¿En qué consiste la propuesta que genera alarma?

México vive un momento decisivo en la discusión sobre libertad de expresión. Especialistas, organismos internacionales y parte de la industria mediática advierten que la próxima regulación de redes sociales, inteligencia artificial y telecomunicaciones podría convertirse en una herramienta de censura estatal. El Gobierno de Claudia Sheinbaum lo niega y asegura que busca proteger a la niñez y garantizar el derecho a la información.

El debate se intensificó esta semana luego de que se dieran a conocer lineamientos derivados de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Uno de sus puntos más polémicos establecería que los concesionarios de radio y televisión no podrán difundir información descontextualizada, falsa, ni presentar hechos pasados como si fueran actuales.

Para sus críticos, ese tipo de redacción abre la puerta a que una autoridad estatal, y no un contrapeso independiente, determine qué información es verdadera y cuál constituye manipulación o desinformación.

La advertencia del relator de la ONU

Un activista designado el 8 de julio como relator especial sobre la libertad de opinión y expresión de la Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación en entrevista con el diario Reforma. Según su lectura, detrás de argumentos legítimos como el combate a la desinformación o la protección de la infancia puede esconderse una intención censora, un patrón que, dijo, ya se ha documentado en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.

El funcionario también mencionó casos similares en Sudán, Malasia y Tailandia como ejemplos de regulaciones que, con el tiempo, terminaron restringiendo la crítica y el periodismo.

El antecedente que preocupa: la “Ley Serrano” en San Luis Potosí

El caso de San Luis Potosí se ha convertido en la señal de alarma para muchos analistas. Una reforma penal local, presentada como respuesta a la manipulación digital y la suplantación de identidad mediante IA, derivó en procesos penales contra periodistas y comunicadores, así como en órdenes de aprehensión que, según especialistas, provocaron autocensura.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad contra esa reforma estatal por los riesgos que representa para la libertad de expresión y el principio de taxatividad penal, es decir, la exigencia de que una ley defina con precisión qué conducta es delito.

La postura del Gobierno federal

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado en reiteradas ocasiones que la regulación busque censurar. Este miércoles, ante los señalamientos publicados por Reforma sobre las facultades que tendría la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para sancionar a concesionarios, la mandataria calificó como falso que el objetivo del Gobierno sea silenciar voces y afirmó que la meta es garantizar los derechos de las audiencias.

La mandataria también ha insistido en que la prensa escrita no forma parte de este proceso regulatorio y que el tema de las plataformas digitales continúa en discusión pública. Según explicó, la intención es construir la regulación mediante consenso social, con foros y la participación de especialistas, legisladores y sociedad civil.

¿Qué está en juego para la democracia mexicana?

El punto central del debate no es si México necesita reglas para la inteligencia artificial o las redes sociales, sino quién decide qué contenido es falso o dañino. Organizaciones de derechos humanos y periodistas plantean que, sin un órgano autónomo que supervise la aplicación de la norma, el riesgo de discrecionalidad política aumenta de forma considerable.

Este escenario se agrava, según los críticos, tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), organismos autónomos eliminados en 2024 mediante una reforma constitucional de simplificación orgánica que trasladó varias de sus funciones al Poder Ejecutivo.

Lo que sigue en el Congreso

El Congreso federal discutirá una regulación sobre redes sociales e inteligencia artificial en el próximo periodo ordinario de sesiones. El resultado de ese debate definirá si México logra equilibrar la protección de menores y el combate a la desinformación con las garantías constitucionales de libertad de expresión, o si se suma a la lista de países donde una ley de buenas intenciones terminó por convertirse en un instrumento de control político.