Agencias.- El juez federal, Federic Block, quien lleva el caso del narcotraficante Rafael Caro Quintero, dio un plazo de 90 días al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que defina si buscará la pena de muerte contra el cofundador del Cártel de Guadalajara, precursor del actual Cártel de Sinaloa.
La mañana de este 26 de marzo se llevó a cabo la audiencia del narcotraficante mexicano en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, quien enfrenta cuatro cargos: dos por distribución internacional de drogas, uno por crimen organizado y el último por el asesinato agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Enrique “Kiki” Camarena Salazar, en 1985, por el cual el gobierno de estadounidense buscó su extradición por casi 30 años.
Tiene Fiscalía de EU 90 días para solicitar pena de muerte a Caro Quintero
A pregunta expresa del juez, la fiscal Sarita Komatireddy aseguró que la opción de solicitar la pena de muerte “es una posibilidad que estamos discutiendo y aún no se ha decidido”.
“Este es un caso complejo que necesitamos saber si se lleva a cabo de manera rápida, pero en cumplimiento con la ley”, dijo el juez Block tras dar el plazo de 90 días a los fiscales quienes tendrán que dar a conocer su decisión el próximo 25 de junio o en caso de que ambas partes lleguen a un acuerdo, este deberá ser notificado en los próximos 30 días.
Cabe recordar que, el llamado “Narco de Narcos” fue entregado por el Gobierno de México a autoridades de Estados Unidos el pasado 27 de febrero, junto con otros 28 reos, y en la primera audiencia realizada el pasado 28 de febrero ante el juez Robert M. Levy, se declaró no culpable por los cargos de los que se le acusa.
A Caro Quintero se le asignó una nueva abogada de cabecera por parte del Gobierno de los Estados Unidos, se trata de Elizabeth Macedonio, quien es especialista en casos de pena de muerte. Además, es necesario que emita un informe financiero del acusado para determinar, primero, si mantendrá una defensa pagada por el Estado y después, si es que la Fiscalía estadunidense lo determina, se asigne a otro abogado para representarlo.
