en el centro de la “Mañanera del Pueblo”. Desde Palacio Nacional, la mandataria insistió en que los partidos deben blindar sus candidaturas contra cualquier vínculo con la delincuencia organizada, en medio del escándalo por los vuelos privados de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.
El filtro contra los narcocandidatos avanza
Sheinbaum confirmó que su gobierno ya trabaja en mecanismos legales para evitar que personas con presuntos nexos criminales lleguen a una candidatura de elección popular. La propuesta, elaborada por la Secretaría de Gobernación, busca cruzar información entre las agencias de seguridad, la Fiscalía y el INE antes del registro de aspirantes.
La mandataria remarcó que la decisión final sobre cada candidatura corresponde a los partidos políticos, no al árbitro electoral. Con ello respondió a las voces que exigen que el INE tenga capacidad de veto directo sobre perfiles señalados.
El antecedente que presiona la agenda
El planteamiento no surge en el vacío. El caso del exgobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, mantiene bajo presión al oficialismo. Sheinbaum sostuvo que la Fiscalía General de la República debe concluir su investigación antes de emitir cualquier señalamiento y recordó que las autoridades estadounidenses no han presentado pruebas formales.
La presidenta defendió que, si existen elementos comprobados contra cualquier funcionario, debe procederse conforme a derecho, sin importar el partido de origen.
El caso Mara Lezama vuelve a la mesa
El segundo bloque de la conferencia giró hacia una investigación periodística que sacudió a Quintana Roo. De acuerdo con reportes de Reforma, POPLab y CONNECTAS, Mara Lezama y su círculo familiar —esposo, hijos y hermano— acumulan más de 283 entradas y salidas del país en aeronaves privadas desde su etapa como alcaldesa de Cancún.
Los registros documentan 97 traslados en aviones ejecutivos tipo Gulfstream, Learjet y Hawker, con destinos recurrentes hacia Orlando y Vail, Colorado. El costo estimado de una parte de esos vuelos ronda los 20 millones de pesos, según el cálculo periodístico basado en tarifas de renta de aeronaves.
Sheinbaum exige aclaración pública
La presidenta fue directa: le corresponde a la gobernadora explicar si usó esas aeronaves, bajo qué condiciones y con qué recursos. “La gobernadora tendrá que aclarar. Es lo primero, porque igual sale en un medio y no sabemos si es cierto”, planteó Sheinbaum, quien subrayó que la transparencia es una obligación de todo servidor público.
Horas antes de la conferencia, Lezama respondió a través de redes sociales. La gobernadora negó haber usado dinero público en esos traslados y calificó como “no real” el número de vuelos difundido. Afirmó que los viajes correspondieron a motivos familiares y que, de ser ciertas las cifras, “significaría estar de vacaciones un año completo”.
El dato que complica la defensa
La investigación añade un elemento sensible: parte de las aeronaves utilizadas por Lezama son operadas por PABE-TAX, empresa vinculada corporativamente a Grupo Seguritech, proveedor que mantiene contratos de seguridad con el gobierno de Quintana Roo. Hasta ahora no existe evidencia de que Seguritech haya cubierto los vuelos, pero la coincidencia entre proveedor y transporte privado alimenta las dudas sobre el origen de los recursos.
Legisladores del PAN ya pidieron una investigación formal sobre el caso, mientras crece la presión para que la gobernadora entregue facturas y comprobantes de pago.
Dos frentes, un mismo reclamo: transparencia
El hilo conductor de la mañanera de este miércoles fue la exigencia de rendición de cuentas, tanto en el terreno electoral como en el ejercicio del poder estatal. Sheinbaum evitó calificar de antemano la conducta de Rocha Moya o de Lezama, pero dejó claro que ambos casos deben resolverse con pruebas, no con señalamientos.
