Ciudad de México, 27 de junio de 2025 — El senador Marko Cortés Mendoza advirtió que México atraviesa una crisis sin precedentes en su relación con Estados Unidos, a raíz de señalamientos por presunto narcolavado y la falta de colaboración institucional por parte del gobierno federal. En entrevista previa a la sesión extraordinaria en el Senado, el coordinador parlamentario del PAN adelantó que propondrá la creación de una comisión especial que investigue el lavado de dinero, especialmente en tres entidades financieras señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense.
Cortés lamentó que la Secretaría de Hacienda no haya iniciado una investigación seria al respecto y, por el contrario, “justifica” a las instituciones bancarias acusadas. “El narcolavado financia a los grupos delictivos, y mientras no se detenga ese flujo de recursos, no se resolverán fenómenos como la desaparición forzada”, señaló.
Además, alertó sobre lo que calificó como un “Estado de excepción permanente”, al referirse a nuevas políticas que permitirían al gobierno federal acceder en tiempo real a datos sensibles de los ciudadanos, como ubicación, gastos y movimientos financieros mediante el uso de la CURP. “¿Cuánto tiempo pasará antes de que esa información esté en manos del crimen organizado?”, cuestionó, recordando episodios recientes de hackeos como el sufrido por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Propone PAN en el Senado comisión para investigar narcolavado
Sobre el deterioro diplomático con Estados Unidos, el senador aclaró que “el problema no es entre mexicanos y estadounidenses, sino entre gobiernos”, y lamentó el enfriamiento de las relaciones justo en vísperas de la revisión del T-MEC.
Cortés también señaló posibles vínculos entre Morena y el crimen organizado, reiterando acusaciones de financiamiento ilegal durante campañas pasadas. “Si no tienen nada que esconder, entonces creen la comisión especial y transparenten todo”, retó al oficialismo.
Finalmente, dijo que es incongruente que Hacienda intervenga a dos de las tres financieras señaladas por Washington, mientras deja fuera del escrutinio al caso de la empresa Vector, presuntamente ligada a Alfonso Romo. “No puede combatirse la violencia sin atacar el financiamiento que la sostiene”, concluyó.
