• Transferencias sospechosas, documentos ausentes: el caso Bartlett–Abdalá que incomoda a la 4T
Ernesto Madrid
Una red de transacciones opacas entre Samuel y Alexis Weinberg, señalados como prestanombres de Genaro García Luna, y Julia Abdalá, pareja del poderoso titular de la CFE Manuel Bartlett, salpica de nuevo al círculo más cercano del actual gobierno.
Entre 2012 y 2017, los Weinberg transfirieron 4.5 millones de dólares (más de 59 millones de pesos) a cuentas de Abdalá y de la empresa offshore Roybell International Inc, según reveló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Ella afirma que fue el pago por la venta de un edificio ubicado en la calle Leibnitz #40, colonia Anzures, que operaba como hotel boutique bajo el nombre Lumina Luxury Suites. Pero los documentos dicen otra cosa.
Una revisión del Registro Público de la Propiedad muestra que la compraventa alegada no existe formalmente. El inmueble fue adquirido por Abdalá en 2007 por 6.5 millones de pesos, y su traspaso legal más próximo ocurrió en 2020, cuando fue adquirido por I3 Bienes Raíces, una empresa ligada a otra red de lavado de dinero que también ha sido investigada por la UIF. El precio formal de esa operación fue de apenas 12.7 millones de pesos, muy lejos del dinero recibido por Abdalá.
Transferencias millonarias a la pareja de Bartlett vinculan a la 4T con operadores de García Luna
Peor aún: desde ese inmueble, operó entre 2011 y 2015 ICIT, una empresa de los Weinberg usada como centro de espionaje encubierto. Según la periodista Peniley Ramírez, desde ese edificio se coordinaba el uso del sistema NiceTrack, vendido a la Policía Federal por 69 millones de dólares durante el sexenio de Felipe Calderón. La información recopilada era usada para elaborar fichas confidenciales de personas físicas y empresas, según la investigación periodística.
Abdalá, cercana al presidente López Obrador desde la campaña de 2006 y parte de su equipo de transición en 2018, no ha sido investigada ni señalada por autoridades mexicanas. Las transferencias fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y están incluidas en la demanda civil que el Estado mexicano presentó en Miami contra los Weinberg para recuperar fondos desviados del erario a través de Nunvav Inc y Nunvav Technologies.
El caso plantea incómodas preguntas:
• ¿Por qué los operadores financieros de García Luna habrían pagado el doble por un inmueble sin traspaso legal?
• ¿Por qué el inmueble sirvió como centro de espionaje con personal de la Policía Federal?
• ¿Y por qué, a pesar de los indicios, la 4T no ha querido investigar el papel de Abdalá?
En medio del discurso de “combate a la corrupción”, esta historia exhibe las grietas del relato oficial. Porque la omisión también es complicidad.
@JErnestoMadrid
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