• Mientras banqueros celebran inversiones millonarias y hablan de confianza en México, investigaciones periodísticas revelan cómo recursos públicos y flujos financieros pueden terminar operando en territorios bajo influencia criminal.

Ernesto Madrid

Hay frases que, sin proponérselo, retratan un país entero.

El presidente del consejo de administración de Banamex, Fernando Chico Pardo, contó con entusiasmo que inversionistas institucionales firmaron la compra de 24% del banco el mismo día en que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, identificado por autoridades como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Y remató la anécdota como si fuera una buena noticia.

“Ninguno dudó”, dijo.

El mensaje era claro: ni siquiera la muerte del hombre más buscado del narcotráfico alteró la confianza de los inversionistas. Entre ellos, según el propio banco, General Atlantic, Afore SURA, BTG Pactual, Chubb, fondos administrados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority.

La banca celebra esa confianza como una señal de fortaleza económica.

Pero fuera de los salones donde se firman esas inversiones, la realidad muestra otra historia.

Hace un año, en Teuchitlán, Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró restos humanos y crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre, un sitio que se volvió símbolo del horror del crimen organizado.

+En la actualidad, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que, durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional pagó más de 500 millones de pesos en diésel a una empresa vinculada en reportes corporativos con redes investigadas por robo de combustible.

Bancos, dinero público y crimen: la confianza que no se cuestiona

La violencia, por un lado. Los contratos públicos por el otro. Y en medio, el sistema financiero.

Algo parecido ocurre en la política local.

El exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, reportó oficialmente 158 mil pesos de gasto en su campaña de 2024. Hoy enfrenta investigaciones por presuntos vínculos con el CJNG.

El caso volvió a exponer una grieta conocida: el sistema electoral revisa lo que los candidatos declaran gastar, no necesariamente de dónde viene el dinero real.

Pero el punto más incómodo está en los municipios.

Fondos federales destinados a infraestructura social —como el FAIS del Ramo 33— bajan a los ayuntamientos, pasan por Banobras y después se dispersan a través de la banca comercial.

En investigaciones realizadas en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, transferencias registradas en Banamex terminaron envueltas en disputas entre autoridades locales y estructuras criminales que operaban en la región.

Cuando el problema aparece, cada institución tiene su explicación: Las fiscalías hablan de jurisdicciones. Los municipios de presiones criminales. Los bancos de cumplimiento regulatorio.

Y así, entre protocolos, competencias y silencios administrativos, el dinero público sigue circulando.

Mientras tanto, desde Miami, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que Washington está dispuesto a actuar contra los cárteles incluso sin coordinación regional, retomando la lógica de seguridad impulsada por Donald Trump.

La advertencia puede sonar exagerada. Pero revela algo que en México se prefiere no discutir.

El sistema financiero presume estabilidad. Los inversionistas hablan de confianza.
Los banqueros celebran la resiliencia del mercado.
Y quizá tengan razón.

Porque en México, pase lo que pase —violencia, corrupción o captura criminal de territorios— el dinero siempre encuentra un banco donde depositarse.
Y el banco, casi siempre, encuentra la forma de no perder.

@JErnestoMadrid
jeemadrid@gmail.com