Otra vez el tlatoani rompe diálogo; gobernadores aceptan el reto, harán consulta y ganarán
Miguel A. Rocha Valencia
En una secuencia de absurdos que muestran la estatura intelectual y política de quien hoy gobierna el país, el pontífice de Palacio Nacional abrió frentes que van a golpear a todos los mexicanos en lo económico, dividirán en lo social con graves secuelas en empleo y en la vida como país.
Más tardó en lanzar su reto el mesías tabasqueño que los gobernadores aceptarlo y anunciar la realización de consultas públicas acerca del pacto que los obliga a recaudar para alimentar al gobierno federal y éste, en la actualidad, les regatee las participaciones a que tienen derecho.
Cometido el pecado, el tlatoani olmeca se apresuró a decir que el tema tiene que ver con la Constitución y para modificar el pacto, habría de reformarse la Carta Magna, como él ha hecho para ajustar la ley a sus caprichos y hacerse de todos los ingresos del país para repartirlos a su manera, incluyendo fideicomisos y el presupuesto de gasto.
Luego abre fuego contra el dinero privado al que califica de abusivo y afirma, contra lo que dicen los empresarios, especialmente foráneos que en México existe un marco legal confiable para la inversión, cuando la realidad es otra.
En la evaluación anual del índice Global de Estado de Derecho 2020 del Word Justice Proyect, que mide la aplicación de la ley en 128 países, México ocupa el lugar 104.
La desconfianza para invertir en México fue manifestada en la encuesta del Bank of América entre los grandes empresarios quienes dijeron no mientras persistan políticas públicas “personales” de López Obrador en torno a negocios y que se colocan por encima de la ley como en el caso de proyectos generadores de energía, cancelación del NAIM, cervecería y, lo que siga.
Ahora se lanza contra el sistema outsourcing de empleo, donde tal vez el profeta de Macuspana tenga razón en términos decimonónicos de justicia laboral, pero no se ajusta a los tiempos actuales incluso de la ley vigente y de los términos del Tratado de Libre Comercio hoy llamado T-MEC y donde los temas de contratación favorecen al empleo sacrificando “prestaciones” obreras que implican además de impuestos, condiciones que la empresa moderna no acepta.
Esas condiciones se profundizan en el actual gobierno de la 4T donde la subcontratación vía honorarios sin prestaciones, se vuelve costumbre sin necesidad de outsourcing, así como los convenios mensuales o trimestrales que no generan prestaciones ni compromisos laborales.
Así está contratado, por ejemplo, todo el personal de limpieza en el sector público, gran parte de la burocracia de confianza, de honorarios y hasta por contratación de servicios. En ninguno de los casos los contratados adquieren derechos laborales. Se les corre sin responsabilidad para el empleador.
Dice López que eso debe desaparecer. Que lo hagan, pero en el sector público tendrán que sacrificar personal pues los pasivos laborales consistentes en prestaciones se incrementarían de manera impresupuestable. Para el sector privado, los impuestos y prestaciones inhibirán su capacidad de contratación en momentos en que lo que urge es ocupación, pero…
Total, que el gobiernito continúa abriéndose frentes en medio de la peor de las crisis posibles donde los muertos por Covid-19 aumentan por millares lo mismo que por asesinato lo cual se deriva en la amenaza del reconfinamiento que ya provocó un retroceso en la incipiente recuperación económica y continúan la danza por 33 mil millones de pesos del fondo de salud y se mantiene el conflicto de incomunicación con al menos la tercera parte de los gobernadores.
No es el mejor momento, parece irracional, pero así están las cosas, lo cual muestra que al titular del Ejecutivo le urge aterrizar su muy personal proyecto de gobierno en complicidad con los poderes Legislativo y Judicial. Tal vez avizora una posible ruptura del pacto federal o bien, la pérdida de control político que afecte el centralismo presupuestal y político que hoy ejerce.
