• Mientras el gobierno presume una baja en homicidios, México Evalúa y Coparmex advierten que la violencia estructural, la incertidumbre jurídica y la presión de Estados Unidos por el fentanilo mantienen al país en un umbral crítico de seguridad e inversión.
Ernesto Madrid
La reducción reciente del homicidio doloso, celebrada por el gobierno federal, no alcanza para hablar de pacificación. México sigue inmerso en el periodo más violento de su historia reciente, con un aumento de 72.6% en la violencia letal en la última década, de acuerdo con México Evalúa.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un doble frente: una crisis interna de seguridad y justicia, y la presión creciente de Estados Unidos para intensificar la cooperación contra el narcotráfico, particularmente por la producción de fentanilo en territorio mexicano.
Los datos del centro de análisis son claros: entre 2015 y 2025, los hechos asociados a violencia letal pasaron de 39 mil 653 a 68 mil 424. Aunque de 2024 a 2025 se registra una disminución de 5.4%, esta ocurre desde niveles históricamente altos y no implica un cambio estructural.
Además, la caída del homicidio doloso contrasta con el crecimiento sostenido de las desapariciones, que aumentaron 107.5% desde 2018, y con otros delitos contra la vida que siguen al alza. Para México Evalúa, estas dinámicas reflejan conflictos entre organizaciones criminales, estrategias federales de contención poco eficaces y, sobre todo, sistemas de medición débiles que impiden anticipar repuntes violentos.
La inseguridad también se traduce en un freno económico. La encuesta #DataCoparmex 2025 muestra que solo 39.5% de las empresas considera que existen condiciones para invertir, un nivel comparable al de la pandemia.
Violencia persistente y justicia en disputa: el reto de Sheinbaum ante México y Estados Unidos
La mitad de las compañías fue víctima de algún delito en el último año, principalmente robo y extorsión, esta última con un crecimiento alarmante y, en muchos casos, vinculada a autoridades o supuestos funcionarios.
Para el sector empresarial, la violencia y la incertidumbre jurídica pesan tanto como la desaceleración económica global.
A este escenario se suma la controversia por la reforma judicial. Organismos empresariales y analistas advierten que la elección de jueces sin filtros estrictos, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa y las restricciones al amparo han debilitado la certeza jurídica.
Lejos de fortalecer el Estado de derecho, señalan, la reforma abre la puerta a una justicia politizada en un momento en que la seguridad y la confianza institucional son claves para el desarrollo.
En el plano internacional, la presión de Washington se ha intensificado. Estados Unidos insiste en ampliar su apoyo “en tierra” para combatir a los cárteles y destruir laboratorios de fentanilo, droga responsable de cientos de miles de muertes en su territorio en los últimos años. Sheinbaum ha sido tajante: no permitirá la participación directa de fuerzas estadounidenses en operativos en México, aunque acepta un mayor intercambio de inteligencia y apoyo tecnológico bajo condiciones específicas. La postura marca distancia con versiones periodísticas que señalan renovadas solicitudes de la CIA y fuerzas especiales para acompañar a militares mexicanos.
El desafío para la nueva administración es evidente. México enfrenta una violencia que no cede en términos estructurales, un sector productivo golpeado por la inseguridad y una relación bilateral en la que la cooperación es inevitable, pero la soberanía es un límite político. Entre cifras que desnudan la gravedad del problema y discursos que apelan a mejoras parciales, la promesa de pacificación sigue siendo, por ahora, una tarea pendiente.
@JErnestoMadrid
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