México.- Una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó un acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que ordenó a los dirigentes de Morena, Mario Delgado y Citlali Hernández, evitar nuevos eventos como los del Estado de México y Coahuila donde se perfilaron políticos como Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López para la sucesión presidencial en 2024.
Con los votos en contra de la magistrada Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera y José Luis Vargas Valdez, la mayoría de magistrados confirmó parcialmente el acuerdo del INE del 5 de julio pasado, en el que ordenó –como medida cautelar de tutela preventiva– a Morena, a su presidente nacional y a diversas personas servidoras públicas abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas iguales o similares a los celebrados el 12 y 26 de junio en el Estado de México y Coahuila, porque podrían vulnerar los principios que rigen a los procesos electorales.
TEPJF frena proselitismo de «corcholatas» de Morena
A propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la Sala Superior confirmó las medidas cautelares en contra de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación Federal; Ricardo Monreal Ávila, senador de la República; Moisés Ignacio Mier Velazco, diputado federal; Aleida Alavez Ruíz, diputada federal; Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero; Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, a quienes se advirtió que se actualiza la posible incidencia en los procesos electorales de Coahuila, del Estado de México y el federal con su participación activa en diversos eventos en los cuales manifestaron su intención de dar continuidad en el gobierno y posicionar a Morena.
El TEPJF determinó que la Comisión de Quejas sí valoró la posibilidad de que la conducta ilícita se repita, al tomar en cuenta un evento denunciado con anterioridad y la actitud de las personas denunciadas frente a las infracciones denunciadas, lo que podría generar un riesgo inminente a los principios que rigen los comicios.
