*Ley lopitos, es la del chantaje y la amenaza y se aplica desde Palacio Nacional
Miguel A. Rocha Valencia
La Ley de la Cuarta es el chantaje. Su fin no es castigar a culpables de delitos sino usar sus pecados para doblarlos, sujetarlos a los designios del tlatoani en la construcción de su proyecto. Es así como logra callar a muchos de sus detractores entre políticos, empresarios, dueños de medios de información y personajes de la sociedad civil.
Hay pruebas de que la ley se dicta desde Palacio Nacional, donde el oráculo tabasqueño ordena a quien se debe perseguir, evidenciar, condenar y ejecutar ante la opinión pública, así como a quien hay que exonerar incluso “oficialmente” a través de la Secretaría de la Función Pública (FGR), la Fiscalía General de la República y del “garrote” en que se convirtió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con su mancuerna, el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Utiliza el tlatoani tepetitlanense a las instituciones para perseguir y ejecutar; hizo de la FGR, UIF y SAT, sus instrumentos justicieros olvidándose de los “debidos procesos” y demás trámites legales engorrosos que buscan aplicar la ley positiva, la constitucional, sus secundarias y reglamentarias.
Nunca como hoy, cobra vigencia la expresión del chino Shen Li Yi Gon: “Coperas o cuello”, por eso Emilio Lozoya Austin goza de su residencia de millones de dólares, disfrutó con su extradición, de la mejor atención médica en el hospital más caro y junto con su papá y su hermano, disfrutan de las mieles del dinero gracias a que se volvió testigo colaborador para saciar las ansias de venganza de quien se dice presidente de la República.
Esos reflectores se apagaron cuando los imputados sacaron las uñas y decidieron no dejarse chantajear y evidenciaron la corrupción en que se ha enlodado Andrés Manuel López Obrador a lo largo de los años bajo el cobijo de una lucha social cuyos beneficiarios son él, sus hermanos, nueras, hijos y cuates.
Otra prueba es la de Miguel Ángel Osorio Chong, perseguido por la Función Pública y perdonado ya por la FGR gracias a que puso a la fracción del PRI en el Senado, de rodillas ante Morena, a cuyo candidato para presidir ese colegio legislativo, el chiapaneco Eduardo Ramírez, apoyó de manera abierta, tanto que hasta se tomó la foto con él. Cooperó mientras Rosario Robles, sigue en la cárcel, sin proceso ni condena, por no hacerlo. Lo reconoció el propio fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
A Osorio se le acusa de tener una propiedad más de las declaradas. Manuel Bartlett ya aceptó tener 18 “extras”, inexplicables, pero en Palacio lo declararon inocente.
Empresarios fueron chantajeados para cooperar para la rifa del no avión, lo hicieron y otros hasta devolvieron cientos de millones de pesos a cambio de no ser perseguidos por el SAT, dinero que no entró a Tesorería pero que el pontífice utilizó para lo que él quiso, incurriendo en varios delitos o faltas administrativas. Otra vez, aplicó su ley.
López se da el lujo de confesar que recibió dinero de dudosa procedencia durante muchos años y que se transfirieron millones de pesos para financiar “su” proyecto. Si hubiera Estado de Derecho, ya se le hubieran imputado delitos electorales o al menos el uso de recursos inexplicables. Nada de eso. Ahí no hay cochupo qué perseguir, fueron simples “aportaciones”, algunos dicen que incluso grupos criminales dieron su diezmo.
No hay investigación ni contra él, sus hermanos, colaboradores, ni funcionarios vigentes que fueron denunciados por enriquecimiento, tráfico de influencias, cobros o pagos de facturas a sobre precios, entrega de concesiones a los familiares, cuates o compadres de manera ilegal porque todo eso, de acuerdo a la Ley Lopitos, es lícito en la Cuarta.
Corruptos los de “antes”, los de hoy tienen olor a santidad. Esa es la Ley que cada vez se acerca más a la de Herodes, sólo que aquí es “cooperas o cuello”
