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Por Erika Solorio*
La igualdad de oportunidades se ve amenazada por la violencia laboral que persiste a nivel nacional e internacional, los derechos humanos de las y los trabajadores son violentados de manera constante. La falta de conocimiento no nos exime.
La violencia en todas sus formas es una pandemia que acecha no sólo a México, también a otras naciones, por ello, organismos internacionales y nacionales con el trabajo de especialistas multidisciplinarios desarrollan investigaciones científicas para que las y los gobernantes tengan las herramientas necesarias y eviten cometer los errores del pasado; y se enfoquen, en realizar políticas públicas que abonen en el bien común.
La violencia laboral y el abuso de poder se han normalizado por parte de los agresores, los hechos no sólo se dan en la iniciativa privada, también dentro de las administraciones públicas municipales, estatales y federal.
En el informe la situación de la justicia social 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la justicia social no es un lujo, impulsa “la paz, la estabilidad, la cohesión y el desarrollo sostenible, basado en el reconocimiento universal de los derechos humanos y laborales”, y es fundamental aplicando la gobernanza inclusiva.
La violencia en porcentajes: “El 71 % de los ingresos sigue determinado por las condiciones de nacimiento, como el país o el sexo; la informalidad apenas ha bajado dos puntos en dos décadas y todavía afecta al 58 % de los trabajadores; la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres se ha reducido solo tres puntos desde 2005 y se mantiene en el 24 %; al ritmo actual, se necesitará un siglo para cerrar la brecha salarial de género”, (OIT, 2025).

Terminemos con la violencia y acoso laboral – Erika Solorio – Opinión
Esperemos que las recomendaciones sean atendidas por los gobiernos, porque el conocimiento existe, lo que nos falta son políticas públicas que beneficien a todas y todos, los hacedores de los programas de gobierno tienen una gran responsabilidad para trabajar en la prevención de la violencia.
Nos cuentan que en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en la Ciudad de México brindan atención gratuita diaria a más de 120 personas trabajadoras.
Las instalaciones cuentan con seis salas para asesoría y mediación laboral, con espacios inclusivos para la atención a mujeres trabajadoras y personas con algún tipo de discapacidad, así como una ludoteca infantil.
La justicia laboral y social no cabe sólo en los discursos; las y los gobernantes tienen que actuar para prevenir la violencia y sancionar a quienes la cometen. No basta con hablar de derechos humanos.
*Por Viviana Erika Solorio, activista de derechos humanos. Mtra. Administración y Políticas Públicas con Enfoque en Gestión Política.